La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado el proyecto de Ley de Residuos con una enmienda que retrasa a 2023 la aplicación del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables
La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, con la oposición de VOX y ERC y la abstención de PP, CS y Bildu. A favor del futuro texto legal han votado los grupos proponentes, PSOE y Unidas Podemos, que han obtenido, además, el apoyo del PNV, Más País y Teruel Existe. Entre los cambios introducidos en este trámite parlamentario, destaca una enmienda del PP aceptada por PSOE y UP para establecer, una vez aprobada la norma, una moratoria al nuevo impuesto al plástico.
El impuesto sobre plásticos, que de acuerdo con el proyecto de Ley gravaría con 0,45 euros por kilogramo de plástico los envases de este material no reutilizables, entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023, y lo mismo sucedería con el tributo sobre la incineración o depósito al vertedero, cedido a las comunidades autónomas.
En concreto, el texto buscar incorporar el principio de que ‘quien contamina paga’ a la legislación española. Para ello, incorpora nuevas figuras de fiscalidad verde como el establecimiento de una tasa de 0,45 euros por kilogramo de envases plásticos no reutilizables y armoniza otro, que ya existe en algunas comunidades autónomas, al depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración, que oscilará, según el tipo de residuo, entre 1,5 euros a 40 euros por tonelada métrica.
Además de estos dos nuevos impuestos verdes, uno directo y otro indirecto, la ley prevé también el establecimiento de objetivos de reducción de residuos y otras medidas que incentiven la economía circular y la lucha contra la obsolescencia programada. Y es que, tal y como explicita la estrategia europea, las administraciones tendrán la obligación fomentar la reutilización de cada recurso el mayor número de veces posible, para acabar de una vez por todas con el concepto de usar y tirar.
En este sentido, la iniciativa apuesta por incrementar las recogidas separadas de distintos tipos de residuos pero, sobre todo, hace recaer en las administraciones locales la obligación expresa de fomentar la separación y el reciclaje. Es decir que, por primera vez, los Ayuntamientos deberán disponer de una tasa o bien de prestación patrimonial diferenciada y específica para los servicios que están obligados a prestar en cuanto a los residuos municipales. Estas tasas, algunas de las cuales serán sufragadas directamente por los usuarios, deberán encaminarse hacia el llamado “pago por generación”.
El proyecto de Ley afrontará la próxima semana su aprobación con una votación específica en el Congreso de los Diputados, pasará por el Senado en los primeros meses de 2022 y de nuevo por el Congreso para su aprobación definitiva.
