El Instituto para la Transición Justa, el Principado de Asturias y la empresa Hunosa han suscrito un protocolo para promover la regeneración de espacios degradados de cara a impulsar la recuperación económica y medioambiental de las comarcas mineras
El Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO), el Gobierno de Asturias y la empresa Hulleras del Norte SA (Hunosa) han suscrito un protocolo de colaboración para el estudio y desarrollo de proyectos de rehabilitación y restauración de espacios degradados a causa de la actividad minera, bien por explotaciones subterráneas o por el funcionamiento de minas a cielo abierto.
Este acuerdo se enmarca dentro de los objetivos generales del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, y pone de manifiesto el interés de las tres entidades en trabajar de manera conjunta en la recuperación económica y medioambiental de las comarcas mineras con el objetivo de avanzar en alternativas que garanticen el crecimiento económico sostenible, el bienestar social y el empleo de las comarcas mineras.
El convenio, ejemplo de colaboración público-privada, ha sido suscrito por la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín Murillo, por el consejero de Economía, Empleo y Promoción Económica del Gobierno de Asturias, Enrique Fernández, y por Gregorio Rabanal, presidente de Hunosa.
Para el desarrollo del protocolo se ha acordado la puesta en común de recursos y la realización de acciones que faciliten la consecución de los objetivos previstos. Para ello, los firmantes orientarán sus actuaciones en dos direcciones: en primer lugar, al impulso de una hoja de ruta con objetivos medibles, posibles compromisos y apoyos de las diferentes partes firmantes y demás agentes implicados; en segundo lugar a identificar proyectos y estudios para la recuperación económica y medioambiental de las zonas degradadas por la actividad minera.
En este sentido, el Instituto para la Transición Justa colaborará en la búsqueda de fuentes de financiación para el desarrollo de las actuaciones que se vayan consensuando, desde el Gobierno de Asturias se identificarán posibles intervenciones en espacios degradados y la empresa Hunosa aportará su experiencia en el diseño de proyectos de rehabilitación de dotaciones o infraestructuras mineras.
La Comisión Europea (CE) elevó en mayor de 7.500 a 40.000 millones de euros el Fondo para la Transición Justa previsto para ayudar a las regiones más afectadas por la transición ecológica a avanzar hacia la economía descarbonizada del futuro, de los que España recibiría 1.806 millones.
España se sitúa como el octavo país que más ayudas recibirá para ayudar en la transición energética a las regiones más ancladas a actividades económicas llamadas a desaparecer, como la minería de carbón y la generación de energía a través de combustibles fósiles o la presencia de industrias altamente contaminantes.
En el informe de la Comisión, Bruselas destacó que desde 2008 se han perdido 8.000 empleos en el sector de la minería de carbón sobre todo en Asturias, Teruel, León y Palencia. Al mismo tiempo, a final de 2018, seguían operando en España 14 centrales eléctricas que utilizaban carbón, repartidas entre Asturias (4), León Y Palencia (4), A Coruña (2), y Cádiz, Almería, Córdoba y Teruel, con una cada una, que serán cerradas. En total, 3.300 trabajos directos y 10.000 indirectos estarán afectados por el cierre total de minas y plantas” en España.
El presente Protocolo General de Actuación no conlleva incremento de gastos ni supone la adquisición de compromisos económicos para ninguna de las partes. Con el fin de asegurar un adecuado seguimiento del objeto del presente protocolo, y de velar por su cumplimiento y desarrollo, así como de resolver cuantas cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, está prevista la constitución de una comisión mixta de seguimiento de carácter paritario integrada por seis personas, dos por cada una de las entidades firmantes.
