Dos muertos, muchas dudas y un conato de crisis ambiental en el vertedero de Zaldibar

Dos semanas después de que los residuos se tragaran a dos hombres, las dudas siguen sobrevolando Zaldibar. El vertedero ubicado en esta pequeña localidad vizcaína, situada entre Ermua y Eibar, se derrumbó el pasado jueves 6 de febrero por motivos que aún se desconocen. Desde entonces, la amenaza de una catástrofe ambiental y la gestión del Gobierno vasco ha provocado protestas en la zona y levantado críticas de la oposición, en una crisis política en la que resuenan los tambores de la campaña electoral autonómica.

Pero la crisis de Zaldibar es solo un síntoma de un problema que viene de lejos y muestra las carencias del sistema de gestión de residuos español, con los vertederos como corazón del conflicto. Desde la Unión Europea llevan años avisando de nuestro retraso en la gestión de desperdicios, e incluso el Tribunal Superior de Justicia ha puesto dos multas a España (2016 y 2017) por vertidos incontrolados. La solución podría pasar por la incineración, una medida impopular entre la ciudadanía pero más sostenible a medio y largo plazo. Pero mejorar la gestión de residuos puede pasar también por repensar nuestra manera de producir y consumir.

El derrumbe de Zaldibar

Todo comenzó un jueves a primera hora de la tarde, cuando el suelo del vertedero de Zaldibar, situado en un alto junto a este pequeño municipio vizcaíno situado a unos 40 kilómetros de Bilbao, empezó a temblar. En unos minutos, toneladas de residuos se resquebrajaron y desprendieron montaña abajo, sepultando a dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y llegando hasta la autopista AP-8, que tuvo que ser cortada.

A pesar de que no estaban nada claros los motivos del derrumbe -que todavía siguen sin esclarecerse-, los trabajos de rescate y reparación comenzaron inmediatamente. En este sentido, la celeridad del Gobierno vasco para intervenir inmediatamente en el suceso sin esperar a que se resolviera el tema del reparto de culpas fue celebrada tanto por la población como por la oposición. Sin embargo, esa misma rapidez ha acabado por jugar en su contra, ya que lo que a priori parecía un suceso más ha acabado desencadenando una crisis política y un conato de catástrofe ambiental que aún no está resuelta.

Y es que el vertedero de Zaldibar no se usa para la basura doméstica sino para residuos no urbanos, principalmente procedentes de la industria y la construcción. Lodos, restos siderúrgicos, escombros… Materiales pesados y potencialmente peligrosos, como descubrieron los propios servicios de emergencia apenas unas horas después de comenzar la búsqueda de los desaparecidos armados solo con palas y perros de rastreo. Entre la basura, había amianto.

El amianto se usó mucho como material de acabado de construcción hace 40 años en España, pero tiene un problema fundamental: es cancerígeno. La mayoría se encuentra dentro de placas de fibrocemento que, si se rompen, puede liberar partículas de amianto fácilmente inhalables, causando serios problemas de salud. En apenas tres años, Zaldibar había recibido 9.780 toneladas de este mineral, pero la urgencia del drama humano hizo que este detalle se le pasara por alto a la administración vasca durante unas horas en las que bomberos y ertzainas hicieron labores de rescate sin protección alguna.

Crisis ambiental

A partir de ese momento, se desencadenó la verdadera crisis, tanto ambiental, como política. La parte alta del vertedero, inestable tras el derrumbe, empezó a arder, quemando metano y expulsando dioxinas y furanos al aire en proporciones cuarenta veces superiores a las normales. Y la alarma saltó a la población: el Ejecutivo pidió a los vecinos de Ermua, Eibar y Zaldibar -46.000 habitantes en total- que evitara las actividades al aire libre y cerrara las ventanas de sus casas, provocando una importante preocupación ciudadana e incluso la suspensión de un partido de primera división de fútbol, que enfrentaba al Eibar y la Real Sociedad. Aunque las precauciones se mantienen por lo menos hasta este jueves, el Gobierno descartaba cualquier peligro real para la salud local.

