El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el detalle de las reformas e inversiones por importe de 70.000 millones de euros que se sufragarán con fondos europeos
La recuperación económica española vuelve a estar en manos de Bruselas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, en el que se detallan las reformas e inversiones por importe de 70.000 millones de euros que el Gobierno prevé ejecutar entre 2021 y 2023 con cargo a los fondos europeos. Aunque el grueso del plan ya ha sido desvelado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en varias ocasiones e incluso fue defendido el miércoles pasado en el Congreso, el envío a la Comisión Europea del plan, que se producirá esta semana, es un paso clave antes de conocer la forma definitiva que adoptará la reconstrucción, aunque en cualquier caso deberá privilegiar la transición energética y digital.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que el gabinete ha dado la autorización para remitir el documento a la Comisión Europea dentro del plazo previsto que acaba el 30 de abril. «Se trata del plan económico más ambicioso que ha tenido nuestro país y que tiene que sentar las bases para que las futuras generaciones puedan vivir en un país mejor, más sostenible, más productivo y más social», ha asegurado Montero.
Por su parte, Pedro Sánchez, ha destacado en su cuenta de Twitter que el plan «brinda un horizonte de esperanza, progreso y bienestar» al apostar por «una España verde, inclusiva, justa y feminista». De acuerdo con lo que ya se conoce del plan, Sánchez ha vuelto a explicar que los 70.000 millones se repartirán en 20 «programas tractores» que tendrán un efecto multiplicador sobre la economía superior a 1, es decir, que por cada euro de inversión el PIB mejorará en más de un euro.
La transición al vehículo eléctrico a través de una estrategia de movilidad «sostenible, conectada y segura» se llevará 18,85 de cada 100 euros, con un total de 13.200 millones. La segunda partida más importante será para la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (6.820 millones), seguida de la modernización de las administraciones públicas (4.315 millones), la digitalización de las pymes (4.066 millones) y la hoja de ruta del 5G (3.999 millones).
Una reconstrucción en seco
También se conoce el destino de la inversión de 1.700 millones de euros asignados al sector del agua dentro del Plan de Recuperación, de los cuales 800 serán para la protección de ríos y la prevención de inundaciones y 250 millones servirán para digitalizar la administración del agua. Sin embargo, estas cifras suponen tan solo el 4% del total de los presupuestos de reconstrucción, y apenas un 10% de lo destinado al MITECO, lo que significa que la reconstrucción en seco se consolida pese a la necesidad de realizar inversiones en infraestructuras para conseguir el equilibrio hídrico en España, un país cuyas reservas de agua sufrirán especialmente las consecuencias del cambio climático.
En palabras de Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica “el dinero mejor invertido es el que se destina a la prevención y a construir mayor resiliencia”, pero no parece que 800 millones de euros vayan a ser suficientes para resolver el desafío. Y es que, en España, se necesitan al menos 2.500 millones de euros anuales de inversión solo para mantener las infraestructuras hidráulicas ya existentes y adaptarlas al cambio climático, única manera de seguir garantizando la seguridad hídrica.
Por lo menos, el Plan de Recuperación sí servirá para acabar con el problema del saneamiento, que a España le cuesta en multas 20 millones de euros anuales, por los más de 500 expedientes de sanción que Bruselas nos ha impuesto por incumplimientos de la Directiva Marco del Agua en esta materia. La vicepresidenta ha anunciado que “en breve” el Consejo de Ministros lanzará un plan de saneamiento y depuración para pequeñas aglomeraciones urbanas, que contará con una dotación de 100 millones de euros. Y es que el agua, ha resumido Ribera, es un recurso “finito e insustituible” ya que resulta “esencial para las personas, conector de los sistemas ambientales, sociales, económicos y culturales”, por lo que el sector será uno de los “protagonistas de la recuperación europea”.
Además de aprobar el Plan de Recuperación, el Consejo de Ministros también ha aprovechado la sesión de este marte para trasladar a la normativa española varias directrices europeas para dar un paso más en la estrategia de economía circular y apostar por una mayor durabilidad de los bienes con el fin de lograr patrones de consumo más sostenibles, luchar contra la obsolescencia y reducir el impacto en el medio ambiente.
La reforma, según explica el Ministerio de Consumo, incorpora la durabilidad de un producto como criterio objetivo para que el consumidor evalúe si está conforme con la compra, con lo que cuando un bien no tenga la durabilidad que la empresa y el consumidor hayan pactado a través del contrato de compra, el cliente podrá elegir entre la reparación o la sustitución del mismo.
En este sentido, Consumo amplía los plazos obligatorios de garantía y de reparabilidad para aumentar la vida útil de los productos, que pasa en términos legales hasta los tres años y hasta los dos años para los contenidos o servicios digitales. Para evitar que los consumidores sean inducidos a error, las garantías comerciales que se incluyan en la publicidad asociada prevalecerán a las de la declaración de garantía legal si son más beneficiosas para el consumidor.
