El Gobierno ha pactado con el PNV un paquete de enmiendas a los presupuestos entre las que se incluye la eliminación del impuesto al diésel, un movimiento que aleja a España de la fiscalidad verde europea
Los privilegios fiscales al diésel continuarán en España, al menos, un año más. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha pactado con el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez un paquete de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entre las que se incluye la eliminación del «impuesto» a este combustible fósil. Aunque con esta medida, que suponía reducir la bonificación de la que goza este combustible hasta los 3,8 céntimos por litro, el Ejecutivo esperaba recaudar unos 500 millones de euros, finalmente la presión de los nacionalistas vascos ha impedido que se haga realidad una propuesta que sin embargo lleva ya meses en la mesa de Sánchez.
A pesar de que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha comentado que su partido ha logrado «suprimir el impuesto al diésel» del proyecto de presupuestos, lo cierto es que en realidad el Gobierno no tenía pensado imponer ningún tributo específico. Y es que lo que se proponía concretamente en los PGE es que el tipo estatal general del diésel pasara de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5, algo que según el Ejecutivo habría supuesto un gasto adicional para el consumidor final medio de solo 2,3 euros por cada depósito de cincuenta litros.
Es decir, se proponía suprimir una bonificación fiscal que provoca que los precios al gasóleo en España se encuentren entre los más bajos de la Unión Europea. De hecho, la medida finalmente retirada del proyecto de presupuestos para 2021 solo planteaba modificar parcialmente el impuesto de hidrocarburos para acercar la tributación del diésel a la gasolina, de forma que el tramo estatal del tipo impositivo pasase de los 30,7 céntimos actuales a los 34,5 céntimos el litro, muy lejos aún de los 40,07 céntimos con que está gravado el consumo de gasolina. Además, la subida no afectaría al gasóleo profesional (Gasóleo A) ni tampoco al Gasóleo B, destinado a agricultura y pesca.
Curiosamente, esta misma semana, Reino Unido ha aprobado un adelanto a 2030 de la prohibición de vender nuevos vehículos de combustión interna, incluyendo diésel. Un futuro veto a los motores de gasóleo y gasolina que se ha logrado, según apuntaba el primer ministro británico Boris Johnson, tras extensas consultas con fabricantes y vendedores de vehículos. Sin embargo, en España, y a pesar de la importante apuesta del Gobierno por el desarrollo sostenible, este tipo de medidas parecen ser todavía utópicas.
De hecho, según apunta en un comunicado Ecodes, una organización ecologista sin ánimo de lucro, «el tratamiento fiscal privilegiado que disfruta el diésel en España está totalmente injustificado y es contrario a la necesidad de avanzar en la transición energética para conseguir la descarbonización de la economía».
Un combustible dañino
El diésel es un derivado del petróleo cuya combustión provoca una elevada emisión de óxidos de nitrógeno y partículas, cuyos efectos nocivos en la salud están ampliamente demostrados. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado los gases de escape de los motores diésel como carcinógeno.
Es más, la contaminación atmosférica cuesta cada año al sistema sanitario español cerca de 4.000 millones de euros, de los cuales más de 3.000 millones se deben a la contaminación causada por los vehículos diésel, según la Alianza Europea por la Salud Pública.
«Eliminar el trato fiscal favorable al diésel tendría efectos positivos para la salud pública y el clima. Por responsabilidad y coherencia con la crisis climática y la lucha contra la contaminación, todos los partidos políticos deberían apoyar la eliminación de la actual bonificación fiscal al diésel frente a la gasolina, que, aunque de forma parcial, se ha incluido en los PGE de 2021″, explica Carlos Bravo, responsable en España de la ONG europea Transport & Environment.
Además, la Comisión Europea ha señalado que eliminar las bonificaciones al gasóleo es una medida de fiscalidad verde que puede ser especialmente adecuada para equilibrar el presupuesto en estos momentos de bajos precios del petróleo. «Somos conscientes de que el sector de la automoción es indispensable actualmente para la economía y el empleo en España, pero también tenemos que hacer frente a las cuatro crisis actuales (sanitaria, social, ambiental y económica). El Gobierno debe proteger a la ciudadanía, y conseguir que no paguemos con nuestra propia salud», ha asegurado Mónica Vidal, directora de políticas públicas y gobernanza climática de Ecodes.
