La Fundación IKEA y la Fundación Rockefeller han acordado con Naciones Unidas el lanzamiento de un fondo de 1.000 millones de dólares para impulsar el acceso a la energía renovable en los países en desarrollo durante la celebración de los foros ministeriales mundiales
La semana pasada se celebraron una serie de foros ministeriales en el seno de Naciones Unidas que buscaban sentar las bases para el Diálogo de alto nivel de la ONU sobre energía que se celebrará el próximo 20 de septiembre. Durante las mismas, unos 50 países describieron sus planes para reducir las emisiones y garantizar que todas las personas tengan acceso a una electricidad limpia a medida que el mundo pasa de los combustibles fósiles a las renovables. Pero, sobre todo, la organización que dirige António Guterres llegó a un acuerdo con la Fundación IKEA y la Fundación Rockefeller para lanzar un fondo de 1.000 millones de dólares para impulsar el acceso a la energía renovable en los países en desarrollo, lo que supone el mayor compromiso filantrópico de la historia sobre este tema.
“Nos estamos quedando atrás en la carrera contrarreloj para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 para 2030, imprescindibles para lograr cero emisiones netas para mediados de siglo. Necesitamos que todos los países, ciudades, instituciones financieras y empresas aumenten la ambición», explicó el propio Guterres, que recordó que casi 760 millones de personas carecen de acceso a la electricidad y 2.600 millones continúan cocinando con combustibles tradicionales como la madera que no solo contribuyen a las emisiones de carbono, sino que también causan 4 millones de muertes cada año por el humo en interiores.
En total, durante los foros, se anunciaron más de 25 compromisos que bajo el sobrenombre de“Pactos energéticos” concentran alianzas público-privadas voluntarias que tienen como objetivo acelerar la obtención de energía limpia y asequible para todos para 2030. Aunque sin duda el de las fundaciones Ikea y Rockefeller es el fondo más grande en volumen, también tiene una gran importancia el acuerdo suscrito por Chile, Colombia, República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca el establecimiento de una meta regional de 70% de energía renovable en la matriz energética de América Latina e intentará sumar a otros países de la región.
La propia ONU afirma que, durante los foros ministeriales, «la ambición de los gobiernos se vio igualada por el fuerte compromiso del sector privado», ya que aparte del fondo de 1.000 millones para renovables, hubo pasos adelante como el del gigante tecnológico Google, que reafirmó su compromiso de obtener energía libre de carbono para todas sus operaciones en todos los lugares, en todo momento, para 2030. A ellos se sumaron empresas del sector del cemento difícil de descarbonizar, Ultratech y JK Cement, que se comprometieron a aumentar el uso de energías renovables y sistemas de recuperación de calor residual para una mayor eficiencia energética.
Además, el mayor proveedor de energía de la India, NTPC, se comprometió a alcanzar 60 GW de capacidad de energía renovable para 2032; GOGLA, una asociación global para la industria de la energía solar fuera de la red, se comprometió a brindar un mejor acceso a la electricidad para mil millones de personas para 2030; y la Asociación para la Electricidad Rural ha lanzado un proyecto de trabajo con el sector privado para brindar servicios de electricidad sostenibles a al menos 500 millones de personas vulnerables. Por último, varias redes regionales y de ciudades dijeron que pondrán compromisos sobre la mesa para el Diálogo de septiembre, con la región vasca de España y la ciudad de Ithaca, Nueva York, asegurando que lanzaran Pactos Energéticos con visión de futuro esta misma semana.
Sin fondos no hay transición energética
El lanzamiento de fondos de este tipo, ya sean públicos, privados o mixtos, es vital para lograr transformar el sistema energético, sobre todo en los países en vías de desarrollo que carecen de recursos financieros para realizar la transición a energías limpias y una forma de vida sostenible que pueda revertir el cambio climático. La ONU dice que la financiación climática es la respuesta «porque no invertir costará aún más a largo plazo, pero también porque existen importantes oportunidades para los inversores», por lo que las iniciativas que deben ser financiadas para alcanzar el cero neto tienen que incluir aquellas que reducen las emisiones de gases nocivos y mejoran o protegen las soluciones naturales que capturan esos gases, como los bosques y el océano.
La financiación también tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de las poblaciones más afectadas por el cambio climático y ayudarlas a adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes, medidas que a su vez ayudarán a reducir el calentamiento. Eso sí, «se necesitan importantes inversiones y la cooperación internacional es fundamental», por lo que el hecho de que, hace más de una década, los países desarrollados se comprometieran a movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares por año para 2020 en apoyo de la acción climática en los países en desarrollo puede parecer mucho, pero palidece en comparación con el gasto militar mundial en 2020, que se estimó en poco menos de 2.000 mil millones dólares.
En cualquier caso, según un informe de expertos preparado a petición del Secretario General de la ONU, no se está cumpliendo ese objetivo de 100.000 millones (los últimos datos disponibles para 2018 son 79.0000 millones), por lo que, a pesar de que la financiación climática está en una «trayectoria ascendente», todavía hay una gran brecha en las finanzas. Y es que que la adaptación es solo una parte del complicado rompecabezas de la acción climática. Una vez que se tengan en cuenta los esfuerzos de mitigación y descarbonización y los esfuerzos de resiliencia global, tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado, el costo anual superará en gran medida los 500.000 millones y posiblemente incluso más de un billón de dólares.
Eso sí, los beneficios de las inversiones serán mucho mayores: el cambio a una economía verde podría generar una ganancia económica directa de 26 billones de dólares hasta 2030 en comparación con la situación habitual. La ONU asegura que por eso busca combinar la “determinación del sector público con las capacidades empresariales del sector privado”, apoyando a los gobiernos para que las inversiones climáticas sean más fáciles y atractivas para las empresas del sector privado. En este sentido, la ONU informa que «los esfuerzos para involucrar al sector privado en el cumplimiento de los objetivos de París están ganando impulso» y que gran parte de la financiación climática se está canalizando a través de numerosos fondos y programas de la ONU, como el lanzado junto a las fundaciones Ikea y Rockefeller.
