El nuevo mecanismo para gravar en las fronteras europeas el carbono de los productos importados de países más contaminantes podría afectar a las relaciones diplomáticas con Rusia o China e impactar la economía de los países en desarrollo
Polémica en torno a uno de los puntos clave del paquete legislativo Fit for 55 presentado esta semana por la Comisión Europea. El llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), es un innovador sistema que prevé gravar en las fronteras de la UE los productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro, una nueva tarificación que pretende evitar que las industrias comunitarias se deslocalicen a países con normas más suaves, lo que se conoce como “fugas de carbono”. Sin embargo, la agencia de comercio y desarrollo de la ONU, UNCTAD, ha advertido sobre el impacto negativo que podría tener la norma en los países en vías de desarrollo y la propia Comisión admite que el mecanismo afectará a las relaciones diplomáticas y comerciales con países con China, Rusia, Turquía y el Reino Unido.
“Las consideraciones climáticas y ambientales están a la vanguardia de las preocupaciones políticas, y el comercio no puede ser la excepción. El CBAM es una de estas opciones, pero su impacto en los países en desarrollo también debe ser considerado ”, ha explicado Isabelle Durant, Secretaria General interina de la UNCTAD. Y es que, de acuerdo con un informe elaborado por esta organización, las exportaciones de los países menos desarrollados a la UE se podrán reducir hasta en un 1,4% si el CBAM se implementa con un precio de 44 dólares por tonelada de emisiones de CO2 incorporadas, y en un 2,4% si se implementa con un precio de 88 de dólares por tonelada.
Además, la UNCTAD también explica que, en ambos escenarios, los países desarrollados, como grupo, no sufrirían caídas de las exportaciones, ya que muchos tienden a emplear métodos de producción que son menos intensivos en carbono en los sectores seleccionados que muchos países en desarrollo. “El CBAM generaría una brecha similar entre los países desarrollados y en desarrollo en términos de bienestar. En ambos casos, a los países desarrollados les iría mejor que a los en desarrollo ”, afirma el informe.
En cualquier caso, aunque el CBAM sería eficaz para reducir las fugas de carbono, su valor para mitigar el cambio climático es limitado, dice el informe, ya que el mecanismo reduciría solo el 0,1% de las emisiones globales de CO2. Y es que, si bien el mecanismo busca evitar la fuga de producción y emisiones de CO2 a los socios comerciales de la UE con objetivos de emisiones menos estrictos, hasta ahora no está claro cómo puede apoyar la descarbonización en los países en desarrollo. «Reducir estas emisiones de manera efectiva requerirá procesos de producción y transporte más eficientes”, asegura la UNCTAD.
Ante esta situación, esta agencia de la ONU insta a la UE a que considere la posibilidad de implementar políticas complementarias al CBAM que sean capaces de reducir, y eventualmente eliminar, las brechas entre los países desarrollados y en desarrollo. “La UE podría considerar utilizar parte de los ingresos generados por CBAM para acelerar la difusión y adopción de tecnologías de producción más limpia en los países en desarrollo”, ha asegurado Durant, que considera que una transferencia de este tipo «será beneficiosa en términos de ecologizar la economía y fomentar un sistema de comercio más inclusivo«.
Problemas con Rusia y China
A pesar de esta advertencia de la UNCTAD, fuentes de la Comisión Europea aseguran en declaraciones a EFE que los países menos desarrollados no se van a ver afectados por el impuesto al carbono, a excepción de Mozambique, «que produce mucho aluminio». Sin embargo, entienden que estos actores hagan una lectura negativa del mecanismo, ya que el CBAM se puede ver como una tasa en frontera que pagarán los países menos desarrollados e irá directa a las arcas comunitarias, lo que sería «el mundo al revés». Frente a esta interpretación, en Bruselas quieren subrayar que «Europa ha pagado más de 28.000 millones» de euros (más de 33.100 millones de dólares al cambio actual) a los países en vías de desarrollo para facilitarles su desprendimiento de los combustibles fósiles, a diferencia de Estados Unidos y China, «que prácticamente no han pagado nada».
Sin embargo, es precisamente en las relaciones con otras potencias donde la Comisión considera que puede haber más problemas. «¿Quiénes van a ser los más afectados? China, Rusia, Turquía y en cuarto lugar, el Reino Unido«, dijeron las fuentes citadas, que además subrayan que estos países son también aquellos «con los que tenemos más difíciles relaciones». Y es que hablamos de naciones con una industria muy dependiente del cemento, el acero y el aluminio, procesos que consumen gran energía de carbono. Además, en el caso de China o Rusia, su producción eléctrica es aún muy dependiente del gas y el carbón, lo que lastraría también sus exportaciones con destino a la UE.
Eso sí, las mismas fuentes indican que el nuevo impuesto al carbono en frontera «no afectará mucho» a Estados Unidos, dado que lo que nos exportan los americanos es de poco contenido de CO2″. Este posible apoyo internacional del segundo mayor emisor a nivel mundial después de China podría mitigar el impacto geopolítico que tendrá esta propuesta climática, que en cualquier caso es vista por la Comisión como «absolutamente necesaria». «No vemos cómo el Pacto Verde Europeo puede volar sin este impuesto en frontera», indican.
Además, aunque algunos analistas sugiren que el CBAM puede colisionar con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comisión se muestra absolutamente convencida de que el mecanismo es totalmente «compatible» con lo propuesto en este foro internacional, porque «no es discriminatorio y no es una barrera comercial, sino una herramienta ambiental», aunque reconocen que hay países que lo podrán ver como una medida proteccionista de la UE. En cualquier caso, la tasa al carbono en frontera, que forma parte de la mastodóntica revisión de normativa comunitaria que propone la Comisión, aun deberá ser negociada durante el próximo año con el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete, por lo que hasta el segundo trimestre de 2023 no sabremos con seguridad la forma definitiva que adopta un mecanismo que promete ser revolucionario.
