Un año después del inicio de la pandemia, el gasto para la recuperación de los Gobiernos mundiales no está cumpliendo con los compromisos de reconstruir de manera más sostenible: solo el 2,5 % del gasto global es «verde»



A lo largo del año pasado, la pandemia de coronavirus obligó a que casi todos los gobiernos del planeta tuvieran que preparar paquetes de ayuda por valor de varios billones de dólares, creando lo que algunos observadores han llamado una oportunidad única para hacer inversiones sostenibles e intentar salvar a la Tierra de la inminente catástrofe ambiental que supone el cambio climático. Sin embargo, ese camino hacia una recuperación ecológica no está siendo fácil hasta el momento. Solo un 2,5% del gasto global en medidas de recuperación frente a la crisis del coronavirus fue «verde», según un informe publicado este miércoles por el Observatorio de la Recuperación Global, impulsado por el Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA) y la Universidad de Oxford.
En concreto, el documento revela que únicamente 368.000 millones del total de 14,6 billones de dólares gastados por estos países en medidas de recuperación a corto y largo plazo tienen “características ecológicas positivas”, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el capital natural. Es más, tras analizar 3.500 políticas públicas de más de 50 países, los investigadores han podido concluir que el gasto verde se concentra en países y poblaciones más ricos, lo que amenaza con reforzar las peligrosas desigualdades prepandémicas. En concreto, los Estados con «economías avanzadas» gastaron una cantidad 17 veces mayor por habitante que las naciones con mercados emergentes.
De hecho, el informe apunta que la recuperación sostenible «no será posible si persiste la desigualdad entre los países emergentes y los países desarrollados» a la hora de impulsar políticas de recuperación frente a la pandemia. “La humanidad se enfrenta a una pandemia, una crisis económica y un colapso ecológico; no podemos permitirnos perder en ninguno de los frentes”, ha afirmado en un comunicado la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, para quien el informe brinda a los Estados «herramientas para navegar hacia recuperaciones más sostenibles e inclusivas».
El principal motivo de esta falta de inversión «verde» es el temor a un colapso económico a corto plazo. La crisis causada por la pandemia ha generado una reducción del producto interior bruto (PIB) global de aproximadamente el 3,5 % en 2020, según el Fondo Monetario Internacional, así como la pérdida de cientos de millones de empleos, por lo que los gobiernos han tenido que destinar parte de su gasto fiscal a medidas de «rescate» inmediato. En este sentido, el informe advierte de que «un enfoque unidimensional en la recuperación económica a corto plazo corre el riesgo de exacerbar aún más las crisis sociales y ambientales a la larga».
Por ejemplo, se han anunciado 368.000 millones de dólares en gastos nacionales en programas que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, una suma que palidece en comparación con los 14,6 billones de dólares en gasto total anunciado por las cincuenta economías más grandes. También, y a pesar de la gravedad de la contaminación del aire, que causa hasta 9 millones de muertes al año, se considera que solo el 16% del gasto total en recuperación reduce potencialmente la contaminación del aire. Y cuando se trata de preservar el capital natural y revertir la degradación de los ecosistemas, “solo el 3% del gasto en recuperación se considera positivo”.
Últimas oportunidades
A pesar del díficil panorama que dibujan los datos de gasto público analizados hasta el momento, el autor del informe e investigador de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Brian O’Callaghan, considera «aún quedan oportunidades de gastar de manera sabia en la recuperación». «Los gobiernos pueden aprovechar este momento para asegurar la prosperidad económica, social y ambiental a largo plazo», ha señalado.
Si bien hasta ahora «el gasto ecológico no ha sido proporcional a la magnitud de la crisis ambiental», el informe también destaca medidas positivas, como la ampliación del transporte público, que concentró un 30% de la inversión total en esa área, o el gasto en «capital natural», del cual hasta un 35% se destinó a parques públicos y espacios verdes.Lo cierto es que la reconstrucción «verde» no es solo una necesidad planetaria a nivel de biodiversidad y clima, sino que tiene una fuerte racionalidad económica detrás. Y es que el desarrollo de políticas públicas de recuperación «verdes» puede tener consecuencias favorables para la salud, la seguridad alimentaria o incluso el empleo, al mismo tiempo que permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 25% para 2030, cerca de la bajada de un tercio necesaria para limitar la temperatura del planeta dos grados centígrados por encima de la época preindustrial, el objetivo que marca el Acuerdo de París firmado en 2015.
Es decir, el informe enfatiza que la recuperación verde puede generar un crecimiento económico más fuerte, al tiempo que ayuda a cumplir con los objetivos ambientales globales y a abordar la desigualdad estructural. Eso sí, para evitar que se pierdan décadas de avances en la lucha contra la pobreza, los países de bajos ingresos requerirán una significativa financiación en condiciones favorables por parte de los socios internacionales.
