El Fondo para la Transición Justa aumenta en la nueva propuesta de la Comisión Europea de 7.500 a 40.000 millones. En el nuevo reparto España recibiría 1.806 millones, es decir, 1.430 millones más de lo que se planteó en enero
La Comisión Europea (CE) propone elevar de 7.500 a 40.000 millones de euros el Fondo para la Transición Justa previsto para ayudar a las regiones más afectadas por la transición ecológica a avanzar hacia la economía descarbonizada del futuro, de los que España recibiría 1.806 millones.
En la propuesta anterior a la pandemia de coronavirus, la Comisión proponía para España 376 millones de ese fondo, el 4% de los 7.500 millones de la partida, mientras que el monto actual representa el 4,51 % de los 40.000 millones presupuestados en precios de 2018 (lo que supondría unos 44.000 millones en 2020).
España mostró su descontento sobre la primera propuesta para el reparto del Fondo de Transición Justa, que se hizo pública a finales de enero. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, criticó entonces que este fondo de la UE se repartiera de tal manera que se “remunere en mayor medida a países que a lo mejor tienen un menor compromiso con esta transición ecológica”.
Ahora hay más fondos a repartir, pero la gran beneficiada sigue siendo Polonia, un país con gran implantación del carbón que recibiría 8.000 millones de euros, el 20 % del total del fondo. Le siguen Alemania (5.152 millones), Rumanía (4.449), República Checa (3.413), Bélgica (2.693), Francia (2.142) e Italia (2.141).
El plan presentado el miércoles por la CE para relanzar la economía de la Unión Europea tras la pandemia se basa en un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros y en un presupuesto comunitario (Marco Financiero Plurianual, MFP) para 2021-2027 de 1,1 billones, lo que eleva el absoluto a 1,85 billones de euros.
Para pasar de 7.500 a 40.000 millones de euros, el Fondo para la Transición Justa se nutrirá con 2.500 millones adicionales del próximo MFP y 30.000 millones del fondo para la recuperación, al que Bruselas llama «Próxima Generación UE».
España se sitúa como el octavo país que más ayudas recibirá para ayudar en la transición energética a las regiones más ancladas a actividades económicas llamadas a desaparecer, como la minería de carbón y la generación de energía a través de combustibles fósiles o la presencia de industrias altamente contaminantes.
Según el esquema de ese Fondo para la Transición Justa que manejaba la Comisión Europea antes de la pandemia, las provincias españolas a las que llegarían esas inversiones en empleo, infraestructura o formación eran Asturias, León, Palencia, Coruña, Teruel, Cádiz, Córdoba y Almería. Pero el espectro podría ampliarse al multiplicarse por más de 5 la dotación.
En el primer informe de la Comisión, Bruselas destacó que desde 2008 se han perdido 8.000 empleos en el sector de la minería de carbón sobre todo en Asturias, Teruel, León y Palencia. Al mismo tiempo, a final de 2018, seguían operando en España 14 centrales eléctricas que utilizaban carbón, repartidas entre Asturias (4), León Y Palencia (4), A Coruña (2), y Cádiz, Almería, Córdoba y Teruel, con una cada una, que serán cerradas. En total, 3.300 trabajos directos y 10.000 indirectos estarán afectados por el cierre total de minas y plantas” en España.
“Con el cierre de minas de carbón, España ha empezado una ambiciosa estrategia en cuanto a su producción energética. Pero esta transición conlleva consecuencias socioeconómicas significativas en estas zonas”, reconoció el informe publicado en enero.
Con la ampliación de los fondos, «no cambiaremos toda la estructura, pero por supuesto podemos considerar una cierta ampliación de los territorios, es parte del diálogo en curso» entre la Comisión y los Estados miembros para «seleccionar las áreas específicas», explicó en una rueda de prensa la comisaria europea de Cohesión, Elisa Ferreira.
La propuesta de la Comisión no contempla sin embargo la posibilidad de financiar retrospectivamente inversiones ecológicas ya acometidas porque supondría abrir «la caja de pandora», añadió.
Líneas de crédito
Ese fondo para la transición ecológica también se verá reforzado a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ofrecerá al sector público líneas de créditos en condiciones favorables para desarrollar la descarbonización energética con 1.500 millones de euros en subvenciones del presupuesto de la UE y hasta 10.000 millones en préstamos.
Bruselas espera que esas inversiones en proyectos relacionados con la energía, el transporte, las infraestructuras, los sistemas urbanos de calefacción o la eficiencia energética «movilicen» un total de entre 25.000 y 30.000 millones de euros y contribuyan a que se generen inversiones privadas por valor de 150.000 millones.
La CE quiere que el próximo MFP destine un 25% del presupuesto para 2021-2027 a la acción climática. «Tenemos que asegurarnos que las inversiones que hagan son del siglo XXI», resumió el vicepresidente ejecutivo de la CE para el Pacto Verde, Frans Timmemans.
El fondo de recuperación y el presupuesto diseñado por la Comisión Europea deben aún ser avalados por los Estados miembros por unanimidad, negociación que tendrá lugar en un Consejo Europeo el próximo 19 de junio, y ser aprobados después por el Parlamento Europeo.
