El Gobierno ha sacado adelante en el Senado la ley de residuos, que pretende ayudar a que España corrija el rumbo en el tratamiento de sus basuras e incremente las tasas de reciclaje para cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea
España da un paso más en su estrategia para mejorar la gestión de sus desechos. El Pleno del Senado ha aprobado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que busca combatir el estancamiento del país a nivel de tratamiento de basuras: la tasa de reciclaje lleva años estancada en el 36% y la opción mayoritaria (56%) sigue siendo depositar en los vertederos los desechos urbanos. El objetivo no es otro que cumplir con lo que pide la Unión Europea, que impuso hace más de una década unas metas de reciclaje para 2020 que España no ha alcanzado y pide llegar al 60% de residuos reciclados para 2030.
El proyecto de ley, que ha sido aprobado con el apoyo del PSOE, Cs, PNV, EH-Bildu, PAR; la abstención del PP, UPN y Coalición Canaria y el voto contrario de Vox, Más Madrid, Junts y ERC, ha recibido hasta 13 enmiendas transaccionales durante la tramitación en el Senado, por lo que ahora deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva. Entre ellas, el impuesto de envases finalista y el calendario de análisis de la recogida de residuos para la posible implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases.
De hecho, aunque el trámite parlamentario de este miércoles estaba previsto para el anterior pleno de la Cámara alta, quince días atrás, los grupos acordaron posponerlo para seguir «mejorando» el texto. Pero los puntos principales del proyecto de ley han permanecido intactos, sobre todo los dos nuevos impuestos. Por un lado, se creará una tasa al vertido y la incineración a nivel nacional, con la que se buscará reducir la cantidad de basuras que en España no se reciclan. Y es que, aunque una decena de comunidades autónomas cuenta con gravámenes de este tipo, Bruselas ha instado en repetidas ocasiones al Gobierno a que cree un impuesto estatal para evitar que los residuos viajen entre regiones para esquivar esas tasas.
Por otro lado, se ha sacado adelante también en el Senado el impuesto que grava los envases no reutilizables, que es también una petición de la Unión Europea, ya que está incluido en las nuevas directivas que buscan reducir la contaminación por plástico. Sin embargo, este gravamen, que asumirían los productores y con el que se pondría una tasa a estos productos altamente contaminantes a razón de 0,45 euros por kilogramo de plástico, no entrará en vigor al menos hasta 2023.
Otro punto importante que no ha sido modificado es la prohibición desde la entrada en vigor de la comercialización de productos de plástico de un solo uso, como vasos, platos y cubiertos desechables, bastoncillos, palos para sujetar globos y pajitas hechas de este material, así como contenedores alimenticios y recipientes de poliestireno expandido, algo que debía haber ocurrido antes del 3 de julio de 2021, según la directiva europea. Además, la norma también contempla la obligación de que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis a los clientes, el impulso a la venta a granel en las grandes superficies comerciales y ofrece amparo legal a los ayuntamientos para que puedan prohibir que se fume en las playas.
Otras claves de la ley de residuos
La ley, que transpone las directivas europeas 2008/98/CE y 2019/904, fija calendarios de recogida selectiva de biorresiduos (30 de junio de 2022 para los municipios de más de 5.000 habitantes y 2024 en el resto) y de residuos textiles (antes de 2025). Además, establece nuevas metas de reducción de desechos urbanos: la generación deberá haberse reducido un 15% en 2030 respecto a 2010.
Para lograr estos objetivos, la ley abre la puerta a un nuevo modelo de recogida de envases de plástico inspirado en la costumbre de devolver en los comercios los recipientes vacíos tras haber consumido el contenido, a cambio de unos céntimos dejados en concepto de depósito a la hora de comprar el producto. El conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), que funciona en otros países europeos como Dinamarca o Alemania, podría imponerse a nivel nacional y a partir de 2023 en caso de no cumplirse los objetivos que incluye la ley: que en esa fecha se recoja de manera separada y «para su reciclaje» el 70% (en peso) de las botellas de plástico introducidas en el mercado.Además, el proyecto de ley de residuos regula por primera vez el «derecho a reparar» mediante la obligación de los comerciantes y plataformas de comercio electrónico de incluir información sobre cómo arreglar los artículos ofertados en caso de que se estropeen, así como sobre «las características del producto que permitan evaluar las posibles prácticas de obsolescencia prematura». En este sentido, los residuos «susceptibles de ser preparados para reutilización o reciclados» no podrán destinarse a incineración, independientemente de que ese proceso se aproveche para generar energía. También se potenciarán las redes de preparación para la reutilización y de reparación y se apoyará el establecimiento de las mismas, «especialmente cuando se trate de entidades de economía social autorizadas para gestionar residuos».
Por último, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un censo del amianto existente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre su retirada, que deberá estar gestionada en 2028. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales «deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado«, reza en el texto.
