Para alcanzar los objetivos de eficiencia energética propuestos por la Unión Europea, Eduardo de Santiago, técnico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha señalado que España deberá reacondicionar 1,2 millones de viviendas de aquí a 2030 y 7 millones de viviendas para el 2050
Un 60% de las viviendas que existen en España se construyeron antes de que fuera publicada la primera normativa sobre eficiencia energética, provocando que en su conjunto consuman cerca del 40% de la energía y emitan el 39% del dióxido de carbono del total del país. Son, como señaló el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), unas “auténticas depredadoras de energía”.
Estas cifras se presentan como duro obstáculo para alcanzar los objetivos europeos en materia de eficiencia energética. Para que España pueda cumplir estas metas, Eduardo de Santiago, técnico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha señalado que tendrá que rehabilitar 1,2 millones de viviendas de aquí a 2030 y siete millones de viviendas para el 2050.
La antigüedad del parque de viviendas de España influye en gran medida en el despilfarro energético: más de la mitad supera los 40 años de edad
A propósito de la eficiencia energética, el coordinador del grupo de trabajo sobre economía circular de GBCe, Jordi Bolea, ha insistido en que «los edificios deben diseñarse para que sea posible una deconstrucción que permita un uso circular de los materiales» por lo que considera necesario «sensibilizar a las empresas de construcción» para que operen teniendo en cuenta este concepto.
Para propiciar esta actuación, Javier García Breva, gerente de la Fundación Renovables que ha estado presente en el acto, ha recordado que será necesario «un nuevo enfoque de la política energética, basado en un cambio de regulación a nivel estatal», así como en «políticas coherentes» y en la aplicación de tecnologías inteligentes.
Así mismo, el gerente de la Fundación ha asegurado que hoy «el recibo de la luz no ayuda a ahorrar» y que «partimos de la concepción del ahorro energético más como un castigo que como una incentivación», cuando sería preferible «desplegar sistemas de energías renovables y logar el autoconsumo«.
Transformar el actual modelo lineal de producción en otro circular que prime el reciclaje de materiales y conseguir un «consumo de energía nulo» en los edificios para 2050 son las dos principales líneas de actuación que deberían perseguirse, ha resumido Stephen Richardson, director del Consejo para la Edificación Sostenible en Europa al que pertenece GBCe desde 2008.
Al mismo tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el proceso de consulta pública previa al proyecto de Real Decreto por el que se establecerá un mecanismo para acreditar que las empresas incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética han cumplido con parte de las obligaciones derivadas del mismo.
“La futura norma contribuirá a cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca la senda de reducción de emisiones en la presente década y que espera alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030”, han señalado en un comunicado.
Para alcanzar ese objetivo, han señalado que es necesario activar nuevos mecanismos e instrumentos que se sumen a los actuales y faciliten su cumplimiento, entre ellos “un mecanismo de certificación de ahorro energético (CAEs) para las entidades incluidas en el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética”.
Asimismo, la normativa habilita al Gobierno a fijar un mecanismo que acredite el cumplimiento de las obligaciones del sistema. Según han detallado desde el ministerio, este mecanismo estaría basado en la presentación de CAEs que resulten de las actuaciones de eficiencia energética que las empresas hayan realizado o promovido entre sus clientes finales.
En base a ello, el Ejecutivo “emprende la regulación, vía Real Decreto, del sistema, para lo cual abre un proceso de consulta pública con el objetivo de recabar las opiniones de las partes interesadas y del conjunto de la ciudadanía”, han añadido.
La consulta previa incluye siete preguntas en las que aborda cuestiones como las posibles ventajas y desventajas de un mecanismo de acreditación, el porcentaje de obligación anual de ahorro de energía que debería quedar acreditado por el CAEs, posibles barreras regulatorias o económicas o una estimación del potencial de ahorro de energía final derivada de la implantación del sistema de CAEs, entre otras.
