La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) asegura que más de un millar de actividades económicas vinculadas a la educación ambiental están cerca de la quiebra por culpa de la crisis provocada por el coronavirus
La educación ambiental no es una actividad que se limite a escuelas e institutos, sino que busca dirigirse a toda la sociedad para provocar un cambio en la ciudadanía y que adopte prácticas individuales y colectivas responsables con el planeta. Ya sean granjas escuelas, centros de interpretación, aulas de naturaleza o aulas del mar, en España se cuentan por miles las pequeñas y medianas empresas que gestionan diferentes programas de educación ambiental en municipios, ciudades y espacios protegidos. Sin embargo, la pandemia de coronavirus, con sus limitaciones a la movilidad y la actividad, está suponiendo un duro golpe para todas ellas, con más de un millar situadas al borde de la quiebra.
Las entidades que se dedican a la educación ambiental llevan desde el pasado 10 de marzo de 2020 totalmente cerradas y están soportando gastos fijos inasumibles si no tienen una permanente entrada de visitas, según ha indicado en un comunicado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Y es que las instalaciones que utilizan este tipo de pymes suelen tener un alto coste de mantenimiento, al que hay que añadir además los gastos fijos asociados al mantenimiento de los animales y las huertas en el caso de las granjas escuela.
La UPTA afirma que el sector de la educación ambiental recibió más de 5 millones de visitantes en el año 2019, con una facturación superior a los 300 millones de euros. Además, estos autónomos, cooperativas y pequeñas empresas generan aproximadamente unos 20.000 puestos de trabajo directos, por lo que su difícil situación económica puede suponer un gran problema para miles de familias cuyo sustento depende directamente de la educación ambiental. Sin embargo, la situación actual ha provocado la resignación a pérdidas de casi el 100% de su facturación desde el inicio de la pandemia, lo que acerca a muchas empresas a la quiebra.
En este sentido, el presidente de la UPTA, Eduardo Abad, ha hecho un llamamiento al Gobierno presidido por Pedro Sánchez para que «socorra a través de ayudas directas» a las actividades del sector que más facturación han perdido con respecto al año 2019. “Las ayudas directas deben asignarse en base al criterio de perdida de facturación, los 11.000 millones de euros del plan de rescate del Gobierno deben destinarse, principalmente, a paliar los gastos fijos de cada uno de los negocios que se encuentran en una situación de pérdida total de facturación”, ha apuntado.La educación ambiental está orientada a mejorar las capacidades de análisis, la reflexión y la acción, ya que inculca valores que duran toda la vida. En los últimos años, la situación medioambiental, incluida el agua y su problemática, ha ido aumentando su presencia en la formación escolar a través de actividades monográficas incluidas en los programas, pero aún es necesaria una presencia más horizontal en el sistema educativo. Una tarea que podría ser especialmente complicada si la situación del sector no remonta.
La buena noticia para la educación ambiental es que, por el momento, el Gobierno ya ha dado señales de su apuesta por este sector. Actualmente, se encuentra en proceso de redacción el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en España 2020-2025 (PAEAS), que permitirá definir líneas estratégicas y acciones concretas para el desarrollo de esta materia en los próximos años. El objetivo es ir incluso más allá de la etapa escolar y perseguir un proceso de cambio cultural a través de la educación, comunicación, capacitación y participación ambiental que ayudará a impulsar la transición ecológica y energética en la siguiente década. Pero, primero, es imprescindible rescatar al sector de la situación cercana a la quiebra en la que le ha sumido la pandemia de coronavirus.
