Aunque la producción de electricidad con carbón está en mínimos históricos dentro de la UE, hay países miembros están importando cada vez más electricidad barata procedente de centrales eléctricas de carbón construidas fuera de las fronteras comunitarias
La descarbonización avanza en la UE. Varios países europeos, entre ellos España, se han prácticamente despedido del carbón en 2019. El Banco Europeo de Inversiones ha anunciado que será carbon free en 2021. Y el Green New Deal está a la espera de comenzar su implementación, una vez se venzan las resistencias de Polonia. Pero hay países miembros que están aprovechando una laguna legal para continuar usando el carbón para la electricidad, aunque sea de manera indirecta: importarlo de países extracomunitarios donde el precio de este material es muy barato al no existir mercado de emisiones.
Así lo denuncia el think tank británico Sandbag, que advierte que esta «trampa legal» expone a los países a importaciones de electricidad barata procedente del carbón y afecta a los planes de eliminación del carbón para 2030, socavando por tanto el objetivo de emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y el Acuerdo Verde Europeo.
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Los autores del informe apoyan las declaraciones de la comisionada europea, Ursula von der Leyen, que recientemente apuntó a la posibilidad de imponer tasas fronterizas sobre el carbono a los productos más contaminantes. Pero piden ir más allá y recomiendan implantar un ajuste de carbono en frontera sobre las importaciones que sirva para ajustar el diferencial entre el coste del carbono fuera y dentro de las fronteras comunitarias. Si no, podrían estar impulsando un aumento de las importaciones de electricidad en carbono y emisiones contaminantes.
De hecho, el informe señala que algunos países entre los que se incluyen Finlandia, Grecia, Croacia y Rumania están «particularmente expuestos» a las importaciones de energía de carbón porque tienen una amplia interconexión con grandes centrales de carbón externas a la UE. España también entra en la lista, pero sus posibilidades de importación de energía son mucho más limitadas por la naturaleza misma de la red eléctrica ibérica, que solo permite intercambiados -y de naturaleza bastante limitada- con Marruecos y Francia.
Políticas contradictorias
El think tank dedica gran parte de su informe a desvelar la aparente contradición que hay entre los anuncios de la UE en materia de energía limpia y las inversiones que Bruselas hace fuera de sus fronteras, en ocasiones destinadas a tecnologías que en Europa parecen superadas. El analista de electricidad del grupo de expertos en clima de Sandbag, Chris Rosslowe, alerta de que es precisamente la política de la UE la que está impulsando una nueva ola de construcción de plantas de carbón «justo al otro lado de sus fronteras».
«Esta energía de alto carbono se está colando en la red de la UE. Sin embargo, la solución no es demasiado complicada: un impuesto fronterizo sobre el carbono de esta electricidad importada. Con esta nueva política, podemos extender la influencia de la reducción de emisiones de la UE más allá de sus fronteras, y ayudar a los países vecinos a construir energía limpia más rápidamente«, ha planteado.
Una opinión que es compartida por el sector de las eléctricas. Henning Häder, director de Política Energética, Clima y Sostenibilidad de Eurelectric, que agrupa los intereses de la industria eléctrica a nivel europeo, ha instado a Bruselas a convencer a otras economías de que aceleren las acciones climáticas y, al mismo tiempo, abordar el riesgo de la fuga de carbono a nivel de la UE mediante un impuesto como el que planteó Von der Leyen en Davos.
También es necesario revisar el caso de España. El ingeniero ambiental del IIDMA Massimiliano Patierno ha precisado que desde diciembre de 2018, las interconexiones eléctricas de España con Marruecos registran de manera casi constante un saldo importador, lo que significa que España importa una electricidad dos veces más intensiva en carbono que la nacional. Esto, según añade Patierno se ve favorecido por el aumento del precio de los derechos de emisión en el mercado europeo y da «una clara señal de fuga de carbono».
«La introducción de un ajuste de carbono en frontera es esencial para evitar el riesgo de que las emisiones se trasladen en lugar de reducirse realmente. Además, esto promovería aún más el despliegue de alternativas limpias en ambos países», concluye Patierno.
