La Comisión Europea ha presentado un gigantesco paquete legislativo que afectará a todos los ámbitos de la economía y la sociedad en la búsqueda de la neutralidad climática, con cambios normativos que van desde las renovables hasta los mercados de carbono y la automoción
Europa está lista para empezar a acometer las importantes transformaciones económicas y sociales que implica la lucha contra el cambio climático. La Comisión Europea ha presentado este miércoles el paquete legislativo Fit for 55, un ambicioso y gigantesco proyecto mediante el que se revisarán casi una decena de normativas europeas relacionadas con las emisiones y el mercado de carbono, la automoción, la energía o la edificación y se lanzarán otras cinco nuevas legislaciones con el objetivo de estar «en forma para el 55», una alusión clara al porcentaje de reducción de emisiones que se quiere alcanzar en 2030. Bruselas pretende por tanto revolucionar por completo la forma de vivir, trabajar, desplazarse, consumir y producir de la sociedad europea para situar el continente en la vanguardia de la búsqueda de la neutralidad climática, un cambio que según los expertos exigirá un gran salto tanto a nivel social como tecnológico
No será una misión fácil. Entre las metas que del Fit for 55, está el endurecer las tasas del mercado comunitario de carbono, prácticamente doblar la cuota de renovables comunitaria, encarecer las importaciones desde países que no tengan estrictas normas climáticas o limitar casi por completo la venta y circulación de vehículos de combustión interna en algo más de una década. Y es que el objetivo último del Ejecutivo europeo no es solo reducir las emisiones, sino transformar nuestros hábitos al mismo tiempo que se genera un crecimiento económico más sostenible y se reduce la dependencia energética de la UE, que gasta unos 27.500 millones de euros al mes en importaciones energéticas, en particular de combustibles fósiles.
En cualquier caso, la mastodóntica revisión de normativa comunitaria que propone la Comisión aun deberá ser negociada durante el próximo año con el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete. Sin embargo, Bruselas considera que la importancia de este paquete y el poco tiempo del que dispone la UE para cumplir con los objetivos que ella misma se ha marcado en materia de emisiones jugarán a favor de una aprobación relativamente rápida: en concreto, se espera que muchos dosieres se cierren durante el segundo trimestre de 2023, cuando de hecho recaerá en España la responsabilidad de ejercer la presidencia de turno del Consejo de la UE.
Previsiblemente, y como ha ocurrido hasta ahora, una de las claves para la aprobación definitiva del Fit for 55 será vencer las reticencias de países más climáticamente escépticos como Polonia o la República Checa, que tienen además todavía una alta dependencia del carbón. En este punto, jugarán un gran papel los planes europeos de transición justa, que buscarán evitar mediante planes de reconversión y transferencias directas que la población cuyo trabajo está ligado a sectores más contaminantes se vea perjudicada por los cambios hacia la neutralidad de carbono y haya un estallido social parecido al de los chalecos amarillos en Francia, que tuvieron como principal motivación la introducción de una tasa de carbono que subía el precio de los carburantes. Por eso, la Comisión plantea la creación de un fondo social multimillonario para paliar el impacto en los países o regiones con mayores dificultades para acometer la transición ecológica y con ayudas para los hogares más vulnerables o desfavorecidos.
“La economía de combustibles fósiles ha llegado a sus límites. Queremos dejar a la próxima generación un planeta saludable, así como buenos empleos y un crecimiento que no dañe nuestra naturaleza. Europa fue el primer continente en declarar que quería ser climáticamente neutral en 2050, y ahora somos los primeros en poner una hoja de ruta concreta sobre la mesa», ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha participado en la puesta de largo del Fit for 55 junto a casi una decena de comisarios. Entre ellos estaba por supuesto el vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, que ha enfatizado que «esta es la década decisiva en la lucha contra las crisis climáticas y de biodiversidad», reconociendo además que «lograr un futuro verde y saludable para todos requerirá un esfuerzo considerable en todos los sectores y todos los Estados Miembro».
«Con el Pacto Verde Europeo, la UE quiere alcanzar la neutralidad climática para 2050 y reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030. La Ley Europea del Clima hizo que estos compromisos fueran vinculantes, y hoy el Parlamento Europeo acoge con satisfacción la adopción del mayor paquete de legislación sobre el clima, energía y transporte para alinear nuestras leyes con estos nuevos objetivos», ha explicado por su parte David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo que se espera sea uno de los aliados principales de la Comisión en las negociaciones con el Consejo.
Mercado de carbono
La piedra angular de la política climática europea es el mercado de emisiones puesto en marcha en 2005, un mecanismo conocido como ETS que pone un precio a cada tonelada de carbono emitida por unas 10.000 instalaciones en el sector energético y la industria manufacturera, así como en los vuelos dentro de la UE. En concreto, el sistema impone un techo de emisiones para cada unidad de producción y obliga a comprar títulos por cada tonelada de CO₂ que se emita de más. Cubre alrededor del 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE, mientras que el 60% restante está cubierto por el reglamento de reparto del esfuerzo, que aborda las emisiones del transporte, la industria y la agricultura.