Esa alarma se extendió también al agua: la Agencia Vasca del Agua (URA), informaba de que se había detectado amonio y metales pesados como cadmio, níquel o selenio en regatas y ríos de la zona. Estas partículas tóxicas se habían lixiviado a través de la montaña como consecuencia del derrumbe, aunque por ahora tampoco presentan un peligro inmediato para la salud. De hecho, el Gobierno vasco ha garantizado ya en repetidas ocasiones que es seguro beber agua del grifo. Tampoco deberían tener problemas, aunque están pendientes de análisis, los alimentos producidos en la zona.

Estas idas y venidas de mensajes a veces confusos e incluso contradictorios, que alimentan el miedo local a una catástrofe ambiental, han soliviantado a la población de la zona, que el domingo salió a manifestarse en Zaldibar. Y es que, entre medias, la crisis ambiental se había convertido en un terremoto político en toda regla. Sobre todo, tras la convocatoria anticipada de elecciones por parte del lehendakari, Íñigo Urkullu, el lunes 10, que ha convertido Zaldibar en un tema central de la precampaña.

Terremoto político

La oposición en bloque reprochó primero el silencio de Urkullu, que no fue a visitar el lugar del derrumbe hasta el miércoles 12. Y después obligaron a comparecer al lehendakari, que finalmente ha tenido que pedir perdón este martes por “los errores que se hayan podido cometer al responder a una situación de máxima complejidad”. Según él, la sorpresa del amianto fue fruto de la “urgencia” de las primeras intervenciones y “la ausencia de información precisa”. Y las contradicciones en las recomendaciones están motivadas por lo “inédito de la situación”.

El resto del arco parlamentario ha arremetido contra Urkullu acusándolo de soberbia y falta de sensibilidad y credibilidad. El tema de Zaldibar se ha convertido así en central para la precampaña, una realidad que ha aprovechado el todavía lehendakari para censurar a sus rivales por tener “prisa por debilitar al adversario político” aprovechando una cuestión como la del derrumbe.

Para el Ejecutivo vasco, el reparto de culpas está claro: el único responsable es la empresa que gestiona la planta de almacenamiento de residuos, Verter Recycling 2002. Pero justificó que el Gobierno asumiera la gestión de la crisis por su “importancia y urgencia”, un gesto al que solo le han reprochado desde otros partidos que viniera acompañado de un rechazo a la ayuda de los geólogos de la UME. Una decisión motivada por la creencia del Gobierno vasco de que “no se necesitaban más efectivos”, pero difícil de entender si se tiene en cuenta que los mayores expertos públicos en rescates en zonas con tierras inestables se encuentran en esta unidad del Ejército.

Dos semanas después, las tareas de búsqueda continúan a marchas forzadas por la dificultad de un terreno volátil e inestable y los cuerpos de Sololuze y Beltrán siguen sin aparecer. Un juzgado de Vizcaya ya ha abierto diligencias para depurar responsabilidades, aunque todavía no hay ningún dato sobre la instrucción. Eso sí, algunas posibles irregularidades ya están saliendo a la luz: medios locales como El Diario Vasco apuntan que la empresa que diseñó el vertedero cambió la “práctica totalidad” del proyecto que había sido autorizado previamente por el Gobierno regional. E incluso, desde El Mundo, se incide en un posible problema de saturación al señalar que Zaldibar recibió en 13 años los residuos industriales que preveía gestionar en 35.

En todo caso, y aunque el problema ambiental parece atajado tras controlar el incendio y frenar la lixiviación, lo de Zaldibar solo es la punta del iceberg de un problema netamente español en la gestión de residuos: la preeminencia de los vertederos como solución dominante.

