Tras varios años de negociaciones, Japón ha confirmado que verterá el agua contaminada de Fukushima al océano Pacífico asegurando que garantizarán los estándares de seguridad para evitar posibles daños. Países vecinos y algunos sectores de la sociedad, sin embargo, se muestran disconformes
La central nuclear Fukushima Daiichi es un gigante dormido que necesita ingentes cantidades de agua para permanecer dócil en su letargo ya que sin ella los reactores de la central se desestabilizarían y amenazarían con causar una catástrofe mucho mayor que la vivida el 11 de marzo del 2011.
En teoría, esa estrategia para mantener estabilizada la central está funcionando, pero en la práctica está demostrando ser insuficiente, sobre todo, por el hecho de que esa agua no puede ser devuelta al medio inmediatamente después de su uso, sino que debe ser almacenada a la espera de que los radionucleidos que ha absorbido se eliminen por completo.
En la actualidad, Tepco, la empresa que gestiona la central, almacena en las inmediaciones de Fukushima más de 1.200.000 centímetros cúbicos de agua en 1.044 tanques que, según las estimaciones de la empresa, verán completada su capacidad en verano del 2022. Por ese motivo, y en vista de la imposibilidad de seguir construyendo más tanques, el gobierno de Japón ha decidido liberar el agua al océano Pacífico. El proceso comenzará dentro de dos años y podría durar décadas, según las previsiones de las autoridades.
El proceso en Fukushima comenzará dentro de dos años y podría durar décadas, según las previsiones de las autoridades
«La eliminación del agua tratada es un tema inevitable en el desmantelamiento de la planta de Fukushima Daiichi”, ha sentenciado el ministro, a la vez que ha dejado claro que se garantizarán los estándares de seguridad para evitar posibles daños.
En este sentido, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) presume de la solidez del plan, afirmando que el vertido no generará ningún riesgo para la salud humana debido a que los niveles de tritio -el único radionucleido que no puede ser eliminado- liberados al mar estarán por debajo de los estándares sanitarios nacionales y porque se trata de una práctica estándar de la industria nuclear en todo el mundo.
Según el plan del gobierno, el tritio se diluirá a menos de 1.500 bequerelios por litro, una 40 parte de la concentración permitida por las normas de seguridad japonesas y una séptima parte de la directriz de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable.
Oposición a la decisión
No obstante, esta decisión no ha despertado la misma alegría en algunos sectores, como el pesquero, muy dañado en la región de Fukushima. Para Hiroshi Kishi, director de la federación nacional de cooperativas pesqueras, se trata de acuerdo lamentable y absolutamente inaceptable que puede acabar con los pocos progresos conseguidos estos años.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China también ha mostrado su preocupación el acuerdo y ha protestado por la decisión japonesa, tomada según Pekín, «sin una consulta completa con los países vecinos y la comunidad internacional» y «sin haber agotado los métodos seguros de desecho».
«El océano es una propiedad compartida de la humanidad. El vertido de agua residual nuclear de la central de Fukushima no es solo un asunto nacional (de Japón)», señala el texto.
Asimismo, China instó a Japón a «reconocer sus propias responsabilidades, mantener una actitud científica, cumplir con sus obligaciones internacionales y responder a las graves preocupaciones de la comunidad internacional, los países vecinos y sus ciudadanos».
«China seguirá trabajando con la comunidad internacional para hacer seguimiento de los acontecimientos y se reserva el derecho de realizar otras respuestas», añade el texto.
Corea del Sur, por su parte, también ha lamentado la decisión del gobierno nipón por liberar el agua contaminada al océano que comparten: “Exigiremos medidas específicas por parte de Japón para certificar la seguridad de nuestra población y prevenir daños al medio marino”, ha argumentado Koo Yoon-cheol, director de la oficina de coordinación política del gobierno de Corea del Sur.
El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano también ha expresado que la decisión «puede tener un impacto directo e indirecto en la seguridad de nuestro pueblo y del medio ambiente circundante».
También Estados Unidos se ha referido a la decisión, señalando que el Gobierno japonés «en esa situación única y desafiante» ha sido «transparente en su decisión y parece haber adoptado un enfoque de acuerdo con las normas de seguridad nuclear aceptadas a nivel mundial».
