Bruselas lanza un fondo de 750.000 millones para la recuperación

Bruselas lanza un fondo de 750.000 millones para la recuperación

La Comisión Europea ha propuesto un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación económica de la Unión Europea, de los cuales 500.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y casi 75.000 millones irán destinados a España


Un paso histórico. Aunque a veces abusemos de este calificativo, es una descripción adecuada del plan que ha aprobado este miércoles la Comisión Europea. Por primera vez, Bruselas transferirá recursos a los países más afectados en forma de subsidios a fondo perdido, una operación que implica cruzar el Rubicón europeo de endeudarse colectivamente en los mercados financieros. En total, el plan de recuperación económica frente a la pandemia de coronavirus supondrá 750.000 millones de euros en ayudas a socios comunitarios, de los cuales 500.000 millones de euros corresponden a subsidios a fondo perdido y 250.000 millones, a préstamos.

“Las generaciones anteriores a nosotros han construido una Unión de paz y prosperidad, sin precedentes ni iguales en ninguna parte del mundo. Hoy enfrentamos nuestro propio momento decisivo: podemos construir un futuro verde, digital y resistente. Para Europa, las medidas más atrevidas siempre serán las más seguras“. Así ha arrancado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presentación de este plan de recuperación sin precedentes, que aunque se queda lejos de los dos billones de euros que había reclamado el Parlamento Europeo en una resolución aprobada este mismo mes, supone sin dudas un salto cualitativo en la solidaridad europea.

Eso sí, el documento presentado este miércoles por la Comisión deberá ser aprobado tanto por la Eurocámara, donde no se prevén grandes problemas a pesar de la exigencia parlamentaria en cuanto a financiación, como por los Estados, donde sí que se augura una agria batalla. Los países del norte, principalmente Dinamarca, Holanda y Austria, siguen viendo con malos ojos cualquier transferencia directa de fondos que no implique contrapartidas como reformas estructurales. Sin embargo, el empuje del eje París-Berlín, que la semana pasada presentó un plan muy similar al que ahora propone Bruselas, confía en vencer esas resistencias para aprobar un paquete que los países del sur reclaman cada vez con más ahínco.

El mecanismo en el que se basará la obtención de fondos, similar también al plan de Angela Merkel y Emmanuel Macron, será la emisión de deuda conjunta, que luego tendrá que ser reembolsada. Las opciones en este punto son dos: pagar ese reembolso con contribuciones por parte de los Estados miembros que sigan criterios de proporcionalidad económica, o bien con un aumento de los recursos propios de la Unión Europea. En este sentido, el plan de Bruselas pasaría por elevar el umbral de recursos propios hasta el 2% de la renta nacional bruta, actualmente en el 1,2%, para poder emitir deuda.

En cualquier caso, el plan parece una buena noticia para España, que obtendría más financiación en relación a su PIB y población que cualquier otro país de Europa. Según apuntan fuentes comunitarias a EFE, a España le corresponderían 140.446 millones de euros de este fondo de recuperación, 77.324 millones de los cuales serían en subvenciones y 63.122 millones de euros estarían disponibles en préstamos. Por delante en términos brutos aparece Italia, que recibiría hasta 172.745 millones, aunque el tercer país que más ayuda recibiría se queda muy lejos de los montantes asegurados a estas dos potencias del sur: a Polonia le corresponden 63.838 millones de euros.

Tres pilares

“El plan de recuperación convierte el inmenso desafío al que nos enfrentamos en una oportunidad, no solo al apoyar la recuperación sino también al invertir en nuestro futuro: el Pacto Verde Europeo y la digitalización impulsarán el empleo y el crecimiento, la resiliencia de nuestras sociedades y la salud de nuestro medio ambiente“, ha explicado Von der Leyen en la presentación del proyecto de la Comisión.

