Un buen acuerdo para el país, quizá no tanto para el Gobierno

Despues de cuatro intensos días de negociación en los que que la Unión Europea se ha jugado su razón de ser, a las cinco de la mañana e este martes hubo fumata blanca y por fin se dio luz verde al Gran Pacto de Reconstrucción Europeo que repartirá 750.000 millones de euros para equilibrar las economías del club en los próximos seis años.

Como ya anticipamos no ha sido la cuantía total, ni siquiera el reparto por países sino la condicionalidadd y el uso de las partidas y su forma contable, préstamo a devolver o subvención a fondo perdido, los escollos de la negociación

España puede estar satisfecha porque recibirá 140.000 millones de euros, la cantidad esperada, eso sí sólo 72.000 millones serán en forma de ayuda directa, el resto vendrá como préstamo a devolver. Y tanto unas cantidades como otras serán condicionales y controladas tanto ex-ante como a posteriori por la Comisión Europea que será quien ejerza de Troika para supervisar el cumplimiento de objetivos y rendimientos esperados.

Esta fórmula condicionada supone un traspiés para los planes del ejecutivo español que se las prometía muy felices aspirando a recibir esos 140.000 millones de euros en uno o dos pagos inmediatos vía trasferencia o ayudas directas. La condicionalidad y finalidad preestablecida de las trasferencias hará que España tenga que financiar a pulmón el deficit de 2019 y 2020, y pone en riesgo el escudo social con el que se ha querido salvar la dramática situación en la que se encuentran las arcas nacionales con un dinero que depende de terceros.

Lo cierto es que tanto estos 72.000 millones de euros que llegarán vía trasferencias junto con los cerca de 30.000 millones que correspondían a España del MEDE, el fondo especial para la pandemia, apenas se cubrirán las necesidades de gasto sanitario y, con suerte, el dinero que requiere el pago de los ERTES.

Y los mayores problemas vendrán cuando en setiembre u octubre con las cifras reales de déficit de primer trimestre, entorno al 8%, el pulmón español para recurrir a deuda propia requiera de intubación por la dificultad de lograr sus aspiraciones crediticias.

Acuerdo difícil e histórico

Más allá de la pelea entre frugales o austeros, cumplidores en cualquier caso de los preceptos de Mastrich en cuanto a déficit público, y países del sur, manirotos que dirían otros, respaldados por el eje Franco-Alemán, lo que ha evidenciado este acuerdo es que ese eje que antes todo lo podía está más que debilitado y que los acuerdo a 27 cada vez cuestan más.

Polonia y Hungría también pueden estar satisfechos porque en este Gran Pacto de Reconstrucción no se les exigirá el cumplimiento de los preceptos de estado de derecho democráticos.

En resumen va a haber más control, no habrá veto holandés pero si un freno de emergencia que podría paralizar los fondos tres meses a la espera de decisión de la Comisión Europea que es la que autoriza los tramos y supervisa el control de las ayudas.

Condiciones para el endeudamiento

Dado que «Next Generation EU» constituye una respuesta excepcional a las circunstancias temporales pero extremas derivadas de la pandemia del covid, la facultad conferida a la Comisión para contraer empréstitos está claramente limitada en cuanto a su magnitud, duración y alcance.

En lo que respecta a «Next Generation EU», la Decisión sobre Recursos Propios facultará a la Comisión para contraer empréstitos en los mercados de capitales en nombre de la Unión por un importe máximo de 750.000 millones de euros a precios de 2018. El endeudamiento neto nuevo cesará, a más tardar, al término de 2026. La Unión utilizará los empréstitos contraídos en los mercados de capitales con el único fin de hacer frente a las consecuencias de la crisis de la COVID-19.

Los empréstitos contraídos podrán utilizarse para conceder préstamos por un importe máximo de 360.000 millones de euros a precios de 2018 y  ayudas directas para sufragar gastos por un importe máximo de 390 000 millones de euros a precios de 2018.