Varias entidades han denunciado a España ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reutilización y reciclaje del 50% para 2020 marcado por la UE, ya que afirman que la cifra actual de reciclaje de residuos solo alcanza el 35%



Las reclamaciones de la sociedad civil ante los tribunales por cuestiones ambientales aumentan cada día. Si hace unas semanas se hacía público un informe de Naciones Unidas que revelaba que los litigios en este ámbito se habían duplicado en tres años, y hace unos días conocíamos la condena a Francia por «inacción climática», una nueva denuncia viene a corroborar esta tendencia. Esta vez se trata de residuos y el denunciado es el Estado español.
Un total de 16 entidades sociales de ámbito nacional y territorial han denunciado España ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reutilización y reciclaje del 50% para 2020 marcado por la UE, ya que la cifra actual de reciclaje de residuos «solo alcanza el 35%».
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de los 22,2 millones de toneladas de residuos urbanos generados en España en 2018 más del 53% se envió a vertederos, casi dos décimas más que el año anterior, lo que sitúa a España «a la cola de la Unión Europea en materia de reciclaje”, apunta la denuncia.
Las entidades señalan que esta cifra no solo «ha empeorado en los últimos años», sino que además «España no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión le ha ido recomendando en los últimos años para llegar al objetivo del 50% en 2020».
En su denuncia, las entidades demandan un cambio de rumbo inmediato por parte del Ministerio y la trasposición de las nuevas Directivas de residuos a través de una nueva Ley de Residuos con herramientas que aseguren el cumplimiento obligatorio de los nuevos objetivos de reutilización y reciclaje.
De este modo, señalan que la ley debe cumplir una serie de “medidas claves”, alineadas con las directrices de la CE como el cumplimiento de la jerarquía de residuos (priorizando la prevención), el despliegue de todo el potencial de la materia orgánica y el cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor en todos los sectores, incluido el de envases, para “evitar que todo el peso siga cayendo en los consumidores”.
