El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se pueden disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida
El Día de la Tierra marcó un antes y después desde su primera celebración hace más de 50 años porque por primera vez se pudo en evidencia la enemistad entre el actual desarrollo humano y la supervivencia de la propia naturaleza. Por eso mismo, no fue extraño que durante el evento de este año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzase una petición: el derecho a un planeta sano.
Y es que no hay que olvidar que es guerra entre humanidad y naturaleza se está saldando con una transformación sin presentes del sistema climático que no solo nos está llevando a un mundo con climas extremos y fenómenos naturales más peligrosos, sino hacia uno con más de un millón de especies al borde de la extinción. A este ritmo, las proyecciones señalan que la Tierra sería inhabitable para los humanos en el 2500.
A raíz de esa petición, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó además una resolución que promueve un enfoque basado en los derechos humanos en el contexto de la conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica, particularmente en el contexto de las negociaciones en curso sobre el marco de diversidad biológica posteriores a 2020 y la iniciativa One Health.
También en el período de sesiones del pasado mes, 69 países remitieron una declaración conjunta al Consejo de Derechos Humanos en la que se comprometen a continuar con las negociaciones para la adopción de una resolución que proclame el derecho por parte de la ONU.
El siguiente paso se ha dado ahora con la aprobación de la petición con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones: Rusia, China, India y Japón, que se mantuvieron en esa posición para “no obstaculizar un asunto tan altamente simbólico”, tal y como expresaron. Otros, como Brasil, votaron a favor, no sin antes dejar clara su postura con relación a que el uso de los recursos naturales es una cuestión soberana de cada Estado.
Por su parte, el Reino Unido, que también votó a favor, recordó que las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no son vinculantes y que su posición en este caso no debe tomarse como un antecedente para decisiones que pueda tomar en el futuro.
En cualquier caso, para Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se trató de una decisión histórica que espera que sirva de trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza.
“El derecho a un medio ambiente limpio tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos”, exclamó la Alta Comisionada en la misma línea que Costa Rica, principal impulsor de la iniciativa, que sostuvo que hablar actualmente de crisis climática “equivale a hablar de crisis de derechos humanos y que solo reconociendo esta relación se podrá proteger al planeta”.
La Alta Comisionada también consideró que la decisión del Consejo de Derechos Humanos rinde homenaje a décadas de arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como de las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas, los ambientalistas, los activistas y todas las personas que han abogado por el pleno reconocimiento internacional de este derecho.
Para los defensores de los derechos ambientales, Bachelet pidió que los Estados los protejan y empoderen, recordando que el año pasado un número sin precedentes de ellos sufrieron ataques o fueron asesinados.
En este sentido, la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, señaló que la adopción de esta decisión comienza a cerrar un camino iniciado en la Declaración de Estocolmo de 1972, por lo que aprovechó para dar gracias al apoyo recibido por parte de más de 13.000 organizaciones de la sociedad civil y grupos de pueblos indígenas, más de 90.000 niños de todo el mundo, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y por las partes interesadas del sector privado.
La funcionaria sumó su voz a la de Bachelet para recalcar “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos que trabajan en asuntos ambientales”.
“Las agresiones físicas, las detenciones, los arrestos, las acciones judiciales y las campañas de desprestigio son la cotidianidad de estos grupos de ciudadanos, pueblos indígenas y otros. Sólo en 2020 fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente”, denunció Andersen.
Ahora el relevo lo tiene la Asamblea General de la ONU, quien debe examinar la cuestión y discutir el tema para considerar si adopta una resolución semejante.
Muchos se harán la pregunta de si realmente cambiará algo el reconocimiento del derecho universal a un medio ambiente sano. Y es que, como decíamos al principio, siete décadas después de la Declaración de Derechos Humanos gran parte de ellos no se cumplen en gran parte del mundo.
El director interino de la División de Derecho del PNUMA, Arnold Kreilhuber, no duda de que las resoluciones de la ONU pueden marcar la diferencia y pone como ejemplo el reconocimiento formal del derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano independiente por una resolución de la Asamblea General de la ONU (64/292) en julio de 2010.
“Este reconocimiento estimuló la inclusión del derecho al agua y el saneamiento en las Constituciones, leyes y políticas nacionales y tuvo efectos positivos en la gobernanza y los resultados mundiales del agua. Desde la adopción de la resolución, innumerables personas han obtenido acceso a agua potable y saneamiento, lo que ha generado un cambio transformador en sus vidas. De la misma manera, esperamos que la resolución de la ONU sobre el derecho a un medio ambiente saludable tenga un impacto importante y positivo en la vida de las personas sobre el terreno”, señala Arnold Kreilhuber.
“Somos conscientes de que los derechos no actúan como “varitas mágicas” que solucionan los problemas, pero sí son detonantes en el cambio de valores y de rumbo de los Gobiernos, las empresas y la sociedad, y actúan como garantes ante los tribunales justicia de los derechos de los más vulnerables”, afirma.