Sin embargo, hasta ahora ha existido una práctica de distribuir subsidios a algunas industrias de forma gratuita, una política que además de ir en contra del principio de quien contamina paga ha obstaculizado el intento de la UE de descarbonizarse, según varias organizaciones especializadas en clima y medio ambiente. Por eso, el paquete normativo de Bruselas apunta a la progresiva retirada de títulos y de la entrega gratuita, además de incorporar al sector marítimo al mix, lo que podría elevar el precio del carbono de los actuales 50 euros por tonelada hasta los 70 y mandar una señal muy clara al mercado de que la emisión de grandes cantidades de carbono es casi incompatible con la rentabilidad. Además, la mitad de lo que recaude la UE de este mercado de carbono, irá precisamente destinado a financiar el fondo de transición justa que con toda seguridad será vital en las negociaciones.
Esta reforma del mercado de emisiones viene acompañada de un gravamen a las importaciones con un estándar climático inferior al europeo, una herramienta con la que la UE pretende motivar a terceros países a aumentar su ambición climática. El llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), es un innovador sistema que prevé gravar en las fronteras de la UE los productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro. Y es que esta herramienta, que puede colisionar con las normas de la Organización Mundial del Comercio, pretende evitar que las industrias comunitarias se deslocalicen a países con normas más suaves, lo que se conoce como «fugas de carbono».
El CBAM ha generado bastante expectación e incertidumbre y no se descarta que quede sin efectos para aquellos países que pongan precio al carbono, como pretende China. Por el momento, si bien el Parlamento Europeo se ha mostrado firmemente a favor de la idea y ha pedido que el mecanismo esté en funcionamiento para 2023, otros han sido más cautelosos. De hecho, la industria europea del aluminio ya se ha manifestado en su contra, diciendo que sería preferible mantener los derechos de emisión gratuitos del ETS, que podrían ampliarse según las intenciones de la Comisión a otros sectores como la agricultura o la edificación, aunque aún no está demasiado claro el cómo. El objetivo final sería en cualquier caso empujar a los Estados miembro a mejorar la eficiencia climática exponiendo a las empresas de construcción o fabricación de automóviles a pagar multas por cada tonelada de emisiones que supere el nivel establecido.
Transporte y renovables
Más allá de la introducción o no de un ETS para el transporte rodado, la Comisión tiene claro que esa es otra de las vías prioritarias sobre las que actuar, ya que la movilidad de personas y mercancías genera más del 25% del total de CO2 de la UE y sigue creciendo cerca de un 1% anual, mientras que el total de emisiones cayeron un 3,7% entre 2019 y 2018. Por eso, Bruselas propone reducciones de emisiones más duras para coches y furgonetas, que serán de en torno a un 60% en 2030 (frente al 37,5% previsto actualmente) y el 100 % en 2035. Esto significa en la práctica que a partir de mediados de la próxima década no se podrán vender ningún tipo de vehículo nuevos que emita dióxido de carbono, lo que según los cálculos de la Comisión llevará a que en 2050 hayan desaparecido los turismos de combustión interna gracias a la renovación natural del parque móvil, que recibirá además ayudas públicas. En paralelo, se incrementarán los puntos de carga para que el vehículo eléctrico sea el coche del futuro, aunnque el Ejecutivo europeo espera que los Gobiernos nacionales aprovechen la entrada de fondos europeos para la recuperación post-pandémica para ir avanzando en este frente aunque no haya todavía obligación legal.
Además, la Comisión también quiere meter mano al transporte marítimo y aéreo. Por un lado, pretende exigir que todo barco que atraque en la UE utilice combustibles limpios, aunque no llene los depósitos en territorio comunitario. Por otro, en lo relativo a la aviación comercial, los vuelos intraeuropeos seguirán cubiertos por ETS, como ocurre desde 2012, pero los extraeuropeos ingresarán en el futuro mecanismo global del sector, CORSIA. A esto hay que añadir que las aerolíneas estarán obligadas a mezclar progresivamente biocombustibles no contaminantes con el queroseno, al que se le aplicaría un nuevo impuesto en vuelos comerciales intraeuropeos. En cualquier caso, esa tasa es parte de una amplia reforma fiscal que pretende gravar la energía en función del CO2 que genere su producción.
El tercer gran foco del Fit for 55 es la producción energética, vital para alcanzar los objetivos de neutralidad climática. Del actual objetivo del 32% de electricidad renovable en el consumo final bruto de la UE en 2030 se pasará con este paquete a cerca del 40%. Un objetivo que, además de ser legalmente vinculante para los países, obliga a multiplicar por dos la implantación de las renovables actual en una década y requiere de un ritmo de crecimiento nunca visto hasta ahora, ya que según los últimos datos disponibles la cuota actual de energías limpias en la UE es del 19,7%.
Por último, se revisa también la legislación sobre el uso del suelo para aumentar los llamados «sumideros de carbono» capaces de atrapar CO2, como los bosques, o la normativa sobre reparto de esfuerzos para garantizar una contribución solidaria entre países. Además, la Comisión tiene previsto adoptar normas de gobernanza forestales más sólidas y transparentes, que reafirmen su compromiso de proteger estrictamente todos los bosques a nivel europeo con una nueva Estrategia forestal europea.
