Francia protege como patrimonio los sonidos y olores del campo

Francia legislará la protección como “patrimonio sensorial” de los sonidos y olores del mundo rural, desde el canto del gallo o las campanadas de las iglesias, hasta los efluvios de los establos, al entender que forman parte del entorno tradicional de un territorio y son indispensables para su equilibrio social y económico


El Parlamento francés dio este jueves su visto bueno definitivo a una proposición de ley destinada a definir y proteger “el patrimonio sensorial” de los campos franceses, término en el que se incluyen desde el canto del gallo al alba hasta los efluvios que se desprenden de los establos.

Tras su adopción en enero del año pasado en la Asamblea Nacional, el Senado cerró ahora su trámite parlamentario con su aprobación sin enmiendas, tras la cual el texto será promulgado aproximadamente en unos diez días.

Su impulsor, en septiembre, fue el diputado Pierre Morel à l’Huissier, de la Unión de los Demócratas e Independientes (UDI), que recuerda que ciertos ruidos y olores forman parte del entorno tradicional de un territorio y son indispensables para su equilibrio como sociedad y económico.

La existencia de ese tipo de ruidos ha llegado a acabar en los tribunales. El caso más mediático fue el del gallo Maurice, denunciado por una pareja del centro de Francia que tenía una segunda residencia en L´ile de Saint-Pierre-d’Oléron y que acusó a la dueña del animal por las molestias que les ocasionaba su canto.

La justicia francesa dio la razón en septiembre a los propietarios del gallo e impuso a los querellantes que les pagaran mil euros en concepto de daños y perjuicios, sin posibilidad de recurso.

La proposición de ley aprobada estima que el reconocimiento de esos sonidos y olores, y su identificación como elementos de los territorios rurales, permitirá frenar posibles contenciosos entre vecinos.

Vista del pueblo y el campanario de la iglesia de Villedomange de Champagne (Francia).

El texto aplica un régimen particular a las campanas de las iglesias y establece que, aunque le corresponde al alcalde regular su uso en favor de la tranquilidad y del orden públicos, debe conciliarlo con el respeto de la libertad de culto.

Su objetivo es aportar a los dirigentes locales “elementos factuales y científicos en los que apoyarse” cuando deban actuar en posibles contenciosos entre los habitantes y constituye así una primera base jurídica que les sirva en su labor de mediación.

“Esas nociones de patrimonio no estaban en la ley. Hoy corregimos ese error”, dijo el diputado Morel à l’Huissier en la cadena televisiva BFM y señaló que, al incluir las especificidades de cada zona, ya sea la presencia de vacas o de cigarras, el juez podrá decir al demandante que no podía ignorar esas características y se evitarán con ello “quejas abusivas”.


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