La economía circular entra en los hogares franceses con una nueva ley contra el despilfarro

Las sociedades humanas tienen un problema con la basura. A nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año, de los cuales solo un 16% se recicla o reutiliza. Vertederos, incineradoras, sumideros… Se nos acaban las ideas para tratar las enormes cantidades de residuos que generamos cada año y el consumo per cápita no para de crecer: hemos pasado de gastar 7 toneladas de recursos por persona en 1970 a más de 13 en 2017. Por eso se impone, como única solución, la economía circular. Y en Francia ya se han puesto las pilas con una nueva ley para intentar frenar el despilfarro y transformar su modelo de producción y consumo.

La denominada Ley contra el despilfarro por una economía circular fue promulgada el pasado mes por el Gobierno liderado por Emmanuel Macron, tras pasar sin problemas su examen en la Asamblea Nacional. Salir del plástico desechable, informar mejor al consumidor, luchar contra el despilfarro, impulsar la reutilización, reducir los vertederos o actuar contra la obsolescencia programada son algunos de sus principales objetivos.

La nueva normativa tiene varias metas fijadas. De aquí a 2030 se exigirá una reducción del 15% en los residuos por habitante y del 5% en los desechos procedentes de actividades industriales. Pero, sobre todo, la ley apunta a obligar a que todo el plástico sea reciclado en apenas cinco años y quiere poner a fin a cualquier utilización de plásticos de un solo uso para 2040. Este objetivo se plantea de manera gradual: primero, en 2021, se prohibirán las pajitas, los cubiertos y varillas desechables, los envases de poliestireno expandido y la distribución gratuita de botellas de plástico. En 2022 llegará el turno de todos los envases para alimentación y en 2023 de cualquier tipo de vajilla no reutilizable en restaurantes y bares.

Las prohibiciones irán acompañadas de medidas destinadas a fomentar formas alternativas de consumo. Por ejemplo, a partir de 2021 será obligatorio que los comercios de alimentación tengan opciones de venta a granel y acepten siempre los recipientes que traiga el comprador. También se tendrán que instalar fuentes de agua en todos los lugares en los que se reciba público.

Pero, sobre todo, aparece en el horizonte la posibilidad de introducir la consigna -la devolución en máquinas de envase de vidrio o plástico a cambio de una pequeña cantidad- como forma de reciclaje. Ante las resistencias del sector de los residuos y las colectividades locales francesas, el Gobierno ha dado de plazo hasta 2022 para mejorar la tasa de reciclaje hasta alcanzar los requisitos europeos de recolectar el 77% de las botellas para 2025. Una tarea difícil para los ayuntamientos que en principio dejará en dos años vía libre al Ejecutivo para un introducir un sistema, el de la consigna, que ya se ha revelado muy útil en países como Alemania o los países escandinavos.

Lucha contra el despilfarro

La nueva ley también incluye una batería de medidas para ayudar a crear una cultura de economía circular en Francia, que van desde la armonización de los colores de los contenedores en todo el territorio y la introducción de filtros de microplásticos en las lavadoras hasta la obligación para las empresas de telecomunicaciones de incluir la huella de carbono del uso de datos en las facturas de internet y móvil. Pero sobre todo busca actuar contra el despilfarro de productos, una práctica perjudicial para el medio ambiente que parece arraigada en el modelo de consumo capitalista actual.

Se prohibirá, para empezar, la eliminación de stocks de productos no alimentarios. Solo en el país galo, se destruyen más de 630 millones de euros en productos no vendidos; a partir de ahora, se obligará a las empresas a reciclarlos o donarlos. Esto se dirige sobre todo a dos tipos de mercancías: la ropa y los productos de higiene. Solo en textiles, Francia quema entre 10.000 y 20.000 toneladas al año, el equivalente al peso de dos torres Eiffel. Y en productos de higiene, se formalizará la obligatoriedad de la donación de los stocks no vendidos, ya que se estima que 1,7 millones de mujeres francesas no disponen de suficientes productos de higiene básicos.

También se reforzará la ley contra el despilfarro alimentario, promulgada en 2016, con un aumento de las multas destinadas a grandes superficies. Ahora se les podrá sancionar con hasta el 0,1% de su cifra de beneficio, con el objetivo de cambiar la mentalidad de los más reticentes.

Por otro lado, se permitirá la venta en unidades de los medicamentos, cuando sea posible, para evitar el desperdicio de pastillas o comprimidos que suele llevar aparejada la venta en packs indivisibles. Además, se prohibirá la impresión automática del ticket de caja, por lo que ahora deberá ser el cliente el que lo reclame cuando tenga la necesidad.

Por último, se intentará también meterle mano a la obsolescencia programada. Un nuevo índice de reparabilidad, simple visualmente, permitirá a los consumidores saber si su producto es reparable, difícil de reparar o no reparable. El Ministerio de Transición Ecológica y las partes interesadas en el sector están trabajando ya en un índice simple (una nota sobre 10) fijado directamente al producto o su embalaje y en el punto de venta (junto con el precio del producto por ejemplo), que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Además, para facilitar la reparación y favorecer el uso de repuestos que limiten el despilfarro, el consumidor se beneficiará, al comprar su producto, de la información sobre la disponibilidad e indisponibilidad (novedad) de repuestos.

Esperando al plan español

La Ley de Transición Ecológica lleva esperando su aprobación en España desde que triunfó la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez en 2018. La convocatoria anticipada y la repetición electoral hicieron que el proyecto legal, que ya había superado la fase de consulta pública, quedara guardado en un cajón. Ahora, Teresa Ribera ya ha adelantado que el Ministerio de Transición Ecológica tiene como prioridad absoluta la tramitación final de esta ley, que ha prometido que se aprobará en los primeros 100 días de gobierno.

Esta ley irá enfocada sobre todo a la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española, con una importante batería de medidas de adaptación al calentamiento global, ya que España es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, por ahora no hay un proyecto concreto como el francés para implementar una política de lucha contra el despilfarro y economía circular. Aunque gran parte de la gestión de residuos se encuentra en manos de las comunidades autónomas o los municipios – de hecho, Castilla-La Mancha lanzó en noviembre la primera ley regional de economía circular en España- la falta de un marco común dificulta alcanzar los objetivos de la UE en materia de residuos.

Según una normativa impulsada por el Parlamento Europeo en 2018, al menos el 55% de los residuos municipales (procedentes de hogares y empresas) tendrán que reciclarse. El objetivo aumentará al 60% en 2030 y al 65% en 2035, y en el plan se incluyen metas separadas para el reciclaje de materiales específicos como el papel o el vidrio. La norma francesa, de hecho, busca lograr estos objetivos europeos para, entre otras cosas, evitarse posibles sanciones por incumplir las leyes comunitarias.

España aún está lejos: con 483,9 kilos de residuos por persona y año, apenas el 30% es reciclado. En el otro extremo, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca y Alemania prácticamente no usan vertederos para su basura. En Alemania, el alumno aventajado de Europa en la materia, se recicla en torno al 70% de todo lo producido.