La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) pide al Ministerio para la Transición Ecológica que el Estado les avale para no quedarse al descubierto por el impago de clientes
Desde que el pasado 14 de marzo entrase en vigor el decreto del Estado de Alarma para frenar la propagación del coronavirus en España, el Gobierno prohibió el corte de suministros de primera necesidad como agua, luz o gas por impago a clientes en situación económica vulnerable en primera vivienda.
Sin embargo, la regulación que se aprobó para aplicar durante el estado de alarma no exime a los comercializadores de energía del pago de los peajes de transporte y distribución, haya o no impago por parte de los clientes vulnerables o de vivienda habitual, según la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que se queja de que la normativa aprobada por el COVID-19 no reparte el impacto económico de manera equitativa entre actividades reguladas y no reguladas.
Por ello, envió en marzo un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica transmitiéndole que las medidas dispuestas por el Gobierno incentivan a millones de clientes a acudir al mercado regulado para la prestación de su suministro eléctrico y pidiendo que el Estado les avale para no quedarse al descubierto por el impago de clientes.Esta asociación, que agrupa a empresas que suministran el 15% de la electricidad y el 18% del gas natural de toda España, explica que las empresas comercializadoras de energía que no son distribuidoras pueden quedarse al descubierto ante el cese de actividad o concurso de acreedores de miles de autónomos, pymes y empresas.
Por eso, dada la extensión del estado de alarma, que puede prolongarse, y un desconfinamiento con fases, que puede dificultar a los clientes reactivar su actividad, las comercializadoras integradas en ACIE consideran que el Estado debería avalar los «prestamos energéticos» a los que están obligadas las comercializadoras libres, que tienen que suspender los pagos a clientes afectados por el estado de alarma.
En este sentido, ACIE explica que si finalmente el «préstamo» no se pagara, habría un aval del Estado para las comercializadoras de luz y gas, igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO.
A juicio de la asociación, esa medida contribuiría parcialmente a paliar el esfuerzo económico que el COVID-19 está causando a la actividad de comercialización de energía y explica que ese aval debería estructurarse sobre un horizonte de 12 a 24 meses, en previsión de que los efectos reales de los impagos puedan ser más notorios en los próximos meses.
El Gobierno amplió por el estado de alarma y su impacto en las economías los supuestos para acogerse al bono social, el descuento en la factura de la luz que sólo pueden solicitar clientes con tarifa regulada, que es suministrada sólo por las comercializadoras de referencia -Energía XXI (comercializadora de referencia de Endesa); Curenergia (Iberdrola), Gas & Power Comercializadora Regulada (Naturgy), Baser (EDP) y Regsiti (Repsol)-.
ACIE denuncia que, sin embargo, la ley no prevé un mecanismo de vuelta de los consumidores a los comercializadores libres, situación especialmente perjudicial si son comercializadores independientes.
En una reunión posterior con el Ministerio a la carta que enviaron, la asociación argumentó que las distribuidoras tienen garantizada su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que los comercializadores pueden quedar en total descubierto ante el cese de actividad o concurso de acreedores de miles de autónomos, pymes y empresas.
Alpiq Energía, Enérgya Villar Mir, Axpo Iberia, Engie España, Factor Energía, Nexus Energía, Acciona Green Energy, Enara Gestión y Mediación, Fenie Energía, Aldro Energía, Cepsa Gas y Electricidad, Total Gas y Electricidad, Xenera Compañía Eléctrica y Repsol Electricidad y Gas son las comercializadoras que integran ACIE.
