Durante la COP, numerosos agentes ofrecieron su opinión y debatieron sobre la Transición Ecológica Justa, un fenómeno que pretende lograr un futuro sostenible, pero atendiendo a las desigualdades sociales para que en este cambio global “nadie se quede atrás”
El gran reto al que se tiene que enfrentar la humanidad está claro: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para frenar, o por lo menos mitigar, los efectos del cambio climático. La vía para conseguirlo se centra en una progresiva descarbonización a favor del impulso de las energías más limpias. Sin embargo, este proceso de elevada transformación puede producir nefastas consecuencias en el tejido laboral y el futuro de muchas personas si no se realiza correctamente.
Para concienciar sobre este problema, en la COP25 se ha querido dedicar una de sus jornadas a hablar sobre la transición energética justa, un concepto que hace referencia a la necesidad de continuar con la actual transición energética, pero atendiendo a las necesidades y a los posibles inconvenientes que puedan surgir entre la sociedad y los sectores más vulnerables por llevarla a cabo.
“La misión es realizar una transición energética justa, que no deje a nadie por el camino. Debemos colocar a las personas y a la creación de empleo digno y de calidad en el centro del proceso”, declaró Teresa Ribera, ministra en funciones para la Transición Ecológica en España.
La Transición puede producir en un país como España la creación de 250.000 y 350.000 puestos de trabajo para la próxima década
Además de suponer una garantía de derechos para las personas durante esta etapa de cambios, la Transición Ecológica Justa se trata de “una oportunidad para mejorar los sistemas productivos, de transporte o la caracterización de los servicios, así como de un fenómeno que ayudará a potenciar un modo de producción de bienes y servicios adaptado a las necesidades de un mundo descarbonizado”, señalan desde el Miteco.
De este modo, tal y como explica el ministerio, todos estos cambios que se plantean dentro de la Transición Ecológica justa podrían producir a un país como España la creación de 250.000 y 350.000 puestos de trabajo para la próxima década, la reducción en un 15% de su dependencia energética y un aumento de la calidad de vida de las personas como consecuencia de la disminución de contaminación atmosférica.
“La Estrategia de Transición Justa, dentro del Marco de Energía y Clima, contiene medidas que demuestran cómo la transición ecológica puede generar empleo y actividad económica, algo que ya se está demostrando en España”, comentó Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Líneas comunes
Una de las organizaciones pioneras en impulsar este fenómeno fue la OIT, que en 2013 acordó en la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo una resolución y una serie de conclusiones sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes, reconociendo sus desafíos y oportunidades y se propusieron, además, políticas concretas para guiar el cambio.
Posteriormente, en 2015, el Consejo de Gobierno de la OIT adoptó las directrices sobre Transición Justa hacia Economías y Sociedades ambientalmente sostenibles y en diciembre de ese mismo año, las partes de la COP21 establecieron que la implantación del Acuerdo de París debía tener en cuenta las necesidades hacia una transición justa.
Gracias a esas líneas comunes, los países pudieron comenzar a desarrollar sus propias iniciativas y a evaluarlas posteriormente con el fin de aumentar las ambiciones dentro del marco de la Transición Ecológica Justa, tal y como explica la OIT.
Lo nuevos retos
A nivel nacional, la aplicación de la Transición Ecológica Justa puede resultar sencilla, pero en la práctica es más complicado de lo que parece ya que, en la teoría, se trata de una directiva pensada para ser aplicada a grandes terrenos y no en el ámbito local.
En este sentido, durante la COP25, varios representantes de distintas entidades organizaron un debate en el que opinaron sobre su aplicación en las regiones más pequeñas, como en las zonas insulares de España.
“La transición energética es un concepto global, pero de aplicación local”, recalcó Ambros Arias, secretario de Política Industrial de la Sección Sindical de UGT-Endesa. “Por eso debe tener en cuenta aspectos que en ocasiones se olvidan, como la seguridad del suministro, la política industrial, el ámbito social y el impacto en el empleo”, añadió.
“Entendemos que el futuro es la descarbonización, pero tenemos que jugar todos los países con las mismas reglas para que no se produzcan disfunciones”, comentó por su parte Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos del Sil (León) y vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipios para una Transición Energética Justa
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