Expertos piden una normativa sobre economía circular más inteligente, coherente y armonizada en toda la UE para facilitar el cumplimiento por parte de las empresas, que se sienten «abrumadas» por la cantidad de legislación nacional y comunitaria
Europa está liderando el camino en la creación de una economía circular global con un compromiso ambicioso de reducir los residuos enviados al vertedero en un 90% y reciclar el 75% de los envases para 2030. Pero con cientos de políticas que se están desarrollando a nivel de país y de la UE, es importante racionalizar su alcance y enfoque para evitar abrumar a las empresas, según revela un nuevo informe realizado por la consultora internacional Sofies.
El informe ‘La economía circular para Europa: cerrar la brecha entre la política’ mapea y evalúa las iniciativas de política de la economía circular a nivel de la UE, así como a nivel gubernamental nacional en Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Polonia, España, Suecia y Reino Unido. El análisis contabilizó más de 87 iniciativas políticas relacionadas con la economía circular, que abarcan desde el final de la vida útil hasta el diseño y la capacidad de reparación del producto, se encuentran en desarrollo en los países objetivo. Casi la mitad de las iniciativas cubren operaciones (47%), luego productos y empaque (37%) y la relación con los clientes (16%)
Dado el elevado número de iniciativas y elementos políticos identificados, las empresas necesitarían mucho tiempo y recursos administrativos para hacer un seguimiento de todos ellos. Por ejemplo, suponiendo que un analista pudiera seguir 5 políticas a la vez dentro de una empresa, ésta necesitaría unos 17 analistas para seguir las 87 iniciativas políticas mapeadas.
Por ello, para acelerar la transición de la economía lineal tradicional de uso intensivo de recursos a una economía circular, se necesita una normativa inteligente, coherente y armonizada en toda la UE y dentro de ella.
Recomendaciones
El informe recoge una serie de recomendaciones para la Comisión Europea que pasan por la armonización de las normas de diseño ecológico y de los requisitos de etiquetado ecológico en toda la UE para facilitar el cumplimiento y evitar la fragmentación entre los Estados miembros, que están desarrollando iniciativas sobre índices de reparabilidad y durabilidad antes de una plena alineación con las iniciativas a nivel de la UE.
También propone incentivos fiscales para el mercado de bienes reciclados/reutilizados y los servicios de reparación, así como para promover la donación de bienes no vendidos por parte de las empresas a causas benéficas.
Otra intervención que recomienda es la aplicación armonizada de la RPE (Responsabilidad Ampliada del Productor) en todos los Estados miembros para todos los flujos de residuos previstos y establecimiento de un mecanismo central de coordinación a nivel de la UE para el registro y la notificación de las pilas puestas en el mercado, con el fin de que las empresas puedan cumplir fácilmente la normativa sobre RPE relativa a todos los productos vendidos en cualquier país europeo, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa y financiera del registro.
Por último, reclama una normalización de la información sobre la sostenibilidad de los productos. Por ejemplo, considera que la información al consumidor sobre la posibilidad de reparación, la huella medioambiental y las iniciativas políticas como el Pasaporte Digital de Productos (PDP) deben alinearse con los sistemas de información existentes para evitar el solapamiento del trabajo administrativo y la duplicación de datos.
El análisis señala que la colaboración entre los actores de la industria y los legisladores es esencial para el éxito de estas políticas. Las «normativas armonizadas y sin complicaciones» allanarán el camino hacia una Economía Circular que el público está demandando y facilitarán la implementación de las empresas, sin comprometer las ambiciones ambientales.
