Este 30 de abril España presenta in extremis ante la Administración comunitaria el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que, tras nada menos que nueve presentaciones nacionales, aprobó el Consejo de Ministros de esta semana.

Un “proyecto de país” que pretende hacer una reconstrucción rápida de la economía española, tan necesitada de esa resiliencia que apellida al ansiado Plan.

Y es que, como define la Real Academia Española, resiliencia es la «capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos». Entendiendo por ser vivo la sociedad y la economía españolas, bien es cierto que hace falta adaptarse a la nueva realidad que nos deja la pandemia, y afrontar otros desafíos que tenemos por delante, como el impacto del cambio climático.

Y de esa adaptación sale el segundo apellido del Plan: Transformación de la economía española hacia un nuevo modelo más sostenible, circular, digital y renovable. En definitiva, una transición ecológica que, en esta ocasión, se ha centrado en la energía como base de lanzamiento del resto de las transiciones, incluyendo la hidráulica que está por venir.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia consta de 110 proyectos de inversión y 102 propuestas de reforma con el objetivo de canalizar los fondos de reconstrucción asignados a España por Bruselas para hacer frente al impacto económico de la pandemia y reforzar los cuatro ejes de transformación priorizados: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género.

Así, el Plan de Recuperación articula el desembolso de los 70.000 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido por parte de NexGenerationEU para ejecutar hasta 2023, de forma que el 39% de esas inversiones se vincularán a la transición ecológica; el 29% se destinarán a la digitalización; un 10,5%, al capital humano, la formación profesional y la educación; y un 7% irá para I+D+i en ciencia, investigación y productividad. Y deja los créditos reembolsables para culminar, si fuese necesario, a partir del tercer año.

El Plan de Recuperación ha definido cuatro ejes prioritarios: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género.

Aunque Bruselas tiene dos meses para revisar los planes presentados, es posible que el dinero empiece a fluir en el mes de septiembre, al menos eso están forzando países como Alemania, Italia, Francia y España, que han urgido a la Comisión para que los fondos lleguen lo antes posible.

Mientras, el Gobierno ha optado por no esperar y ha previsto comenzar la reconstrucción este mismo año con 23.000 millones de euros ya contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Estamos ante lo que parece un plan de acción rápido que quiere hacer de España un referente en la protección y conservación de la riqueza de sus bienes naturales como activo de sostenibilidad para los territorios y elemento fundamental para hacer frente a los desafíos climáticos.

Un país que apuesta por la descarbonización, que invierte en infraestructuras verdes, y que transita desde las energías fósiles hacia un sistema energético limpio, favoreciendo nuevos desarrollos, asequibles y seguros, que garanticen la sostenibilidad de nuestro modelo productivo, impulsando la adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

Ambiciosa aspiración no atiende a uno de los recursos que mayor impacto sufrirá por el cambio climático, y que más afectará al desarrollo de cualquier otra actividad natural, social o económica que se pretenda acometer: el agua.

No hay que olvidar que los fondos Next Generation son una oportunidad para que avancemos en resiliencia, adaptación, mitigación del riesgo, y una gestión más sostenible que asegure a largo plazo la disponibilidad de agua, esencial para la vida, la salud y cualquier actividad económica que se quiera desarrollar en el país.

Por ello hace pocos meses el Ejecutivo comunitario recomendó al Gobierno que priorizase acciones relacionadas con la mejora de la gestión del agua, la prevención de potenciales inundaciones y el tratamiento de aguas residuales, así como la reutilización y la economía circular.

La Comisión Europea ya recomendó a España priorizar acciones relacionadas con la mejora de la gestión del agua, la prevención de inundaciones y el tratamiento de aguas residuales

Sin embargo, y a pesar de que el Plan finalmente esbozado ha incorporado un cierto “caudal ecológico”, el agua, en general, y el agua urbana, en particular, son grandes ausentes en la reconstrucción.

La dotación de 2.091 millones de euros para el agua representa poco más del 1% del total de los presupuestos de reconstrucción y apenas un 10% de lo destinado al Ministerio para la Transición Ecológica, un porcentaje bajo teniendo en cuenta la importancia ambiental y social de este recurso esencial.

Y cuando nos referimos a ese “caudal” es porque entre las grandes reformas que anuncia el Gobierno está la de la “Ley de Aguas y  Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR)”.

Un Plan que se prepara desde 2018 y que, en teoría, ha de guiar el reto del saneamiento en el próximo ciclo hidrológico, porque hoy el saneamiento sigue siendo una asignatura pendiente para el país, con un déficit en depuración del 16% en tratamiento secundario, y si observamos lo que ocurre con el tratamiento terciario en zonas sensibles, el déficit de depuración se eleva hasta casi un 60%.

También se conoce el destino de la inversión de otros 800 millones que irán a la protección de ríos y la prevención de inundaciones, y 250 millones servirán para digitalizar la administración del agua.

Sin embargo, estas cifras suponen, como ya hemos dicho, solo el 1% del total de los presupuestos de reconstrucción, y un 10% de lo destinado al MITECO, lo que significa que la reconstrucción en seco se consolida pese a la necesidad de realizar inversiones en infraestructuras para conseguir el equilibrio hídrico en España, un país cuyas reservas de agua sufrirán especialmente las consecuencias del cambio climático.

No es el agua lo único que escasea en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia español, un proyecto país que nace absolutamente centralizado por el Gobierno, donde Comunidades Autónomas y, desde luego, entes locales, han tenido poca voz y ningún voto. Como tampoco lo ha tenido el tejido empresarial español.

Y ello a pesar de que el Plan reconoce que la colaboración público-privada constituye un cuarto principio director indispensable para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores, y movilizar empresas y agentes sociales resulta esencial para llegar al conjunto del tejido productivo.

El sector del agua, agrupado en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), supo ver y plasmar esta colaboración y compromiso con España y sus ciudadanos en una propuesta que contemplaba más de 500 proyectos con un presupuesto que superaba los 12.400 millones de euros, viendo en los fondos europeos una oportunidad para comenzar la reconstrucción generando, además, un incremento estimado del PIB de más de 1.800 millones de euros y previendo una creación masiva de empleo.

No pudo ser. Así  que sí, habemus Plan, pero un Plan con escaso consenso y sin la implicación reclamada por los territorios y los agentes privados con capacidad inversora y ejecutora.  Un Plan sin agua con el que entonces será difícil hacer gala de sus dos apellidos: Transformación y Resiliencia.