Los silvicultores celebran formar parte de la Ley de Cambio Climático y los propietarios forestales esperan compensaciones por su contribución a la absorción de CO2



La Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España, COSE, que representa a los cuatro millones de propietarios forestales privados que hay en España, considera que la aprobación en el Congreso de los Diputados de la primera Ley de naturaleza climática es una muy buena noticia, no sólo para el sector, sino para toda la sociedad.
La entidad considera un verdadero progreso poner en marcha el artículo 65 de la Ley de Montes, que se refiere a los incentivos por las externalidades ambientales del sector forestal, estableciendo un mecanismo de compensación económica para aquellos que descontaminan con su actividad e incrementan los stocks de carbono.
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es un reconocimiento al papel que juegan los bosques como sumideros de carbono, a través de la gestión forestal sostenible que hacen sobre ellos los selvicultores y otros gestores del territorio.
También destacan como muy positivo el promover el uso de madera y otros productos forestales para la construcción, renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, como biomateriales del futuro por su baja huella de carbono para alcanzar la alta eficiencia energética y la descarbonización a 2050.
Desde COSE trasladan su satisfacción con la nueva Ley “porque -aseguran- invertir en gestión forestal sostenible es la mejor forma de mantener los bosques para que sigan cumpliendo sus funciones ecosistémicas y ambientales, como la fijación de CO2, contribuyendo además a frenar el despoblamiento de las zonas rurales y a generar riqueza territorial”. Cabe reseñar que la gestión forestal sostenible está declarada de Utilidad Pública por esa misma Ley.
COSE subraya la necesidad de crear alianzas con los responsables del 70% de la superficie forestal española (los propietarios forestales) si se quieren alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el año 2030, y llegar a la neutralidad climática que se ha marcado el gobierno, cumplir con el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea.