La Comisión Europea ha emitido un bono social inaugural de 17.000 millones de euros para ayudar a proteger los puestos de trabajo mediante financiación privada, un hito que ha tenido muy buena acogida en los mercados
La inversión privada puede ser clave para sostener la financiación europea de la recuperación post-pandemia. La Comisión Europea ha emitido este miércoles un bono social inaugural de 17.000 millones de euros para ayudar a proteger los puestos de trabajo. La emisión, que se inscribe en el marco del instrumento SURE de la UE, consistió en dos bonos, uno de 10.000 millones de euros que se reembolsarán en octubre de 2030 y 7.000 millones de euros para 2040. Este primer lanzamiento de bonos sociales ha despertado un gran interés de los inversores, ya que la demanda de suscripción ha superado en más de 13 veces a la oferta, lo que se ha traducido en una remuneración favorable para ambos bonos.
«Por primera vez en la historia, la Comisión está emitiendo bonos sociales en el mercado para recaudar fondos que ayudarán a mantener a las personas en su empleo. Este paso sin precedentes coincide con los tiempos extraordinarios en los que vivimos, pero no pensamos escatimar esfuerzos» ha asegurado durante la presentación de esta nueva estrategia la comisaria europea, Ursula von der Leyen. De hecho, según apunta el Ejecutivo europeo, ambos bonos se emitieron en condiciones atractivas, que corresponden al gran interés suscitado.
Estas condiciones representan un inicio favorable para el programa SURE. Es, además, una muy buena noticia para los países europeos necesitados de fondos, ya que las condiciones en las que la Comisión toma prestados los fondos se repercuten directamente sobre los Estados miembros beneficiarios de los préstamos.
Hasta ahora, diecisiete Estados miembros recibirán apoyo financiero en el marco del instrumento SURE para ayudar a proteger los puestos de trabajo. Más concretamente, estos préstamos ayudarán a los Estados miembros a cubrir los costes directamente relacionados con la financiación de los planes nacionales de trabajo a jornada reducida, como los ERTE, y otras medidas similares que hayan puesto en marcha como respuesta a la pandemia, en particular para los autónomos. SURE también podría financiar algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo, utilizadas para garantizar un retorno seguro a la actividad económica normal.
En cualquier caso, esta operación de financiación sin precedentes en la Unión Europea hubiera sido imposible sin la colaboración público-privada, ya que han sido diversos bancos los han coordinado esta operación junto a la Comisión, entre los que están Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura y UniCredit. Los fondos recaudados se transferirán a los Estados miembros beneficiarios en forma de préstamos para ayudarlos a cubrir los costes directamente relacionados con la financiación de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares adoptadas en respuesta a la pandemia.
España, 500 millones en bonos verdes
Siguiendo la estela europea, en España también se está apostando cada vez más por la emisión de bonos sociales o verdes para financiar en los mercados la reconstrucción económica. Y es que, también este miércoles, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado su segunda emisión de un bono verde. Los títulos de deuda tenían un vencimiento del 30 de abril de 2026 y un importe de 500 millones de euros, pero la fuerte expectación de los inversores ha disparado una demanda seis veces superior que ha superado los 3.000 millones de euros.
La operación, la segunda de este tipo que realiza el banco público tras la inaugural de abril de 2020, ha cerrado con un ‘spread’ de 7 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo y también ha sido posible gracias a la colaboración con diferentes instituciones financieras privadas, como BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC e ING, según fuentes del mercado citadas por ‘Bloomberg’.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado que el Gobierno va a trabajar para garantizar que el problema de liquidez de las empresas no se convierta en un tema de solvencia que pueda poner en peligro la continuidad de las empresas «viables». Por ello, ha dicho que el Ejecutivo trabaja junto a las entidades financieras y la Comisión Europea para ver cómo se adaptan los avales del ICO con el fin de seguir contribuyendo a la estabilidad de las empresas acogidas a estos instrumentos.
Según se establece en el programa marco de bonos verdes del ICO, estas emisiones sirven para financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y usos de la tierra y gestión sostenible del agua. El programa permite también la medición del impacto de los proyectos elegibles y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