Con estas declaraciones, Bruselas deja claro que el dinero que se invierta a fondo perdido para relanzar la economía de los países más afectados por el coronavirus no puede significar volver al status quo antes de la crisis, sino una inversión “en nuestro futuro a largo plazo”. Aunque aún, más allá del reparto por países, no hay datos concretos sobre la asignación de fondos, sí hay una estrategia general basada en tres pilares: apoyar a los estados miembro, incentivar la inversión privada y aprender de las lecciones que deja esta pandemia.

El primer pilar es el que se lleva el grueso del montante comunitario, unos 655.000 millones de euros equivalentes al 87 % de la dotación total. Esta cantidad se reparte entre las transferencias directas y los créditos a los países más afectados y el refuerzo del fondo de cohesión y transición justa, que ya había sido lanzado por Bruselas antes de que comenzara la Gran Reclusión. En cualquier caso, para recibir el dinero, los gobiernos tendrán que presentar planes de recuperación que vayan en línea con las recomendaciones económicas que les hace la Comisión y las prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital.

El resto del Fondo de Recuperación, que equivale a unos 95.000 millones de euros, se repartirá entre el segundo pilar del mismo, destinado a movilizar la inversión privada y en sectores clave, y un tercer bloque para reforzar programas que la pandemia ha revelado vitales, como la nueva reserva de equipamiento sanitario europea. En lo que respecta al apoyo a la inversión privada, la Comisión prevé crear un Instrumento de Apoyo a la Solvencia que movilizará recursos privados para apoyar urgentemente a empresas europeas viables en los sectores, regiones y países más afectados.

Este fondo  tendrá un presupuesto de 31.000 millones de euros, aunque su objetivo será el de desbloquear hasta 300.000 millones en fomentar la solvencia de empresas de todos los sectores económicos y prepararlas para un futuro más limpio, digital y resistente. “Podemos y debemos aprender las lecciones de esta crisis, pero esto solo se puede lograr involucrando a nuestros ciudadanos, comunidades y ciudades”, ha asegurado Von der Leyen. Para lograrlo, la Comisión deberá endeudarse a la hora de conseguir 750.000 millones de euros, que empezará a devolver después de 2027 y, como muy tarde, hasta 2058.

Una ayuda en espera

En cualquier caso, el plan de la Comisión deberá superar las reticencias de muchos países, que ya se han pronunciado en contra de cualquier tipo de transferencia directa desde los fondos propios de la Comisión a los estados más afectados por el coronavirus. Emitir deuda en el mercado con el respaldo del presupuesto comunitario, aprovechando que su calificación triple A asegura bajos tipos de interés, ha sido un tabú para países como Holanda o Austria, aunque la Comisión, que tiene asegurado el apoyo de las grandes economías de la UE, confía en poder vencer la resistencia.

Pero más allá de las vicisitudes de la aprobación del plan, el problema radica también en el horizonte temporal. Los mecanismos burócraticos de la Comisión y los plazos necesarios para presentar y modificar el presupuesto comunitario, podrían retrasar la llegada de las ayudas a los países afectados hasta enero de 2021. Una demora que no contenta ni a España ni a Italia, que con el apoyo del Parlamento Europeo, confían en acelerar todos los procesos. La Comisión ya ha aceptado comenzar a trabajar con una solución “puente”, que permitiría que algunos elementos del fondo estén ya en marcha a partir de septiembre.

Eso sí, para que el plan de recuperación pueda estar en marcha en 2021 y se puedan adelantar algunas partidas a septiembre de 2020, la Comisión Europea cree que tendría que haber un acuerdo entre países a más tardar en julio, para que diera tiempo a proceder a la ratificación nacional antes de que finalice el verano.

En cualquier caso, el reembolso del principal y los intereses de esta deuda no empezarían hasta 2028. Y para costearlo, la Comisión propone introducir nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto, como un tasa al carbono en frontera, una ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones, una tasa digital o a la operación de grandes empresas en la UE.



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