El texto enviado por el Gobierno a la UE para la aplicación de la Política Agraria Común prevé movilizar 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027
España remitirá esta semana a la Comisión Europea el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023, dotado con 47.724 millones hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores.
El plan de aplicación de la PAC en España, que debe estar entregado antes del 1 de enero de 2022, supone un «potente» instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector, señala el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que España contará con una PAC «más justa, más social y más sostenible» para potenciar un sector agroalimentario estratégico. Según Planas, se que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia con las nuevas demandas de los consumidores.
El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad al tiempo que se impulsan «cambios, profundos, pero graduales», que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, al tiempo que permitan aumentar su eficacia y garanticen unos pagos «más justos y eficientes».
Planas ha señalado que la entrega a la Comisión Europea del Plan Estratégico supone la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas para definir el contenido de la propuesta, y ha mantenido contacto y diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, y las organizaciones civiles de carácter ambiental, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con los servicios de la Comisión Europea.
En total, en la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones, se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas y se han llevado a cabo cinco conferencias sectoriales en el último año y medio y numerosas reuniones bilaterales.
«Ello nos ha permitido un consenso en torno al documento que remite el Gobierno a Bruselas. Creo que es un elemento a subrayar, tenemos un país muy diverso y hemos conseguido articular un Plan Estratégico nacional del conjunto de España«, subrayaba Planas.
En vigor desde 2023
Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico.
Planas prevé que la Comisión Europea lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
Según ha explicado el titular de Agricultura, a los 47.724 millones previstos hasta 2027 se suma la cofinanciación, con lo que la dotación se eleva a más de 50.000 millones para el periodo.
En concreto, el plan supone en materia de ayudas directas más de 4.800 millones de euros anuales, 700 millones en medidas de mercado, incluyendo los programas sectoriales, y 1.700 millones en medidas de desarrollo rural.
El Plan Estratégico es un instrumento «determinante» para garantizar la viabilidad de los sectores agrícolas y ganaderos, que son la base del sistema agroalimentario y el principal motor económico de la España rural.
Para ello, contempla apoyos enfocados a la mejora de la competitividad de sus explotaciones mediante las ayudas a rentas, el servicio de asesoramiento y las medidas de desarrollo rural en favor de la innovación, la mejora del conocimiento, las inversiones, el uso de tecnología y la digitalización, entre otros aspectos.
