Gobernanza, dícese del arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.  Así la define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Hay quién dice que es una suma de gobierno y confianza.

Pero si lo trasladamos al mundo del agua, la gobernanza tiene que ver con la identificación de los objetivos y prioridades de la política hidrológica; la generación y actualización del conocimiento necesario para su desarrollo e implementación; la movilización de los recursos (humanos, financieros, institucionales) necesarios para alcanzar los objetivos fijados; el desarrollo del marco regulatorio y normativo que determina el modo en el que se desarrollan las políticas; el establecimiento de los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación continuada de las políticas; y el desarrollo de los instrumentos de resolución de conflictos que inevitablemente surgen entre actores con intereses y comprensiones de la realidad diferentes y, con frecuencia, contrapuestos.

En el nuevo contexto de cambio climático, en el que el mayor impacto para España será el creciente estrés hídrico y unos patrones climáticos caracterizados por sequías y lluvias torrenciales, el principal reto de la gobernanza del agua consistirá en asegurar el agua para las personas, para las actividades económicas que dependen de ella, y para los ecosistemas que regulan el ciclo hidrológico y nos aportan múltiples servicios, muchos de ellos esenciales.

El propio libro verde para la Gobernanza del Agua aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, que en pocos días cumplirá un año, destaca que necesitamos un modelo de gestión integral de los recursos hídricos que garantice un desarrollo económico, socialmente justo y ambientalmente sostenible.

Esta herramienta nació en 2020, al inicio de la pandemia, con el objetivo de avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de gobernanza del agua que permita hacer frente a los retos presentes y futuros que tiene por delante la gestión del agua.

Unos retos nada desdeñables, pues abarcan desde el deterioro de la calidad de las fuentes de abastecimiento (los ecosistemas acuáticos y las aguas subterráneas), los retos asociados a los procesos de cambio climático en curso, las restricciones económicas y presupuestarias que han limitado la efectividad del sector público en la última década, o los cambios en prioridades, preferencias y demandas sociales.

Quizá hayan sido las limitaciones y restricciones que han acompañado a la pandemia, pero más allá del consenso absoluto entre todos los eslabones que conforman la cadena que integra el ciclo integral del agua para que ningún ciudadano, especialmente los más vulnerables, se quedara sin suministro de agua durante la crisis sanitaria, la gobernanza hidrológica sigue en el mismo punto que hace un año.

Incluso, es posible que haya retrocedido ese buen gobierno del agua si atendemos al peso que el líquido elemento tendrá en el Plan de reconstrucción que bien parece será en seco, pues no ha habido manera de encontrar hueco para las inversiones hidrológicas entre los 140.000 millones del Fondo Europeo de reconstrucción que llegarán a España.

No es fácil avanzar cuando hablamos de un recurso natural, de dominio público que compete a más de 8.000 instituciones locales, los ayuntamientos; que a su vez se rigen por directivas europeas, como la de calidad de las aguas para consumo humano, la directiva marco del agua; trasposiciones nacionales en forma de decretos como el más reciente, el de contaminación por nitratos de origen agrario, y otras regulaciones de carácter autonómico que hacen que este sector, el del agua urbana -no hablemos ya del ciclo integral-, un sector hiperregulado.

Un recurso, el agua potable, que es el alimento imprescindible, el que más consumimos y el que más garantías de calidad y salubridad ofrece, que ya se encarga el Ministerio de Sanidad de que así sea.

Un recurso que nos alimenta favoreciendo la producción alimentaria a través de los regadíos y su uso industrial en la cadena de alimentación; competencia de Agricultura.

Y un recurso del que depende nuestro paisaje y nuestra biodiversidad, competencia de Transición Ecológica.

Un recurso esencial que bien podría haber sido prioritario en este gran reto compartido de reconstruir la economía nacional tras la debacle pandémica y que, sin embargo, no ha encontrado hueco entre las grandes políticas tractoras que pretenden reactivar España.

En definitiva, hablamos de la gobernanza de un recurso donde se hace necesario un buen cierre para tantos eslabones, entre los que no podemos olvidar a las empresas gestoras, sean públicas, privadas o mixtas, que en definitiva son las que ejecutan sobre el terrero y garantizan un servicio público esencial, el acceso al agua potable.

Esta dispersión normativa va acompañada de una importante dispersión tarifaria, incluso dispersión en la eficiencia y sostenibilidad del propio servicio; una dispersión que merma los avances en la buena gobernanza, que quizá requiera de un organismo regulador único que homogeneice y contribuya a avanzar en ese afán por lograr una gestión integral de los recursos hídricos, y que garantice un desarrollo económico, socialmente justo y ambientalmente sostenible.

Un organismo que dé al agua y a los responsables de garantizar su acceso, la importancia socioeconómica que tiene, y es que está de más recordar que el agua es el origen de todas las cosas y la clave de todas las actividades humanas. Ese elemento sin el que no es posible un desarrollo económico, social e institucional duradero, y que es imprescindible para promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

Y volviendo a nuestro principio, un organismo que concilie Gobierno y confianza entre todos los actores del ciclo integral del agua, en definitiva: la Gobernanza.