El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17 es quizás uno de los más complicados de llevar a la práctica y, a la vez, uno de los más necesarios. A pesar de ser el último de la lista, el ODS 17 sirve másde base a todos los demás, ya que es el que se encarga de medir el grado de colaboración y gobernanza mundial en torno al desarrollo sostenible. Esto se consigue no solo tejiendo alianzas internacionales que garanticen la estabilidad macroeconómica mundial, sino que hace hincapié en la necesidad de movilizar recursos financieros para los países en desarrollo y fortalecer la recaudación nacional de ingresos para lograr un mundo más equitativo.
Precisamente, fue un 26 de junio de hace 75 años cuando se firmó la Carta de Naciones Unidas, el mayor ejemplo del esfuerzo internacional par lograr una mejor gobernanza. De hecho, tres de los cuatro objetivos fundacionales de la ONU son diferentes vertientes de este ODS 17: fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones.
La propia ONU es muy clara al respecto: los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación. Es más, el coronavirus ha puesto de manifiesto que es más necesario que nunca conseguir sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que no poseen los medios para recuperarse de la pandemia puedan hacer frenta al virus al mismo tiempo que consiguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, a pesar de que la colaboración internacional y el fortalecimiento del comercio son dos de las señas de identidad de la política comunitaria, lo cierto es que la Unión Europea (UE) lleva años estancada en la aplicación de este ODS.
De hecho, en lo que se refiere a la fiscalidad ambiental, hay que hablar incluso de retroceso. Esa es una de las principales conclusiones que se pueden extraer del informe presentado esta semana, en el que Eurostat mide el avance del conjunto de la UE los 17 ODS. Pero, ¿en qué consiste exactamente esa fiscalidad ambiental que aún no consigue asentarse en Europa? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la gobernanza mundial?
Una fiscalidad ambiental en retroceso
En principio, los precios de los productos y servicios deben incluir las externalidades negativas, como la contaminación u otros daños a la salud humana y al medio ambiente. Si todo lo que consumimos reflejara realmente los costes reales de su producción, las alternativas sostenibles serían más competitivas y la demanda probablemente aumentaría. Sin embargo, reflejar estos costes reales en los precios plantea un enorme desafío, ya que la mayoría de los bienes y servicios se comercializan internacionalmente y se debe considerar toda la cadena de suministro.
En consecuencia, desde Europa llevan años intentan impulsar una transición en cada país miembro para que los impuestos ambientales aumenten en relación con los laborales, que son una de las principales fuentes de ingresos de los Gobiernos. Con una mayor presión fiscal ambiental, se podría desalentar el comportamiento que es potencialmente dañino para el medio ambiente y proporcionar incentivos para disminuir la carga sobre el medio ambiente, al mismo tiempo que se potencia el mercado laboral y las tasas de empleo, que soportarían una menor carga fiscal. Esos incentivos mejorarían la gobernanza mundial al obligar a los países que quieren comerciar con la UE a elevar su ambición ambiental.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Comisión, en 2018, los impuestos ambientales representaron solo el 6% de los ingresos fiscales totales en la UE, mientras que los impuestos laborales representaron el 51,7%. De hecho, de media ha habido un descenso de la presión fiscal ambiental del 0,7% en los últimos quince años, y en la mayoría de países de la UE, especialmente en Irlanda y Luxemburgo, la caída ha sido de hasta dos puntos porcentuales. Tan solo Croacia, que ha subido sus impuestos ambientales un 1,5% y Letonia, que lo ha hecho un 0,2%, han mejorado en este aspecto.
En lo que respecta a España, la presión fiscal ambiental se ha reducido un 0,3%, lo que nos mantiene en la cola de Europa en esta materia. Pero esta paradoja no se limita a nuestro país: la proporción de los impuestos laborales sobre el total ha aumentado en la mayoría de los países de la UE desde 2013, lo que indica un cambio relativo de los impuestos del medio ambiente hacia los del trabajo. Todo lo contrario de lo que propone el objetivo 17. Y, sin una correcta fiscalidad nacional, es casi imposible fomentar la gobernanza mundial y potenciar la ayuda al desarrollo.
La ayuda al desarrollo, lejos del objetivo
En lo que respecta a la ayuda internacional, sí ha habido una tendencia positiva en el volumen total de flujos financieros de la UE a los países en desarrollo durante las últimas dos décadas. La OCDE estima que el financiamiento total público y privado de la UE a los países en desarrollo ascendió a 104.100 millones de euros en 2018, lo que supone más del doble que en 2003, pero supone un paso atrás respecto al periodo entre 2014 y 2017. Estos años, hubo una fuerte caída de la financiación total de la UE a los países en desarrollo que se estima en más de 40.000 millones de euros, algo que el informe apunta que se debió a una disminución de los flujos privados de más del 50%.
Este retroceso supone que el objetivo fijado por la propia UE de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta (RNB) de cada país miembro a la ayuda al desarrollo está lejos de cumplirse, a pesar de que lleva en la agenda internacional de gobernanza más de medio siglo. En conjunto, la UE gastó en este objetivo el 0,41% de su RNB en 2019, después de alcanzar un pico del 0,49% en 2016, una disminución que se debe en gran medida a la menor cantidad de asistencia que los Estados miembros proporcionaron a los refugiados en Europa.
Es imprescindible recalcar que el tamaño de la ayuda al desarrollo suele estar vinculada a la situación económica de la UE, algo que se hizo especialmente visible cuando los flujos generales cayeron durante la recesión económica en 2008 y la crisis de la deuda que vino después. Actualmente, solo tres países de la UE (Suecia, Dinamarca y Luxemburgo) han alcanzado el objetivo del 0,7% en 2019, por lo que el informe de Eurostat avisa de que necesitarán esfuerzos adicionales para cumplir el objetivo colectivo de la UE para 2030. En España, apenas se llega al 0,2%.
Eso sí, la UE en su conjunto se mantiene como el principal donante de ayuda al desarrollo a nivel mundial, superando en volumen a otros países desarrollados como Japón, Canadá o Estados Unidos. También es uno de los mayores importadores de productos de países en desarrollo a nivel mundial: desde 2003, las importaciones de la UE procedentes de países como China, México o Marruecos casi se triplicaron, pasando de 315.000 millones de euros a 894.000 millones de euros. Sin embargo, los casi 50 países clasificados como menos desarrollados por la ONU representaron solo el 1,9% de todas las importaciones a la UE.
