El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la Hoja de Ruta del Biogás, que prevé multiplicar por 3,8 la producción actual, y una Planificación Eléctrica en el horizonte 2026 diseñada para desplegar nuevas renovables y reducir costes energéticos
En un momento en el que el conflicto en Ucrania está generando serios problemas en los mercados energéticos, el Gobierno continúa con su apuesta por la transición ecológica para lograr autonomía estratégica al tiempo que avanza en sus objetivos de reducción de emisiones. Y lo hace a través de las renovables y el biogás: este martes, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la Hoja de Ruta del Biogás, con la que pretende identifica los retos y oportunidades del desarrollo de este gas de origen renovable y multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh. Además, también se ha dado luz verde al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, diseñado para desplegar nuevas instalaciones renovables en las zonas con mejores recursos y menor impacto ambiental, lo que hará que la generación renovable crezca hasta el 67% del total de aquí a 2026.
En concreto, la Hoja de Ruta está enfocada en la valorización de residuos (agropecuarios, industrias agroalimentarias, municipales y lodos de depuradora), lo que impulsará el aprovechamiento del biogás por dos grandes vías: la producción de electricidad y calor útil –sobre todo para la industria–, y su utilización como biocombustible sostenible en movilidad. Por el momento, se encuentra en tramitación una orden ministerial con las bases reguladoras para repartir ayudas por 150 millones de euros, con los que se pretende aprovechar el enorme potencial circular que ponen en valor sectores como el agua urbana.
Según apunta el MITECO, este desarrollo del biogás, particularmente importante en el actual contexto europeo, permitirá evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. También servirá para reducir la dependencia energética y reforzar la economía circular, y fijará población rural, gracias al crecimiento de su amplia cadena de valor empresarial. Por otro lado, el uso de esta fuente de energía en el transporte facilitará cumplir el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, de alcanzar una cuota de energía renovable del 28% en 2030, así como los hitos europeos de penetración de biocarburantes avanzados, que deberán llegar al 3,5% del total ese mismo año.
En cualquier caso, el despliegue del biogás, además de ser una de las medidas recogidas en el PNIEC, se incluye también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobiern, que está dotado de los fondos europeos Next Generation, y forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA). En concreto, dentro de la componente 7 del PRTR, para el Despliegue e integración de energías renovables, se van a lanzar próximamente las primeras ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás que contribuyan a descarbonizar distintos sectores de la economía. Estas instalaciones podrán ser de digestión anaerobia; para la producción de calor, generación de energía eléctrica, cogeneración, o producción de biometano; o instalaciones para tratamiento del digerido.
Los gases renovables forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y contribuyen a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de energías renovables propuestos para España en el año 2030. Asimismo, el despliegue del biogás presenta numerosos beneficios medioambientales y permite crear sinergias con las industrias locales mediante su uso en localizaciones cercanas a su producción.
Este carácter estratégico se ha visto reforzado por la coyuntura internacional, el conflicto en Ucrania y la escalada de precios del gas de origen fósil, tal y como demuestra la reciente Comunicación de la Comisión «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible», que contempla incrementar la ambición de los objetivos del paquete «Fit for 55» para los gases renovables producidos a partir de fuentes de biomasa sostenibles, en particular los desechos y residuos agrícolas. En este sentido, el MITECO asegura que la Hoja de Ruta del Biogás contribuirá a conseguir estos objetivos y se complementará con varias de las políticas transversales del Gobierno de España, como el desarrollo de la economía circular, el reto demográfico y la transición energética justa e inclusiva.
Un 67% de renovables para 2026
Por otro lado, en el mismo Consejo de Ministros de este martes también se ha aprobado el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026, con el que se busca que la generación renovable crezca hasta el 67% del total -en 2021 llegó al 46%-, reduciendo la generación con gas y rebajando la factura energética del país. La iniciativa, ligada a una inversión de 6.964 millones de euros, creará según el Gobierno cerca de 80.000 empleos y permitirá un ahorro en costes energéticos superior a los 1.600 millones anuales.
La Planificación Eléctrica, de carácter vinculante, se deriva del escenario indicativo definido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Por primera vez no tiene su principal motivación en atender al crecimiento de la demanda, sino en potenciar la producción renovable y en maximizar el uso de la red existente, gracias a nuevas tecnologías, como baterías o compensadores síncronos. También por primera vez se ha sometido a un intenso proceso de participación pública, más allá de los requisitos legales, en el que se han recibido más de 3.200 alegaciones.
La Planificación contempla una inversión de 5.704 millones para actuaciones de refuerzo de la red de transporte nacional, mientras que otros 1.260 millones recalarán en interconexiones internacionales con Francia, Marruecos, Portugal y Andorra. Durante los próximos años se mejorarán 8.000 kilómetros de redes existentes y se construirán 2.700 kilómetros de nuevas líneas y 700 kilómetros de interconexiones submarinas.
La mayor partida inversora, el 27% del total, con casi 1.900 millones, se destinará a la integración de renovables y a mitigar las restricciones técnicas que impedirían el aprovechamiento de renovables. Le siguen los enlaces submarinos para sistemas no peninsulares, con casi 1.500 millones, las interconexiones internacionales, y las actuaciones para garantizar la seguridad, calidad y fiabilidad del suministro. Una inversión por lo tanto centrada en infraestructuras con una media de 40 años de vida útil, que impulsará los sectores asociados a la fabricación, ingeniería, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. En este sentido, se estima que un 80% la recibirán bienes y servicios españoles, de modo que aumentará el PIB en más de 4.600 millones y creará más de 78.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Adicionalmente, permitirá el desarrollo de actividades tan relevantes como el transporte por ferrocarril, los centros de datos o los primeros centros de producción de hidrógeno renovable.
La Planificación ha incorporado la dimensión ambiental desde que comenzó a elaborarse hace tres años y su evaluación ambiental estratégica ha avanzado de un modo paralelo durante todo el proceso, contando con una intensa participación pública. Además, se ha aplicado una metodología pionera de catalogación para identificar las zonas con menor impacto ambiental y mayores recursos renovables. Así, tras un exhaustivo análisis de alternativas, se ha logrado una síntesis óptima que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico hasta los 17 millones de toneladas en 2026, un tercio del nivel de 2019.
