Muchos de los Derechos Humanos no podrían gozarse sin la existencia de una naturaleza sana. Por esto, el PNUMA ha hecho alusión a 13 claves presentes en acuerdos internaciones y que los Estados tienen la obligación de cumplir para consolidar los derechos de las personas
Nuestro país enuncia en el artículo 45 de la Constitución que “todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, del mismo modo que recuerda que “también tenemos el deber de cuidarlo”.
Parece un derecho y un deber único, pero lo cierto es que alrededor del mundo existen más de 150 Estados que proclaman preceptos similares, ya sea mediante la legislación nacional o acuerdos internacionales. Entre estos últimos sobresalen el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) o la misma Declaración Universal de Derechos Humanos.
Aun así, y a pesar de su influencia normativa, el cuidado del medio ambiente y, por lo tanto, de nuestra propia salud se ha mantenido apartado en un segundo plano, desembocando en hallazgos catastróficos como los que expone la Organización Mundial de Salud en sus informes. En ellos se detalla que el 23% de las muertes globales anuales se deben ya a los efectos adversos a contaminación del aire, del agua la exposición a sustancias químicas, entre otros.La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) hizo lo propio dentro del territorio comunitario y lanzó la terrible noticia de que unas 630.000 muertes dentro de la UE, es decir, el 13% del total anual, son atribuibles a enfermedades ambientales producidas, entre otras cosas, por la contaminación de los recursos naturales.
Sumergidos en este escenario, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) recuerda que los derechos humanos relativos al medio ambiente, así como otros fundamentales, como el de la propia vida, solo pueden alcanzarse “allí donde la biodiversidad prospere y los ecosistemas sean saludables”.
Por este motivo, enfatiza 13 aspectos claves recogidos en las legislaciones internacionales y que los Estados tienen la obligación de cumplir para consolidar tanto la integridad de la naturaleza como los derechos de las personas, empezando por la pérdida de biodiversidad y hábitat.
En este sentido, destaca la figura de los pueblos indígenas, guardianes del 28% de la superficie terrestre y del 80% de la biodiversidad, que ya no solo se están viendo afectados por la destrucción de los ecosistemas, sino que en cuantiosas ocasiones son olvidados.
“Las acciones de conservación con potencial impacto sobre los derechos humanos deben tomarse en consulta con los pueblos indígenas y con su consentimiento libre, previo e informado, y deben apoyar su participación en la gestión y apropiación de los esfuerzos correspondientes”, enfatiza la ONU, que también señala el derecho a la participación libre, activa, significativa e informada en los asuntos públicos.
Esto último significa que los Estados deben proporcionar información pública sobre la biodiversidad en un lenguaje y formato accesibles, así como prever y facilitar la participación pública, teniendo en cuenta las barreras que enfrentan los grupos sociales vulnerables, como los pueblos indígenas, los niños o personas con discapacidad.
Por otro lado, destaca la rendición de cuentas y la reparación efectiva de los daños ocasionados a los derechos humanos causados por la pérdida de biodiversidad y hábitat por parte de los Estados. Los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos así lo exponen, del mismo modo que contemplan que las empresas tengan la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto incluye evitar su infracción a través de la pérdida de biodiversidad y facilitar la reparación de cualquier daño causado o con el cual se haya contribuido.
También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales requiere que los Estados dediquen el máximo de recursos disponibles al cumplimiento de estos derechos humanos, además de obligarlos a actuar tanto individual como colectivamente, por lo que la cooperación internacional y la asistencia financiera son imperativas.
Otros acuerdos internacionales velan para que las personas disfruten de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones. Asimismo, los niños en especial también deberían gozar de una educación que fomente el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el medio ambiente natural.
Por último, proclaman la igualdad entre personas y la no discriminación, algo que puede verse afectado por la degradación de los ecosistemas:
“Alcanzar el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza para 2050 requerirá de una transformación total de la relación entre la humanidad y el medio ambiente natural. Los distintos valores otorgados a la naturaleza y la relación entre la diversidad biológica, cultural y lingüística de los humanos deben comprenderse mejor y reflejarse debidamente en las políticas”, destaca la ONU.
“Un entorno natural próspero y el respeto a la diversidad humana no solo es la mejor receta a largo plazo para la resiliencia y la supervivencia de nuestra especie. Es un requisito previo para vivir con dignidad y ver el pleno cumplimiento de los derechos humanos”, concluye.
