El Tribunal Supremo de Holanda ha ratificado que el Gobierno tiene la obligación de reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, como el CO2, en al menos un 25 % para 2020. El fallo sienta un precedente que puede ser clave en la lucha climática a nivel mundial y sobre todo europeo
Un Gobierno tiene el deber de proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos, sin importar los perjuicios económicos o políticos que se puedan derivar. Y el cambio climático es un riesgo para el ser humano al que hay que hacer frente desde las políticas públicas. Esta es la histórica interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos que ha ratificado este viernes el Tribunal Supremo de Holanda, obligando a los dirigentes de ese país a buscar una fórmula para reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, como el CO2, en al menos un 25 % para 2020 en comparación con los registros de 1990.
Los jueces han rechazado los argumentos de los abogados del Estado, que habían presentado un recurso, y han dado la razón a la plataforma ciudadana ecologista que llevó al Estado a los tribunales, Urgenda. «El riesgo que representa el cambio climático puede afectar seriamente al derecho a la vida y al bienestar de los habitantes de Holanda«, ha dicho el presidente del Tribunal Supremo, Kees Streefkerk.
Aunque los abogados del Estado dijeron que no se puede responsabilizar solo a Holanda de un problema tan global como el cambio climático, la corte dictaminó que esto «no puede liberar a un país de su responsabilidad a la hora de tomar medidas«. Por lo tanto, el Supremo ratificó dos sentencias anteriores que imponían la misma restricción de emisiones, dictadas por un tribunal en primera instancia en 2015 y otro de apelación en 2018.
La decisión podría tener efectos inmediatos, pues el Supremo es la corte de última instancia y el Gobierno no puede volver a apelar. La Agencia de Evaluación Ambiental de Holanda calcula que, con las actuales políticas, la reducción de gases de efecto invernadero para 2020 será de entre el 20% y el 21%, entre cuatro y cinco puntos menos de lo exigido por la Justicia. Aunque el Gobierno ha criticado la decisión porque cree que daña «a la separación de poderes», los jueces consideraron que Holanda ha firmado tratados internacionales sobre el clima para restringir las emisiones, “válidos ante las cortes nacionales sin necesidad de invadir otras competencias, y en caso de peligro para la población, el Estado debe tomar medidas preventivas”.
“Haremos lo posible por acatar el fallo, pero este es un caso de principios: queremos saber, al más alto nivel, si un juez puede ocupar el puesto de un político, porque la democracia ha sido esquinada” ha asegurado el ministro de Economía y Clima, Eric Wiebes.
En todo caso, el fallo sienta un precedente muy importante sobre todo en países europeos, ya que otras plataformas podrían denunciar a sus respectivos Gobiernos por no proteger adecuadamente su salud y su bienestar del cambio climático. Sobre todo, por que la base de la sentencia (la Convención Europea de Derechos Humanos), es aplicable al ordenamiento jurídico de todos los países miembros de la UE. «Estamos extremadamente contentos, es bueno que los jueces hagan caso a la ciencia. Creo que esta decisión ayudará a que se presenten denuncias en otros países», ha dicho la directora de Urgenda, Marjan Minnesma.
