Teresa Ribera ha presentado las reformas e inversiones que afrontará el Ministerio de Transición Ecológica con cargo a los fondos europeos del Plan de Reconstrucción de los que su departamento absorberá 15.339 millones de euros, lo que supone un 21,95% de la inversión total
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado este jueves las líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de transición ecológica, que contará con una inversión de más de 28.000 millones destinados al impulso de una economía verde.
En su intervención ante los medios de comunicación, la vicepresidenta ha subrayado que, del total de 70.000 millones que movilizará el PRTR en el periodo 2021-2023, un 40,29% de las inversiones deberán contribuir a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la meta de plena descarbonización de la economía a 2050.
Asimismo, el 100% de las inversiones debe respetar el denominado “filtro verde”, de modo que la totalidad de reformas y actuaciones sujetas al Plan no provoquen ningún daño significativo al medio ambiente.
“Este plan relanza nuestra economía y nos permite alcanzar una mayor resiliencia ante futuros choques económicos y escenarios de incertidumbre«, ha destacado Ribera.
En este sentido, la vicepresidenta ha reseñado también la importancia de «contar desde ya con un marco normativo y estratégico como punto de partida para la activación de las reformas e inversiones procedentes de los fondos del Plan de Recuperación». El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde o la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética constituyen una base sólida para que España diseñe los ámbitos relacionados con energía y clima en el marco del Plan de Recuperación.
Las reformas estructurales articuladas por el MITECO en materia de transición ecológica componen un marco normativo estratégico para estimular la inversión privada, impulsar nuevos modelos de negocio y avanzar en la dinamización de los sectores económicos aplicando una perspectiva verde a todos los niveles.
En este sentido, el MITECO trabaja en el diseño una batería de medidas enmarcadas en los principales ejes de actuación del Plan de Recuperación. La Ley de Movilidad Sostenible, el nuevo marco normativo para el impulso del vehículo eléctrico, la actualización de la Ley de Aguas, la Estrategia Nacional de Autoconsumo o el desarrollo de comunidades energéticas locales son algunas de las reformas en marcha para garantizar la transición verde de la economía.
A su vez, las inversiones realizadas en cada una de estas reformas son claves para la recuperación económica. El Plan MOVES III para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de 100.000 puntos de recarga para 2023, las actuaciones en materia de eficiencia energética y de saneamiento y depuración en núcleos de menos de 5.000 habitantes son clara muestra del esfuerzo inversor del Gobierno en el modelo de recuperación sostenible.
“El desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y resiliencia climáticas permiten optimizar inversiones a la vez que preservamos y protegemos el capital natural del país”, ha valorado Ribera.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, espera que los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia movilizarán un volumen total de unos 100.000 millones de euros de inversión pública y privada y generar más de 250.0000 empleos netos en los próximos años porque la transición ecológica es «la columna vertebral de la mayor parte de las medidas que se integran» de cara a la recuperación económica.
El impacto que Ribera espera en el PIB es de unos 16.000 millones de euros al año al tiempo que prevé un ahorro de 23.000 millones de euros hasta 2023 por el ahorro en la demanda de importación de combustibles fósiles.
En ese contexto, ha subrayado la «apuesta clara» del Ejecutivo en el marco de este plan por la conservación de la biodiversidad y el medio natural, dado que la pandemia ha mostrado la relación «clave» entre la salud de los ecosistemas y la salud humana.
En concreto, ha precisado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico gestionará 15.339 millones de euros del total de los 69.528 millones de euros de estos fondos europeos hasta 2023, de los cuales 10.756 millones de euros se destinarán a transición energética justa e inclusiva y 4.583 millones de euros a infraestructuras y ecosistemas resilientes. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se prevé ejecutar ya este año 6.805 millones de euros.
De este importe total, en materia energética 3.165 millones de euros corresponderán a energías renovables, 1.555 millones de euros a hidrógeno renovable, 1.365 millones de euros a redes e infraestructuras eléctricas y 300 millones de euros a transición justa. Además, se incluyen 2.000 millones de euros a movilidad sostenible, 1.300 millones de euros a rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
Ribera ha apuntado reformas dirigidas a la conservación terrestre y marina, la restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes, la protección del litoral, la mejora y modernización de saneamiento y depuración, que incluye la recuperación de entornos fluviales o la mejora de la seguridad de presas y embalses, así como movilidad sostenible y rehabilitación energética de edificios o la implantación de la economía circular y varias actuaciones «importantes» en materia de energía.
La ministra ha explicado también la necesidad de acometer una modificación de fiscalidad verde que aproxime a España a la media de los estándares de la OCDE.
Respecto al calendario de reformas ha señalado que prevé la aprobación de la ley de cambio climático este mes de mayo y el resto de ellas entre 2021 y 2023: «la mayoría en lo que queda de 2021 o en el primer semestre de 2022». En ese plazo sitúa por ejemplo el plan de actuaciones de adaptación a la costa del cambio climático, el plan de depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales; el seguimiento de restauración de ecosistemas fluviales; la conservación de biodiversidad terrestre, marina y especies y hábitats.
Y hasta 2026 se acometerán las reformas de restauración ecológica de ecosistemas, conectividad, infraestructura verde, recuperación de suelos contaminados y restauración ambiental.
200 millones para recuperar el Mar Menor
Uno de los puntos de actuación clave en conservación y restauración es el entorno del Mar Menor, que Ribera ha definido como «uno de esos espacios identificados como ecosistemas en los que hay voluntad de invertir en su recuperación y que se suma a las actuaciones» que ya se han impulsado en este enclave.
En concreto, ha dicho que a los 100 millones de euros de los presupuestos ordinarios para su recuperación se podrán sumar otros 100 del plan de recuperación, transformación y resiliencia. De ellos, ha dicho que 35 millones ya están activos en 2021 y el resto llegarán entre 2022 y 2023.
Por otro lado, respecto a los potenciales beneficiarios de los fondos europeos ha indicado que el Plan de Recuperación «no es un fondo para grandes empresas», aunque las empresas energéticas más grandes han presentado en las manifestaciones de interés proyectos muy numerosos y por un importe muy elevado.
Según Ribera, ello no significa que finalmente vayan a ser los destinatarios y por el importe que han solicitado, y ha indicado que a lo que aspira el Gobierno es que esos fondos permitan beneficiarse a todos en su vida cotidiana, en cuestiones como la movilidad, la vivienda, las comunidades energéticas locales o el saneamiento de aguas, aunque eso no significa que algunos proyectos, por su complejidad, tengan como protagonistas a grandes empresas.
