Técnicos municipales piden financiación para cumplir las exigencias de la nueva Ley de Residuos y creen que será difícil alcanzar los objetivos si no se establece una tasa municipal específica que cubra el coste real de las operaciones. El el resultado de un trabajo llevado a cabo por el Congreso Nacional de Medio Ambiente consultando a 220 entidades locales
Los técnicos municipales de gestión de residuos creen que será complicado alcanzar los nuevos objetivos de la recién aprobada Ley de Residuos y Suelos Contaminados si no se establece una tasa municipal específica que cubra el coste real de las operaciones.
Así se desprende del informe Gestión de residuos. La opinión de los técnicos, elaborado por el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), que recoge la percepción de 220 municipios españoles sobre la nueva norma, los cuales reflejan “un elevado pesimismo” sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos en los plazos y fechas establecidos. La futura normativa se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado y verá la luz en el Boletín Oficial del Estado la próxima primavera.
El estudio refleja por primera vez la opinión de los técnicos y hace un recorrido por las diferentes etapas de la gestión de los residuos municipales, poniendo en evidencia la brecha entre los objetivos planteados por la normativa y las necesidades de las localidades.
En el ámbito de la planificación, el informe revela que solo el 19% de los municipios encuestados tiene un plan de prevención, el 25% un plan de gestión integral y el 5% un plan municipal de economía circular. También destaca el apoyo de los municipios a establecer una tasa municipal específica de residuos que cubra el coste real de las operaciones, con un 93% de los encuestados a favor. A nivel práctico, el 48% manifiesta tener una tasa, aunque esta no cubre todos los costes.
Residuos orgánicos: difíciles de tratar
En cuanto a la recogida y tratamiento, un 60% de los municipios encuestados consideran los residuos orgánicos o biorresiduos como los más difíciles de tratar. La nueva ley establece que se deberá poner en marcha una recogida separada de estos residuos antes de junio de 2022 para las localidades con más de 5.000 habitantes y antes de diciembre de 2023 para el resto. Sin embargo, un 45% de las localidades participantes opina que no lo conseguirá antes de junio de 2022 y el 34%, antes de finales de 2023.
Solo un 5% de las localidades encuestadas tiene un plan municipal de economía circular
Además, la normativa obligará a implantar nuevas recogidas separadas y tratamiento de los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos (muebles, enseres, colchones, …) antes de 2025. Según apunta el estudio, tan solo un 30% y 40% de los municipios, en función del tipo de residuo, ven alcanzable esta meta.
En la etapa de la prevención, el estudio destaca la reducción del peso de los residuos como otro de los objetivos de la nueva ley. Las respuestas recibidas a la posibilidad de cumplimiento de los objetivos fijados para 2020, 2025 y 2030 sobre la reducción del peso de los residuos producidos muestran una clara posición mayoritaria (60%) de entidades que creen que no se alcanzarán en 2020 y solo se reduce a un 31% en 2030.
La mayoría precisa más medios
Para superar los objetivos de la nueva ley, la mayor parte de los municipios encuestados considera que se requiere más medios humanos (80%) para planificar, implantar y gestionar; medios materiales como contenedores, vehículos etc. (79%); formación y capacitación (66%) y la mejora de sus puntos limpios (52%).
En las conclusiones del estudio también se recogen propuestas como crear nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, es decir, un mecanismo financiado por los propios productores de residuos que se encargue de su recogida y tratamiento; incrementar la financiación a través de ayudas y apostar por una colaboración más estrecha entre administraciones.
El ex director general de economía circular en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y coordinador del informe, Vicente Galván, señalaba durante la presentación del trabajo que los técnicos municipales necesitan que la normativa “sea más precisa” en cuanto a inversiones, dotaciones y cooperación entre administraciones “porque no se puede hacer algo nuevo con los mismos recursos”.
Por su parte, el director general de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), Luis Ricardo Izquierdo, aseveraba que “la clave es la prevención para gestionar la menor cantidad de residuos posible” y para ello es “esencial” la concienciación ciudadana y el ecodiseño para facilitar la selección y reciclado.
Finalmente, la directora de Conama, Alicia Torrego, indicó la dificultad de los municipios para gestionar los residuos con los nuevos objetivos. Por ello, «será necesaria ambición política y estratégica, capacidad técnica y una ciudadanía activa y comprometida”, afirmó.
