La Comisión Europea ha presentado la estrategia de inversiones con la que aspira a movilizar un billón de euros durante la próxima década, con el objetivo de que la Unión Europea alcance la neutralidad de carbono en 2050 con un mecanismo de transición justa
La nueva Comisión Europea (CE) continúa con su plan para intentar lograr que toda la Unión Europea (UE) sea neutral en materia de emisiones de CO2. Y lo hace con la presentación del que será el pilar financiero del Green New Deal, que busca implantar la presidenta Ursula van der Leyen, el llamado Plan Europeo de Inversiones Sostenibles. El objetivo de esta estrategia será doble: por un lado, la idea a largo plazo es conseguir que Europa sea el primer continente neutro en emisiones de carbono en 2050; por otro, se busca también facilitar el endurecimiento de los objetivos actuales de reducción de CO2 para 2030. Estos últimos corresponden a compromisos que cada país miembro ha aceptado de manera individual, dentro del marco del Acuerdo de París, sobre los cuales hubo un llamamiento en la pasada COP25 a «aumentar la ambición».
En términos prácticos, la parte clave para muchos países del plan es el Mecanismo de Transición Justa, con el que se invertirán unos 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para ayudar a aquellas regiones que por su tradición industrial o energética tengan más dificultades para la transición ecológica. Esto será muy importante para poder vencer las reticencias de Hungría, Polonia y República Checa, países del Este que aún mantienen una gran dependencia de los combustibles fósiles como el carbón y que buscan mantener el gas y la nuclear dentro del mix energético de transición. El mecanismo servirá también para acabar con posibles resistencias internas de cada país, ya que las regiones más vinculadas al carbón u a otras industrias contaminantes -como Asturias o Castilla y León en España- serán las principales beneficiadas de estos fondos.
Pero la UE entiende que este plan no se puede ejecutar solo con apoyo público. De hecho, según los cálculos de Bruselas, cumplir las metas actuales requerirá al menos 260.000 millones de euros adicionales al año. Y aunque el objetivo del Plan de Inversiones es que el sector público lidere la financiación de la transición ecológica, su estrategia pasa también por que el sector privado termine aportando una parte importante de los fondos. «Estamos enviando una señal clara a las autoridades públicas, empresas e inversores: tenemos que pensar verde cuando invertimos», ha asegurado en la presentación del plan en la Eurocámara el vicepresidente económico de la Comisión, el letón Valdis Dombrovskis.
De hecho, de acuerdo con el Plan, unos 500.000 millones de las inversiones saldrían del presupuesto comunitario, mientras que InvestEU -sucesor del llamado Plan Juncker de inversiones- movilizaría unos 279 000 millones en apoyo a proyectos ecológicos, sobre todo del sector privado. Los Estados también deberán cofinanciar una parte del programa -en torno a 114.000 millones- y el resto vendrá del Mecanismo de Transición Justa.
Un mecanismo complicado
Aunque sea la parte que en términos de financiación menos peso va a tener, el Mecanismo de Transición Justa ha sido sin duda el eje más importante de la presentación del plan. De hecho, la promesa de este Mecanismo allanó el camino para que Hungría y República Checa aceptasen la neutralidad climática de la UE en 2050 y su puesta en marcha podría acabar de vencer las reticencias de Polonia, único país que no suscribió ese compromiso.
Para beneficiarse de estos fondos, los países tendrán que presentar planes territoriales de transición para las regiones en cuestión, que deberán recibir el visto bueno de la Comisión. Las ayudas podrán utilizarse para una variedad de fines: la reconversión económica de las regiones, la recalificación de los trabajadores, la adaptación de instalaciones para nuevas actividades o la incorporación de energías limpias. Pero aún no ha quedado del todo claro cómo se distribuirán los fondos comunitarios entre los distintos países, algo que en los próximos años se convertirá seguramente en motivo de disputa.
El Mecanismo repartirá fondos en función de una multiplicidad de factores. Se tendrá en cuenta si la región en cuestión tiene indutrias extractivas o intensivas en emisiones, pero también se ponderará la salud económica de la población local, con la tasa de paro como principal elemento de cálculo. Es decir, las regiones más pobres o con mayor porcentaje de parados tendrán acceso prioritario a estas inversiones, por lo que la renta per cápita de cada país tendrá también un peso específico.
«Lo que estamos haciendo es mandar un mensaje para los mineros del carbón en Asturias, Macedonia Oeste o Silesia. Sabemos que afrontan un camino más empinado hacia la neutralidad climática y que, aunque la perspectiva de un futuro más limpio puede ser bienvenida, el camino hoy parece abrumador (…). La UE está con vosotros en la transición», ha avanzado el vicepresidente comunitario para Clima, el holandés Frans Timermans.
Las cifras propuestas por la Comisión deben todavía recibir el visto bueno de los países dentro de la negociación del presupuesto comunitario 2021-2027. Fuentes de la UE advierten de que aplicar «recortes importantes pondría en peligro» el Plan y «no son aceptables». Por ahora, España ya ha dejado entender que apoya firmemente la estrategia de Bruselas, pero también ha advertido de que el Mecanismo no puede servir solo para ayudar a los rezagados de la transición -como Polonia o Hungría-, penalizando a los que sí han hecho los deberes.
