El Ministerio para la Transición Ecológica aprueba un nuevo plan para reforzar la vigilancia y el control de los traslados transfronterizos de desechos y lanza un Real Decreto para mejorar la gestión de residuos de pilas y aparatos electrónicos
España sigue avanzando en su estrategia de economía circular. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un nuevo plan para reforzar la vigilancia y el control de los traslados transfronterizos de residuos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa europea, que ha sido actualizada recientemente para evitar en la medida de los posible la exportación de residuos a países en desarrollo. Además, también ha salido adelante un Real Decreto para mejorar la gestión de residuos de pilas y aparatos electrónicos, en el que se establece que los residuos de este tipo que contengan sustancias como el litio o el níquel metal hidruro, tengan una clasificación específica como residuo peligroso.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha explicado en un comunicado que el objetivo del nuevo plan contra la exportación de residuos es crear un instrumento eficaz para fortalecer y garantizar el cumplimiento de la normativa europea sobre traslados de residuos, cuya nueva redacción entraba en vigor a comienzos de este año. De esta manera, mediante inspecciones más eficaces, se podrá garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y favorecer la economía circular.
En concreto, el plan configura las bases de un marco de orientación estratégico en inspección de los traslados transfronterizos de residuos entre España y terceros países, así como los traslados en tránsito por territorio español. La meta no es otra que garantizar una planificación periódica y coherente de las inspecciones en esta materia, por lo que éstas se desarrollarán anualmente a través de los programas anuales de inspección. Es decir, que mientras que una parte de estas inspecciones se realizarán en las Aduanas, el resto de las mismas se hará en establecimientos, empresas, agentes y negociantes de residuos autorizados. También se llevarán a cabo controles en el origen, en el transporte hasta o desde las Aduanas y en el destino de los residuos.
Los residuos peligrosos y sus movimientos transfronterizos pueden causar daños a la salud y al medio ambiente si no se gestionan adecuadamente y hay un peligro creciente como consecuencia de la generación y la complejidad cada vez mayores de los residuos peligrosos, y de sus traslados entre países.
Por eso, según apunta el Ministerio, los movimientos transfronterizos de este tipo de residuos desde el estado en que se hayan generado hasta cualquier otro país deben permitirse solamente cuando se realicen en condiciones que no representen peligro para la salud humana y el medio ambiente, de acuerdo con los convenios internacionales al respecto, además de evitar que los residuos acaben en países en vías de desarrollo sin medios para procesarlos. Un mejor control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos actuará como incentivo para su manejo ambientalmente racional y para la reducción del volumen de tales movimientos transfronterizos.
Una mejor gestión de residuos electrónicos
Además de la nueva normativa sobre residuos transfronterizos, el Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto para mejorar la gestión de residuos de pilas, acumuladores y aparatos eléctricos y electrónicos. En concreto, se trata de un nuevo documento modifica dos textos previos: el Real Decreto sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos de 2008 y el Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 2015.
El texto incorpora las modificaciones introducidas en 2018 en las Directivas comunitarias que regulan ambos flujos de residuos en los reales decretos correspondientes, en particular la obligación de hacer uso de instrumentos económicos para aplicar el principio de jerarquía en la gestión de estos residuos.
En cuanto a la normativa sobre residuos de pilas y acumuladores, el cambio más relevante que se introduce es que los residuos de las pilas y acumuladores que contengan sustancias como el litio o el níquel metal hidruro, tendrán una clasificación específica como residuo peligroso, garantizando que estos residuos se gestionen teniendo en cuenta esas características de peligrosidad.
En cuanto a la normativa relacionada con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se clarifica su ámbito de aplicación, para incidir en que desde agosto de 2018 se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y no solo a categorías determinadas. Esto permitirá una clasificación más sencilla y coherente con los requisitos de tratamiento específico para cada tipo de RAEE.
Del mismo modo, se concretan los objetivos de gestión de residuos que deben cumplir los productores de aparatos eléctricos y electrónicos. Para ello, se tiene en cuenta el peso de los RAEE recogidos y financiados por los productores tras su tratamiento específico. También se ordenan las responsabilidades que asumen los productores directamente y se distinguen de otras que se cumplen a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, sin suponer en ningún caso una extensión o modificación de sus obligaciones.
Las nuevas normativas aprobadas por el Gobierno se ajustan a las prioridades nacionales y europeas en materia ambiental, no sólo por la importancia que estos aspectos han adquirido en la política de la Unión Europea, sino también porque se alinean con el Pacto Verde Europeo, que incluye entre sus medidas impulsar y reforzar la economía circular en Europa para hacerla una realidad.
A ello se añade el desarrollo de los principios de la economía circular, que se han transformado en ambiciosos objetivos para los próximos años, tal como queda reflejado en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, aprobada el pasado mes de junio. De hecho, este es el cuarto Real Decreto en materia de gestión de residuos que se eleva a Consejo de Ministros desde la aprobación de la Estrategia.
