En pleno siglo XXI, treinta años después de la entrada en vigor de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, y pasados cinco años desde que Naciones Unidas declarase el Derecho al Saneamiento como un derecho universal separado del acceso al agua potable, en la Unión Europea hay aún más de 10 millones de personas que tienen dificultades para acceder a un saneamiento adecuado.
Esta alarmante cifra ha llevado a una coalición formada por 62 organizaciones, que representan toda la cadena de valor del suministro de agua y el saneamiento, a firmar una Declaración conjunta en la que se hace un llamamiento a las instituciones de la UE para que consagren el derecho humano al agua y al saneamiento en la legislación comunitaria, y garanticen un mejor acceso en aquellos países que todavía carecen de servicios de saneamiento seguros.
En la Declaración, el sector del agua urbana insta a que la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, que será próximamente revisada, introduzca también un artículo que promueva el acceso al saneamiento, tal y como ya hace la nueva Directiva sobre el Agua −Potable– para Consumo Humano, que exige a los Estados miembros que identifiquen a las poblaciones que carecen de acceso al agua potable y encuentren soluciones para remediarlo.
«Cuarenta entidades españolas han mostrado su firme y permanente compromiso por garantizar el acceso universal al agua potable y a servicios de saneamientos dignos y seguros en cada municipio»
Esta iniciativa, que arrancó el pasado mes de octubre y que se hizo extensiva hasta el pasado 19 de noviembre, fecha en la que se celebraba el Día Mundial del Retrete, ha contado con la adhesión de más de 40 entidades de nuestro país. Entidades que han mostrado su firme y permanente compromiso por garantizar el acceso universal al agua potable y a servicios de saneamientos dignos y seguros en cada municipio.
Y es que, dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, además de garantizar el servicio, desde hace años los operadores del ciclo urbano del agua (ya sean empresas públicas, privadas o mixtas), cuentan con mecanismos de acción social que garantizan que, en España, no se producen cortes de agua a familias vulnerables. O lo que es lo mismo, que en cuestiones vitales como el agua, en España, no se deja a nadie atrás.
Las consecuencias de la crisis económica que se inició en 2008, y las secuelas socioeconómicas de la crisis provocada por la COVID-19, han provocado un empeoramiento en las condiciones de vida de muchos ciudadanos, habiendo aumentado el número de personas en situación de necesidad y en riesgo de exclusión social.
Por ello, el Gobierno estableció un Escudo Social para “no dejar a nadie atrás” que no hacía sino redundar en los mecanismos y herramientas municipales que ya se habían desarrollado junto con los operadores del sector, y que se recogieron en la Guía para la aplicación de mecanismos de acción social en el sector del agua urbana, desarrollada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).
Pero mucho antes de que la pandemia requiriese la implementación de las medidas del Escudo Social, la legislación española ya garantizaba que no se podía cortar el agua a colectivos vulnerables, y los propios operadores del ciclo urbano del agua ya habían implementado mecanismos de acción social consistentes en bonificaciones aplicadas en la tarifa del agua para colectivos vulnerables, que llegan incluso a reducir a 0 euros el importe a abonar por el servicio de abastecimiento y saneamiento. Son los conocidos como tarifas sociales y/o Fondos de Solidaridad.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, considera que el coste de agua y saneamiento no debería superar el 5% de los ingresos del hogar. En España, el valor del precio de los servicios de abastecimiento y saneamiento está en 1,81 €/m3 para el uso doméstico, incluyéndose aquí el valor del abastecimiento y del saneamiento, 1,04 y 0,77 €/m3, respectivamente, lo que supone el 0,9% de los ingresos medios de una familia, muy por debajo de lo recomendado por Naciones Unidas.
Según datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), actualmente el 5% de los usuarios se beneficia de estos mecanismos de acción social.
Y es que la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto el papel esencial que los servicios de agua y saneamiento cumplen para la salud pública, y por eso, tal y como se venía haciendo desde muchos años atrás, ahora también con esta Declaración, los operadores españoles del ciclo urbano del agua han querido reflejar su inequívoco apoyo, compromiso y acción para seguir garantizando y haciendo realidad un derecho humano más necesario que nunca: el agua y el saneamiento.
