La Comisión Europea ha publicado nuevas orientaciones técnicas con las que aspira a conseguir que los proyectos de infraestructura sean resilientes al cambio climático. Estas orientaciones ayudarán a integrar sistemáticamente las consideraciones climáticas en la inversión y el desarrollo futuros de proyectos de infraestructura
La Comisión Europea (CE) ha publicado nuevas orientaciones técnicas para proteger los futuros proyectos de infraestructuras ante el cambio climático con el fin de identificar los posibles riesgos al desarrollar las construcciones.
Las orientaciones para el periodo 2021-2027 establecen principios y prácticas comunes para la identificación, clasificación y gestión de los riesgos climáticos a la hora de planificar, desarrollar, ejecutar y supervisar los proyectos y programas de infraestructuras.
Por este motivo, la construcción en zonas que pueden verse afectadas por la subida del nivel del mar requerirá una atención especial. Asimismo, las vías férreas se tendrán que adaptar para tolerar el calor debido al aumento previsto de las temperaturas máximas.
En el caso de las infraestructuras cuya vida útil se prolongue más allá de 2050, las orientaciones establecen que la explotación, el mantenimiento y la clausura final de cualquier proyecto deben llevarse a cabo de manera climáticamente neutra, solución que puede incluir consideraciones de economía circular, como el reciclado o la asignación de los materiales a nuevos fines. La resiliencia frente al cambio climático de los nuevos proyectos de infraestructura debe garantizarse mediante medidas de adaptación adecuadas, basadas en una evaluación del riesgo climático.
Las directrices están en consonancia con el Acuerdo de París y con el objetivo de la Unión Europea de perseguir la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% de aquí a 2030 y ser climáticamente neutra en 2050, es decir, ser capaz de absorber todas las emisiones de Co2 que se emitan a la atmósfera.Bruselas aprobó hace dos semanas una batería de propuestas para combatir el cambio climático, entre las que destaca una reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS) en 2025 para encarecer el precio por tonelada de Co2, incorporando al transporte aéreo, al marítimo, a los vehículos privados y a la energía que consumen los hogares.
También propuso gravar en las fronteras de la UE los productos importados de terceros países que necesiten para su fabricación más emisiones de C02 de las que Bruselas permitirá en el interior, una medida cuestionada por la ONU
Las orientaciones cumplen también con los requisitos establecidos en la legislación para varios fondos de la Unión Europea (UE), como InvestEU, el Mecanismo Europeo de Interconexión (MIE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo de Transición Justa (FTJ).
