Más del 70% de los ciudadanos encuestados en Madrid y Barcelona son partidarios de prohibir la venta de coches de gasolina y diésel en las próximas décadas, una de las medidas estrella de la ley climática que acaba de aprobar el Congreso



Una de las consecuencias más trascendentales de la aprobación la pasada semana en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el anunciado fin de los coches que funcionan con combustibles fósiles. A partir del año 2040, no podrán venderse vehículos que emitan dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, y desde 2050 no podrán circular por ninguna carretera española. Un paso fundamental para ayudar a cumplir el objetivo de la neutralidad de carbono, ya que el transporte es el responsable del 29,1% de todas las emisiones del país y el principal causante de la contaminación atmósferica en las urbes.
A pesar de tratarse de una decisión política que obligará a gran parte de la población a cambiar de hábitos, la medida cuenta con un importante grado de apoyo popular, al menos en las grandes ciudades, donde los efectos perniciosos de los coches son más visibles. Más del 70% de los ciudadanos encuestados en Madrid y Barcelona son partidarios de prohibir la venta de coches de gasolina y diésel en la Unión Europea (UE) a partir de 2030, según un sondeo realizado en las 15 ciudades europeas de mayor tamaño.
En este estudio en línea de YouGov para Transport & Environment han participado unas 10.000 personas de ocho países en las ciudades de Berlín y Hamburgo (Alemania), Roma y Milán (Italia), Londres y Birmingham (Reino Unido), París y Lyon (Francia), Bruselas y Amberes (Bélgica), Varsovia y Cracovia (Polonia) y Budapest (Hungría), además de las dos principales ciudades de España.
A nivel europeo, el 63% de los habitantes de las ciudades estudiadas está a favor de la prohibición, mientras que el porcentaje se eleva al 72% en el caso de Madrid y al 74% en el de Barcelona.
Paradójicamente, la fecha para acabar con los coches de combustión que plantea la encuesta es incluso anterior a la que prevé el Gobierno, ya que sitúa este cambio de nuestro modelo de transporte en 2030. Según Mónica Vidal, directora de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de ECODES, esto quiere decir que la población española «está preparada para la transición total a los vehículos cero emisiones en 2030″, por lo que posponer la prohibición de los coches contaminantes «más allá de 2035» es «ilógico».
Eso sí, para que esta transición a la movilidad sostenible pueda ser realidad, los ciudadanos reclaman también «disponer de una infraestructura de recarga suficiente» que en la actualidad no existe –España cuenta con tan solo 7.600 puntos de recarga eléctrica desigualmente repartidos por el territorio-, según ha constatado un 59% de las personas sondeadas tanto en Madrid como en Barcelona. Además, el 65% de los madrileños y el 60% de los barceloneses consideran un factor «importante» que los coches sin emisiones compitan en costes y no sean más caros que los de combustión, como sucede ahora.
Plan de ayudas Moves III
A la espera de que el aumento de la eficiencia en las baterías y la apuesta de los fabricantes por lo eléctrico genere una bajada de precio natural en los coches sostenibles, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el nuevo Plan Moves III de ayudas al despliegue del vehículo eléctrico subvencionará con hasta 7.000 euros la compra de un automóvil cero emisiones. El programa, dotado con 400 millones ampliables a 800 en caso de haber suficiente demanda, estará abierto para particulares y empresas desde el sábado 10 de abril hasta por lo menos el año 2023.
«El Moves III constituye la línea de apoyo a la movilidad eléctrica más ambiciosa que ha planteado nuestro país y permitirá y contribuirá a la reactivación económica a corto plazo, acompasando la necesaria transformación del modelo industrial de nuestro país con los objetivos económicos y ambientales», ha indicado la vicepresidenta.


Ribera también ha destacado que el Moves va dirigido al despliegue de infraestructura de recarga, por lo que será subvencionada. Además, en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, los ciudadanos tendrán una ayuda de un 10% más tanto para adquisición como para puntos de recarga. Además, la ministra ha asegurado que este nuevo programa ayudará a crear unos 40.000 empleos en España y contribuirá en unos 2.900 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
El plan Moves II subvencionará con un máximo de hasta 7.000 euros la adquisición de un vehículo eléctrico y con hasta 1.300 euros la compra de una motocicleta eléctrica si el usuario achatarra un vehículo de más de siete años de antigüedad. En caso de que no se achatarre, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros. Asimismo, la compra de furgonetas eléctricas se subvencionará con hasta 9.000 euros en caso de que el usuario de de baja su viejo vehículo y con hasta 7.000 euros en caso de que no lo haga.
