Esta semana da comienzo el nuevo curso.

Para los escolares será un curso marcado de nuevo por la pandemia. Sin burbujas, aunque con mascarillas y distancias, e incorporando como asignatura la educación ambiental con el objetivo de concienciar a las nuevas generaciones de la importancia de aprender a convivir con el planeta.

También el curso político da inicio a una etapa de reconstrucción post-pandémica, una reconstrucción que ya va con retraso para lograr aprovechar todo el caudal de fondos europeos procedentes del Next Generation y tratar de cambiar el modelo productivo nacional por otro más circular, digital, sostenible, justo y resiliente.

Un modelo que convierta España en ese país verde que lidere la lucha contra el cambio climático y el avance de la Agenda 2030, y para el que el Tesoro ya ha recibido los 9.000 millones de euros correspondientes a la prefinanciación del Plan de Recuperación (en torno al 13% del total de las transferencias que nuestro país va a recibir hasta el año 2026 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del programa Next Generation EU).

Un curso marcado también por la alta tensión, y no sólo porque el impacto de la subida de la luz marcará la transición energética con la que arranca la recuperación verde y justa; sino por las grietas que se vislumbran en la coalición de Gobierno, donde Unidas Podemos tensa hacia postulados basados en la estatalización de servicios esenciales como la luz; algo que, según han señalado desde el propio Ejecutivo, vulnera los principios y reglas de funcionamiento en los que se basa el libre mercado que rige en la Unión Europea.

Una estatalización que, además, tampoco garantiza ni un mejor servicio ni un abaratamiento del mismo, tal y como se ha podido comprobar en los precios del megavatio hora que ofrecen las eléctricas públicas que Ada Colau oferta en Barcelona y Jose María González “Kichi” en Cádiz, que no solo no se sitúan entre las más baratas en el comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, sino que también han trasladado los récords del conjunto del sistema con revisiones al alza de sus tarifas.

Una peligrosa ideología que en ocasiones se ha aventurado a lanzar esa facción del Gobierno en lo que respecta al agua urbana, otro servicio esencial que, sin embargo, no ha experimentado variabilidad en los precios al alza, y que más bien al contrario, sigue siendo uno de los pilares más fuertes del escudo social con el que el propio sector, fundamentalmente mixto y privado, protege a los colectivos más vulnerables.

Ningún PERTE para los recursos hídricos ni el agua urbana

Pero sin duda, lo que va a marcar el arranque de este curso político es la puesta en marcha, vía PERTEs, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la inyección de fondos que llegarán desde Bruselas para dar a España la oportunidad única de afrontar esa transición ecológica y justa que tenemos por delante.

Hasta el momento lo único realmente claro es que la gestión de los fondos, más allá de ejecución local o autonómica, va a estar absolutamente centralizada; y que ni el agua urbana ni los recursos hídricos contarán con un PERTE específico.

Ya se conoce el PERTE para la movilidad que hará que cambie el parque móvil nacional por vehículos eléctricos y las claves de la Transición Energética; pero están pendientes aún los PERTES para la sanidad, la industria agroalimentaria, la aeronáutica o el turismo.

Tampoco desde el punto de vista legislativo se esperan grandes cambios para los recursos hídricos, pues según el Plan Normativo Nacional, para este 2021 no se espera ni la trasposición de la Directiva UE de reutilización de las aguas residuales, ni la de calidad del agua para consumo humano, ni la pendiente revisión de la Ley de Aguas.

Lo que sí avanzará será el desarrollo del Plan DSEAR, que sí cuenta con dotación Next Generation para aprobar la asignatura de la depuración y el saneamiento, los Planes Hidrológicos de tercer ciclo, los Planes de Inundación, y a tenor de la escasa pluviometría que arroja el presente año hidrológico, que culmina el 30 de septiembre, quizá un posible Decreto de sequía.

Para estos desarrollos será fundamental contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que incorporen fondos para alcanzar los objetivos marcados en los mencionados planes y otras metas más ambientales que incluye el Plan Nacional de Recuperación.

Asuntos de gran calado, nunca mejor dicho, si pretendemos una España más resiliente al cambio climático y a esos fenómenos meteorológicos adversos cada vez más intensos y frecuentes que amenazan con inundaciones y sequías a gran parte de territorio nacional.

Una resiliencia, la del ciclo urbano del agua, que garantiza un derecho humano fundamental como es el acceso al agua y al saneamiento, pero que requiere actualizar las inversiones infraestructurales para lograr el cumplimiento de las Directivas europeas en materia de calidad de las masas de agua y en la sostenibilidad del propio sistema mediante el principio de recuperación de costes.

Un reto alcanzable este curso con voluntad política y predisposición a la colaboración público-privada; habida cuenta de que en este ámbito las empresas españolas se encuentran a la cabeza en mejores prácticas, tecnología e innovación que trascienden el servicio del agua urbana, aportando circularidad a la economía, herramientas de salud que habrán de consolidarse en los próximos meses, como el control de las aguas residuales en la red de alerta temprana epidemiológica, y eficiencia y calidad del servicio, que contribuyen a la resiliencia urbana.

Sin duda, el clima también será un gran protagonista este curso. Lo hemos visto en estos primeros días de aterrizaje con el paso de la primera DANA de la temporada que ha evidenciado que aún queda mucho camino por recorrer para mejorar la resiliencia de las poblaciones, y ha evidenciado la necesidad de invertir en nuevas soluciones verdes y grises que ayuden a gestionar la fuerza del agua.

Ejemplos como el Plan Vega Renhace que pretende implementar el Gobierno de la Comunidad Valenciana puedan extenderse a otras autonomías que encuentren en la financiación europea la oportunidad para salvar, no solo al Mar Menor, sino a todos los municipios levantinos tan afectados por la fuerza del agua, tanto por exceso como por defecto, para hacerse resilientes apostando por la digitalización, los tanques de tormentas, los tanques anticontaminación, los parques inundables, las biofactorías, la reutilización, y la calidad del agua y la vida de sus ciudadanos.

En el plano productivo uno de los primeros exámenes será lograr conciliar la actividad primaria, agricultura y ganadería con el Pacto Verde Europeo y lo veremos en la protección del lobo o la contaminación difusa por nitratos hasta alcanzar el objetivo vertido cero; pero sobre todo en el acuerdo que permita definir los ecoesquemas sobre los que se basará la estrategia nacional de aplicación de la Nueva Política Agrícola Común.

En el plano internacional serán los escasos avances en el ODS6 los que definirán el curso hidrológico, un objetivo que ya alcanzamos en España pero que nos deja cifras estremecedoras: una de cada cuatro personas en el mundo carecen de acceso seguro a agua potable, y más de 4.000 millones no tienen acceso a saneamiento.

Estos miles de millones de personas deberían ser, este curso y los venideros -hasta que se solucionase esta dramática situación-, la prioridad de organismos internaciones y de expertos (in)dependientes como el Relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, que sin embargo parece haber centrado sus esfuerzos en cuestiones y posicionamientos políticos de índole personal.

Rumbo a la COP26

Y antes de que acabe el año los líderes mundiales también se enfrentarán a la primera reválida en la lucha contra el cambio climático: la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas COP26 que se celebrará en Glasgow, Escocia, el próximo mes de noviembre, tendrá que sentar las bases que diseñen el mercado global de emisiones para poner freno al incesante incremento de las temperaturas y mantener vivo ese objetivo de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados en comparación con niveles preindustriales.

Un curso complejo, crucial en todos los ámbitos, y que nos acercará o alejara de una convivencia armónica con el planeta en los años venideros.