Tras el éxito de la emisión de bonos verdes por parte de entidades estatales como Adif e ICO, el Tesoro Público comenzará este año a emitir sus propios activos de entre 4.000 y 7.000 millones de euros. Esta línea de inversión, la que más crece en los mercados, servirá para financiar los compromisos que tiene España con la transición ecológica para lograr la neutralidad climática
Las economías más importantes del planeta están apostando por la sostenibilidad a través de la emisión de bonos verdes, activos de renta fija con una característica distintiva: están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. Una tendencia que se empezó a gestar en 2008 y que a día de hoy es la línea financiera que más crece en los mercados.
Los bonos verdes buscan fomentar flujos económicos para financiar proyectos de energías renovables, movilidad sostenible, prevención de la contaminación y gestión sostenible del agua, los usos de la tierra y los recursos naturales. En definitiva, iniciativas que ayuden a alcanzar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
Los gobiernos, bancos, empresas, ciudades o regiones pueden emitir estos activos financieros que han posibilitado a los actores económicos una forma ágil de trazar e implementar políticas sostenibles a través de inversiones reales que reflejen las tendencias verdes actuales.
España emitió 2.000 millones en bonos verdes en el primer semestre de 2019 y es el séptimo mercado por volumen en emisión, según la Initiative Climate Bonds, organización internacional de referencia en materia de estos activos. Estados Unidos, China y Francia son los mercados con mayor volumen y las entidades público-privadas son el principal sustento en todos los países.
En España, bancos como BBVA y Santander, petroleras como Repsol, empresas de telecomunicaciones como Telefónica, o eléctricas como Iberdrola han tomado la delantera con la emisión de bonos verdes. En materia pública, entidades estatales como Adif y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) comenzaron en abril del año pasado, con un rotundo éxito, a emitir sus propios activos. La empresa pública de infraestructuras ferroviarias ha lanzado a principios de mes su cuarta emisión de 600 millones de euros en bonos verdes.
Ahora es el turno del Tesoro Público quien ha anunciado que lanzará a mitad de año una primera emisión de bonos verdes de entre 4.000 y 7.000 millones de euros. El Ministerio de Economía ha adelantado que la puja será sindicada y mediante un bono a 20 años.
Posteriormente, el Tesoro quiere celebrar más subastas que serán homologables a otras de bonos verdes que hayan sido emitidas por otros países durante los últimos años. El objetivo es que se alcance un volumen de este tipo de deuda en circulación de 10.000 millones de euros.
Transición ecológica
La institución aún no tiene cerrados los términos de este programa y, actualmente, se están creando grupos de trabajo entre varios ministerios implicados, según ha explicado la subdirectora de Financiación y Gestión de la Deuda Pública, Rosa Moral en su intervención en el II Encuentro Anual sobre Financiación Sostenible.
Moral también ha destacado que aunque el Tesoro «llega un poco más tarde» a la financiación sostenible, cuando lo hace, «es para quedarse, y con un gran volumen».
El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, explicó durante la presentación de la estrategia de financiación para 2020 que el objetivo de este programa de emisión de bonos verdes es que contribuya a la financiación de los compromisos que tiene España con la transición ecológica.
También se prevé que contribuya a reducir los costes de financiación del Tesoro (dichos bonos pagan una rentabilidad inferior a la deuda tradicional) y a facilitar que otros inversores puedan emitir este tipo de deuda con la referencia del organismo.
El Gobierno anunció el pasado año un plan de transición ecológica que implica 47.000 millones de euros en inversión pública en los próximos diez años con el objetivo de conseguir la neutralidad en emisiones de CO2 en 2050.
Requisitos y garantías
Aunque no existe un criterio homogéneo para calificar los bonos y varía en función del país y a entidad, todos se intentan alinear con los Green Bon Principles (GBP), establecidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés).
Estos proponen que se debe realizar una selección transparente de los proyectos, describir el uso de los ingresos y su impacto medioambiental, vigilar los fondos y reportar a los inversores a través de información actualizada de la ejecución de los proyectos y realizar auditorías independientes.
El Grupo de Técnicos Expertos (TEG) en financiación sostenible de la Unión Europea destaca, en un informe emitido el pasado año, que tanto los inversores como los emisores de bonos verdes necesitan métricas y definiciones comunes. Considera que armonizar los requisitos y garantías de estos activos financieros dinamizaría el mercado al reducir la incertidumbre y aumentaría el número de inversores.
