España está a apenas 15 días de que comience la acción contra el cambio climático. El interruptor para que se ponga en marcha la maquinaria que hará de España un país moderno, adaptado al nuevo escenario climático, descarbonizado y con un modelo económico sostenible y circular, tiene forma de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Una norma que este mismo mes de abril terminará en el Senado su tramitación parlamentaria, y aunque mejorable y no al gusto de todos los sectores ni de todas las regiones, sienta las bases para lograr una estrategia nacional adaptada al futuro, sostenible y que haga la vida mejor a las generaciones presentes y futuras.

Un avance necesario que da respuesta a la demanda que todos los partidos del Congreso hicieron hace ya una década.

Una ley ambiciosa en sus objetivos, que va más allá de acuerdos internacionales como el de París o los planteados por la Unión Europea en el Pacto Verde, al fijar como objetivo intermedio una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero del 23% para 2030.

Un paraguas para abordar la trasformación de la movilidad y las energías, para acabar con los combustibles fósiles, y una apuesta al todo o nada por las renovables.

Todo ello para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad.

Una señal clara de que la nueva economía está en camino, de que el proceso de descarbonización es irreversible y de que, en 2050, sí o sí, el país tendrá que haber erradicado las emisiones de gases efecto invernadero.

Si bien la ley es incisiva en las medidas referentes a movilidad, construcción y política energética, con una visión transversal aplicable a todos los sectores económicos, empresariales, financieros, a las administraciones y al propio ciudadano de a pie, apenas esboza otros elementos que necesariamente necesitan acción frente al cambio climático, como son nuestros bosques o los recursos hídricos.

Llama la atención cómo una Ley para afrontar el cambio climático en el país que sufrirá el mayor impacto en sus recursos hídricos, con proyecciones de escasez y sequías prolongadas por el déficit de precipitaciones que nos espera; con riesgos en alza por inundaciones debido a fenómenos de lluvias torrenciales, subida el nivel del mar y de las temperaturas que provocarán una mayor evapotranspiración de nuestras masas de agua y en pleno tránsito hacia un clima árido, no los contemple como prioritarios y demore las actuaciones a una futura Estrategia del agua para la transición ecológica, aún por definir.

Llamativo, además, cuando uno de los recursos energéticos renovables contemplados al inicio es precisamente la energía hidráulica, o el hidrógeno verde como combustible del futuro.

Más aún, cuando la propia exposición de motivos de la Ley señala como “ineludible gestionar de manera responsable nuestro patrimonio común, el agua, los suelos, la biodiversidad, todos recursos escasos y frágiles”, no solo los energéticos de origen fósil.

Insiste el mismo texto legal en que numerosos estudios, incluidos los propios del IPCC, coinciden en señalar a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático. “España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático que inciden directa o indirectamente sobre un amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar, como el agua, el suelo fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas”.

Un primer paso necesario, insistimos, pero al que deben seguir, y con urgencia, otros más. Porque las oportunidades que ofrece la reconstrucción verde no son posibles sin avances hacia una economía azul en la que el agua es el combustible de todas esas políticas tractoras que nos llevarán a esa nueva economía sostenible, resiliente y en paz con el planeta.

Prestar atención y actuar en materia de agua es pura transición ecológica, pura economía circular. En definitiva, pura reconstrucción verde.

Porque así como todos los expertos apuntan a que el agua, cada vez más escasa, será el gasóleo del siglo XXI, hoy en España puede convertirse en el combustible que impulse el motor de las políticas tractoras con las que el Gobierno quiere remolcar a la economía nacional para sacarla del hoyo en que la ha sumido la pandemia de la covid-19; y elevarla a una dimensión donde el reto del cambio climático, la digitalización, la cohesión y la inclusión, y el fin de la brecha de género, garanticen un futuro mejor a las generaciones venideras.

Y es que, aunque echemos en falta el agua, no hay que desmerecer esta Ley de Cambio Climático, porque como todo proceso de mejora, supone progreso. El camino se hace andando, y tras muchos años de retraso, por fin se han dado los primeros pasos.