Hablar de la Unión Europea como si fuera un ente uniforme con intereses claros y uniformes es poco acertado, sobre todo a la hora de hablar de legislación. Al fin y al cabo, son tres las instituciones principales que participan en el proceso de elaboración de cualquier normativa comunitaria, cada una con una función bien definida. En principio, la Comisión, equivalente al Ejecutivo, propone nuevas leyes, que luego deben de ser adoptadas con el acuerdo del Parlamento y el Consejo.

Sin embargo, a la hora de adoptar normas de manera efectiva, la Eurocámara, a pesar de representar a los ciudadanos de la UE, no tiene tanto peso como el Consejo, que reúne a los líderes de todos los países europeos y es el que acaba por tener la última palabra.

Ante esta situación, el Parlamento Europeo ha transformado en cierta medida su labor habitual para convertirse en un auténtico grupo de presión dentro de las instituciones europeas. Por supuesto, su labor legislativa sigue siendo relevante, sobre todo debido a un sistema de enmiendas que exige su participación en casi cualquier nueva normativa, pero también lo son cada vez más los informes y propuestas que salen de su seno en dirección a la Comisión y el Consejo.

Especialmente en el tema ambiental, los eurodiputados han demostrado hasta la fecha una mayor ambición en cuestiones de clima o biodiversidad, presionando al Ejecutivo europeo y los países miembro para que aceleren en la agenda sostenible.

«El Parlamento Europeo ha transformado en cierta medida su labor habitual para convertirse en un auténtico grupo de presión dentro de las instituciones europeas»

Es cierto que algunas de estas propuestas no tienen impacto legislativo inmediato, pero sí ayudan a crear un clima favorable al medio ambiente en las negociaciones entre países. El mejor ejemplo de esto sucedió el pasado otoño, cuando el pleno de la Eurocámara pidió elevar al 60% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles registrados en 1990, una meta que era 20 puntos superior a la actual y también se encontraba por encima del 55% que había propuesto la Comisión Europea.

Tras esta decisión del Parlamento, en diciembre los jefes de Estado que conforman el Consejo Europeo acabaron fijando en un 55% su posición negociadora para la reducción de emisiones de efecto invernadero para el año 2030, convirtiéndolo de facto en el nuevo objetivo europeo de ambición climática para la próxima década, ya que es la misma cifra que defiende la Comisión.

Es decir, que aunque lo recomendado por la Eurocámara no fuera finalmente adoptado, la presión ayudó a que los países más reticentes cedieran en las negociaciones entre estados miembro y aceptaran lo propuesto por la Comisión, en vez de forzar hacia el 50%, como habían apuntado los negociadores de Polonia o Hungría.

Economía circular, ¿la misma jugada?

Este mismo miércoles, el pleno del Parlamento Europeo repitió esta estrategia al respaldar un informe que propone establecer objetivos vinculantes al plan de acción para la economía circular presentado el año pasado por la Comisión Europea. En concreto, la Cámara insta a la Comisión a presentar una propuesta legislativa en 2021, ampliando el alcance de la directiva sobre diseño ecológico para incluir productos no relacionados con la energía.

Esto conlleva no sólo el establecimiento de estándares específicos para garantizar que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos, actualizables y reciclables, sino también introducir normas que establezcan mínimos de material reciclado y obliguen a hacer uso eficiente de recursos y energía en la fabricación de cualquier producto. Es decir, se presiona a la Comisión de manera políticamente transversal, con nada menos que 574 votos a favor, 22 en contra y 95 abstenciones, para que el plan de economía circular, que aún tiene que ser negociado con el Consejo, sea más estricto.

“El 90% de los productos que utilizamos a diario siguen un recorrido lineal”, denunció en el pleno el ponente holandés del informe sobre economía circular, Jan Huitema, que alertó que si Europa no repiensa sus hábitos de consumo, “en 2050 no vamos a necesitar un planeta, sino tres”. “Necesitamos un buen sistema de trazabilidad, un sistema de certificación de productos reciclados para que se sepa que se trata de productos de alta calidad, seguros y que pueden obtener una ecoetiqueta; así la gente sabrá que es un buen producto reciclado”, explicó este eurodiputado del grupo liberal.

Hasta ahora, el plan de economía circular de la Comisión sugiría 35 iniciativas para abordar esto y avanzar hacia patrones de producción y consumo más sostenibles, entre las que se incluía empoderar a los consumidores, reducir el desperdicio y enfocarse en sectores de recursos pesados, como plásticos y textiles. Pero, según explica Stephane Arditi, director de la Oficina Europea de Medio Ambiente a cargo de la economía circular, al medio web Euractiv, el informe del Parlamento mejora significativamente la estrategia al introducir “objetivos legalmente vinculantes” que considera muy necesarios.

“Eran la principal pieza que faltaba en el rompecabezas de la propuesta de la Comisión Europea”, asegura Arditi, que cree que si son de verdad tenidos en cuenta por la Comisión y los Estados miembros “los objetivos pueden desempeñar un papel central en la recuperación ecológica de Europa, ayudando a los ciudadanos, las empresas y los gobiernos a ahorrar recursos valiosos y limitados».

Un impuesto al carbono en frontera

Pero la labor casi de lobby ambiental que está realizando en ocasiones la Eurocámara no acaba aquí. El pasado viernes, los legisladores respaldaron un impuesto sobre los productos con alto contenido de carbono importados a Europa, pidiendo a la Comisión Europea que introduzca un llamado «mecanismo de ajuste de las fronteras de carbono» lo antes posible. De esta manera, añaden presión a una Ursula von der Leyen, que ya incluyó esta idea dentro de su propuesta de Pacto Verde Europeo en 2019 pero que desde entonces apenas la ha mencionado.

En concreto, el mecanismo conllevaría la aplicación de gravámenes a las importaciones de productos que requieren grandes cantidades de energía, como el acero, el cemento o el aluminio, y que procedan de países cuyas políticas contra la emergencia climática sean menos exigentes que la europea.

“Los bienes importados a la UE tienen que soportar el mismo coste de emisiones de carbono que los producidos en Europa. De lo contrario, no podremos reducir la huella de carbono de Europa ”, aseguró durante la sesión Adam Jarubas, un eurodiputado polaco que fue uno de los coautores de la resolución del Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha. 

La resolución incluye varias condiciones para asegurarse de que el impuesto aumente efectivamente la ambición climática. Entre ellos, la nueva fiscalidad deberá estar vinculada a un esquema de comercio de emisiones (ETS) reformado y evitar el proteccionismo. Además, el dinero recaudado debería utilizarse para objetivos climáticos en la UE e internacionalmente.

El objetivo es claro y es el mismo que se busca con el informe sobre economía circular: presionar a la Comisión. Y es que el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar su plan para el “mecanismo de ajuste de carbono en frontera” en junio, donde se espera que comience con sectores industriales intensivos en energía como la siderurgia y el cemento, que representan el 94% de las emisiones industriales de la UE y reciben asignaciones gratuitas en el marco del esquema de comercio de emisiones del bloque, que les permite contaminar sin pagar.

La introducción de la nueva tasa fronteriza debe tener lugar en paralelo con una eliminación gradual de estas asignaciones gratuitas durante la próxima década, según se expone en la resolución del Parlamento. A medida que el gravamen aumente su cobertura, los derechos de emisión gratuitos se eliminarán por completo.