El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva directiva que fortalece el requisito de que las empresas informen públicamente sobre el impacto de su actividad en el medio ambiente y la personas. La medida afectará a más de 50.000 empresas y entrará en vigor entre 2024 y 2028
El Consejo tiene previsto adoptar el texto el 28 de noviembre y después se publicará en el Diario Oficial para entrar en vigor 20 días después. Sin embargo, las nuevas normas comenzarán a aplicarse entre 2024 y 2028, empezando por las grandes empresas de interés público ya sujetas a la directiva sobre información no financiera.
En el año 2014, la Unión Europea aprobó la Directiva 2014/95/UE, sobre Información no financiera, que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley de Información no Financiera y Diversidad, aprobada en 2018, que obliga a las empresas de determinado tamaño a medir e informar sobre su rendimiento en materia ambiental, social y de buen gobierno, algo que es definido como información no financiera y que responde a los términos de ESG (Environmental, Social and Governance), cada vez más en auge.
En España, desde enero de 2022, la Ley de Información no Financiera y Diversidad obliga a todas las empresas con más de 250 empleados a reportar sobre sus avances en ESG.
«Europa está mostrando al mundo que sí es posible garantizar que las finanzas, en el sentido estricto de la palabra, no gobiernen toda la economía mundial», ha destacado el ponente del informe, el liberal Pascal Durand, durante la sesión plenaria en la que se dio el visto bueno a la nueva directiva.
Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la UE se aplicarán a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores, así como a as empresas no comunitarias con actividad sustancial en la UE, que cuentan con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros. Las pymes que cotizan en bolsa también estarán cubiertas, pero tendrán más tiempo para adaptarse a las nuevas normas.
De este modo, para cerca de 50.000 empresas de la UE, la recopilación y el intercambio de información sobre sostenibilidad se convertirá en la norma, frente a las cerca de 11.700 empresas cubiertas por las normas actuales.
La nueva legislación trata de cubrir lagunas en la normativa vigente sobre información no financiera, en términos de medición y reporte de resultados homogéneos y fiables, y para ello introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, basados en criterios comunes en línea con los objetivos de la UE sobre clima. La Comisión aprobará los primeros estándares en junio de 2023.
La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad modifica la Directiva sobre información no financiera de 2014. Introduce exigencias más detalladas en materia de informes y garantiza que las grandes empresas estén obligadas a publicar información en materia de sostenibilidad, como los derechos medioambientales, los derechos sociales, los derechos humanos y los factores de gobernanza.
La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad introduce asimismo un requisito de certificación de la información publicada en materia de sostenibilidad, así como de mejora del acceso a la información, al establecer que se deberá publicar en una sección concreta de los informes de gestión de las empresas.
La información deberá estar certificada por un auditor o un certificador independiente acreditado. Con objeto de garantizar que las empresas respeten las normas de presentación de la información, un auditor o un certificador independiente velarán por que la información sobre la sostenibilidad sea conforme con las normas de certificación adoptadas por la UE.
