La Comisión Europea ha aprobado un régimen de ayudas de 3.000 millones de euros para apoyar la investigación, el desarrollo, la innovación, el medio ambiente y la eficiencia energética en la cadena de valor de la industria automovilística
El Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE) de Vehículos Eléctricos y Conectados, el único aprobado por el Gobierno de España por el momento, acaba de recibir un importante impulso con la aprobación por parte de la Comisión Europea, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, de un régimen de ayudas por valor de 3.000 millones de euros. Los fondos se destinarán a apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación, así como las medidas de protección del medio ambiente y la eficiencia energética adoptadas por las empresas en la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados.
El régimen de ayudas ayudará a España a acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada. Se financiará en parte con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tras la evaluación positiva de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia español y su adopción por el Consejo.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado que «este régimen español por valor de 3.000 millones de euros contribuirá a facilitar una cadena de valor innovadora y sostenible de los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales de la UE y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Desempeñará un papel importante en la recuperación ecológica y digital de la economía española, al tiempo que se reducirán al mínimo los posibles falseamientos de la competencia».
El régimen durará hasta finales de 2023 y estará abierto a consorcios de empresas interesadas establecidas tanto dentro como fuera de España. Cada consorcio incluirá empresas activas en muy diversos sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios estará constituido por pequeñas y medianas empresas (pymes). Las ayudas se concederán mediante un proceso de selección competitivo y serán en forma de subvenciones y préstamos preferentes bonificados.
Nuevo órgano de seguimiento
Paralelamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico contará con una nueva división que se encargará del seguimiento de la aplicación de la normativa ambiental en el despliegue de los 69.528 millones de euros atribuidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El objetivo de esta división será lograr que el despliegue de estos fondos europeos cumplen el principio dictado por la UE de que las inversiones no causan un daño significativo al medio ambiente y que se alcanzan unos porcentajes predeterminados de contribución en materia medioambiental y climática.
La División para el Seguimiento de la Aplicación de la Normativa Medioambiental dependerá de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para garantizar que la asignación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia impulsa la recuperación y logra el máximo impacto contra cíclico.
Dicho plan establece que la transición ecológica es uno de los 6 pilares de actuación y que el Mecanismo deberá apoyar este principio, contribuyendo a los objetivos climáticos europeos.
No obstante, esta división tiene vocación de permanencia, ya que según informa el BOE, su «horizonte temporal va mucho más allá que el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo a este respecto significativos los compromisos asumidos por España bajo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima».
