La Comisión Europea, consciente de que España es uno de los países que más sufrirá el impacto del cambio climático en sus recursos hídricos, sí ha visto en sus fondos Next Generation una oportunidad para que avancemos en resiliencia, adaptación, mitigación del riesgo y una gestión más sostenible que asegure a largo plazo la disponibilidad de agua, esencial para la vida, la salud y cualquier actividad económica que se quiera desarrollar en el país.
Por ello hace pocas semanas el Ejecutivo comunitario recomendó al Gobierno que priorizase acciones relacionadas con la mejora de la gestión del agua, la prevención de potenciales inundaciones y el tratamiento de aguas residuales, así como la reutilización y la economía circular.
Una recomendación que el sector del agua, agrupado en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), supo ver y plasmar en una propuesta que contempla más de 500 proyectos con un presupuesto que supera los 12.400 millones de euros, y que ven en los fondos europeos una oportunidad para comenzar la reconstrucción generando, además, un incremento estimado del PIB de más de 1.800 millones de euros y la creación masiva de empleo.
Y con la expectativa de convertirse en el combustible que alimente el motor de la recuperación española post-Covid llegó el sector del agua la pasada semana al Foro de Alto Nivel sobre Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, celebrado para facilitar la participación y colaboración público-privada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
Sin embargo, el hecho de que los recursos hídricos no contasen con un Foro de Alto Nivel específico ya encendió todas las alarmas, que subieron de nivel al constatar la ausencia del agua urbana en la agenda de la reconstrucción, más allá de las leves referencias realizadas al saneamiento.
Fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quién esbozó las líneas maestras del capítulo dedicado a Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, que tiene tres componentes fundamentales: conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad; preservación del espacio litoral y los recursos hídricos; y movilidad sostenible, segura y conectada.
¿Perderemos el tren de la adaptación al cambio climático?
El Plan España Puede se centrará en la necesidad de poner en marcha reformas estructurales y desarrollar un marco normativo y estratégico que emita las señales adecuadas para estimular la inversión, como ya se ha hecho con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas. Pero la escasez del agua urbana en dicho plan supone perder el tren para afrontar la adaptación de la gestión del agua al nuevo escenario climático.
La letra de la reconstrucción es árida y preocupa mucho que no se haya tenido en cuenta la aportación del sector privado nacional, un sector pionero y líder mundial en la gestión del agua urbana, que en un contexto de necesidad, ha puesto a disposición del Gobierno un proyecto por valor de 14.000 millones de euros, “listo para empezar mañana”, y capaz de generar empleo.
Una iniciativa sectorial basada en las alianzas entre administraciones, y entre administración y empresas, en la colaboración público-público, y público-privada.
De la música nada se sabe. Hasta el momento se desconoce la manera en la que el Ejecutivo pretende canalizar esos 140.000 millones de euros, pero la urgencia por iniciar la reconstrucción en uno de los países más lastrados por la pandemia, y porque las personas no se hundan (aun más) en una crisis económica, el sector empresarial español ha decido tomar la iniciativa para empujar, público y privado juntos hacia la salida.
Tanto es así que el pasado domingo la CEOE remitió al Gobierno una propuesta de Proyecto de Real Decreto-Ley de agilización de la distribución de los fondos europeos Next Generation EU, con el objetivo de acelerar los procedimientos para canalizar estos recursos hasta el sector privado y de flexibilizar los instrumentos de colaboración público-privada.
Ejecutar 140.000 millones de euros en seis años constituye un importantísimo reto de gestión, que de no ser capaces de gestionar adecuadamente, podría frustrar la reconstrucción, con la consiguiente destrucción de empresas y empleos.
Más allá de cambios normativos en las convocatorias y adjudicaciones de estos fondos, el país necesita que se agilice la colaboración público-privada, flexibilizando las formas de colaboración interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios, con el objetivo de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y ágil de los fondos europeos.
Unos fondos que, aunque la titular del ramo no explicó en el Foro de Alto Nivel, ni siquiera se recogen en los presupuestos, centrados en el Plan DSEAR de saneamiento en el Plan España Puede, y que sin embargo podrían servir para cubrir los 6.400 millones de euros destinados a 3.400 medidas que la propia ministra anunció para la partida destinada a planificación hidráulica para España en los próximos años.
Para la vicepresidenta Ribera, en este marco de inversión para la recuperación de la economía post-Covid, el sector del agua será fundamental, a lo que se añade que la gestión de este recurso será probablemente distinta ante el avance del cambio climático, un fenómeno que exige incorporar la incertidumbre y la resiliencia en el manejo de los recursos hídricos.
Pero parece que algo no fluye. No se acompasa la música con la letra, o las letras propuestas y el cantante, pues el sector del agua “tiene la garganta seca” porque en el Plan para reconstruir España no encuentra agua.