Un problema que viene de lejos

En 2017, la economía española generó 131,1 millones de toneladas de residuos, un 2,3% más que el año pasado. Más de la mitad de esa basura (el 53,9%) fue a parar a vertederos, según cifras del INE. Una cantidad que nos sitúa en tasas de reutilización y reciclaje a la cola de la UE, ya que solo reciclamos un 38,9% de los residuos, cifra que en países como Austria, Alemania o Bélgica se sitúa por encima del 60%. Bruselas ya nos ha advertido en repetidas ocasiones la necesidad de que España mejore sus sistemas, llegando incluso a multarnos dos veces (2016 y 2017) por la proliferación de vertederos ilegales no controlados.

“El vertedero simboliza el fracaso de todo el sistema español de gestión de residuos. No estamos priorizando ni la reutilización ni la reducción, como recomienda Europa”, explica a El Ágora Álvaro Rodríguez, coordinador general de Climate Reality en España y doctor en economía de residuos. Para Rodríguez, habría que subir el coste de los vertederos para las empresas -en otros países europeos el coste de la tonelada es hasta cuatro veces más alta- para que el vertedero dejase de ser “la opción más barata”.

Rodríguez afirma que en la mayoría de España se ignoran otras opciones como la incineración -que se usa ampliamente con éxito en regiones como Cataluña o Baleares y países como Francia- por su baja popularidad y los miedos “infundados e irracionales” que produce en la población. “No es la mejor solución -que debería pasar por reducir nuestros desechos-, pero es mucho mejor que el vertedero y supone un reciclaje energético. Y la cantidad de dioxinas que libera son ridículas en comparación con las que produce un incendio no controlado”. Según el CSIC, la mayor parte de dioxinas que se han encontrado en el aire en España proceden de incendios involuntarios de vertederos.

Por otro lado, falta también un control eficiente por parte de la administración de unos vertederos en los que la mala gestión no es una novedad, como prueban los recientes incendios en el vertedero de Zalla (también en Vizcaya) o en Juan Grande (Las Palmas de Gran Canaria). Tampoco, señalan varios expertos, hay suficientes inspectores, por lo que los existentes tienen que priorizar. La gestión de los mismos es municipal cuando el ayuntamiento tiene el volumen suficiente para hacerse cargo, pero en el caso de los desechos no urbanos y de los vertederos alejados de núcleos de población, la gestión es de la comunidad autónoma. Lo que supone un problema añadido: las diferencias de gestión entre comunidades en el tratamiento y control de residuos son tales que ni siquiera existe un registro único ni el Estado es consciente del alcance total del problema de los vertederos.

Aún así, como recuerda Luis Palomino, secretario general de ASEGRE (la entidad que agrupa a los gestores de residuos peligrosos), recuerda que si se operan adecuadamente y se respetan las normativas, los vertederos son una solución segura. Incluso, en algunos casos, sobre todo para materiales peligrosos, es la única opción para deshacerse de esos residuos sin dañar el entorno o la población.

El problema viene cuando el control de esos vertederos -tanto internamente como por parte de la administración- es ineficaz. Para Javier Vázquez, experto en residuos de Ekologistak Martxan (la filial vasca de Ecologistas en Acción) “la administración debe no solo hacer los controles adecuados, sino asumir la acción cuando hay desidia en la empresa que lo gestiona”. “Lo que no puede ser es que la administración sepa que hay un problema y no actúe”, lanza Vázquez, que afirma que el Gobierno vasco era consciente de posibles irregularidades -como la presencia de amianto mezclado con otros residuos- no solo en Zaldibar, sino en otros vertederos de la zona y no hizo nada. El activista afirma que Zaldibar es “un ejemplo de lo que decíamos que podía pasar y ha acabado pasando” .

El problema de los vertederos puede agravarse en los próximos años, cuando, como apunta Eduardo Perero, director de Economía Circular en la Fundación Conama, se colmaten la mayoría de los existentes y haya que abrir nuevos huecos para hacer aún más espacio a más basura. Quizás, antes de que esto ocurra, tengamos que optar por soluciones menos malas como la incineración e incluso empezar a repensar nuestro modelo de consumo y producción para generar muchos menos residuos. El tiempo se agota.