Los que a menudo enarbolan la bandera de la remunicipalización, y que ‘intencionadamente’ olvidan que no es posible remunicipalizar lo que nunca ha dejado de ser competencia municipal, aunque la gestión no sea directa, señalan sin pudor los desorbitados beneficios económicos que ofrece la gestión del agua urbana, repitiendo hasta la extenuación que se lucran con un derecho humano universal que es de todos y que, por tanto, debiera ser cuasi gratuito, salvo allá donde gobiernan y gestionan ellos.

Y efectivamente, el agua es de todos. Así lo considera de hecho el ordenamiento jurídico español, “un bien de dominio público”, y un derecho humano que en España está más que garantizado. Pero constituirse como derecho humano no implica la gratuidad, sino la asequibilidad. Un parámetro definido por Naciones Unidas que en el caso concreto del agua potable implica que su precio no suponga más del 3% de la renta familiar.

Un porcentaje, este de la asequibilidad, que garantiza el derecho humano al agua, que en España, con un precio medio para uso doméstico de 1,90 €/m3, apenas supone el 0,90% del presupuesto familiar.

Lo cierto es que el agua, tal y como la encontramos en la naturaleza, no ofrece garantías sanitarias: hay que potabilizarla. De hecho, en Europa, el agua es el alimento sometido a más controles sanitarios y con mayores garantías de salubridad.

Además, el agua no llega sola a los grifos de los hogares. Se conduce por una red de abastecimiento y sistemas de bombeo que requieren de sus correspondientes mantenimientos para que no pierda calidad y la distribución sea eficiente, sin fugas insostenibles en el camino.

Aún a más, por ley, y porque de eso depende nuestra salud y la del planeta, antes de devolverla al medio natural hay que depurarla y regenerarla para no contaminar las masas de agua ni el entorno.

Todas estas operaciones, que forman parte del ciclo integral del agua, tienen un coste. Un coste que debería ser cubierto por las tarifas que los usuarios pagamos. Unos costes que, sin embargo, con las tarifas que abonamos en España, una de las más baratas de Europa, quedan muy lejos de quedar cubiertos. Ni los operativos ni mucho menos los de mantenimiento y renovación de infraestructuras. Y este desequilibrio tarifario ya ha sido denunciado por la Comisión Europea al constituir un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

Un coste que debería ir reflejado en el precio o tarifa que pagamos los ciudadanos, sea cual sea el modelo de gestión, público-directo, mediante empresas mixtas o privadas, y que en cualquier caso debe amparar y proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad, como por otro lado así ocurre en nuestro país.

Un coste del que son muy conscientes -incluso presumen de ello- los partidos políticos que gobiernan en los municipios en los que el servicio se gestiona de forma directa. Muchos de ellos argumentan de hecho esa consciencia para justificar la subida de las tarifas del agua, pero ésta desaparece de manera absolutamente incomprensible en aquellos territorios donde ostentan el gobierno pero no gestionan el servicio.

En esos municipios es habitual que decidan “inflar el recibo” con tasas ajenas al ciclo urbano del agua, señalando a la empresa gestora como responsable de subir la factura aunque realmente la tarifa del agua -cuya aprobación, por cierto, también es competencia municipal- se mantenga congelada. Obvian, en esos municipios en los que ellos no tienen la gestión, todo tipo de justificaciones que apenas unos kilómetros alrededor utilizan sus colegas de partido.

Así, en Vilanova i la Geltrú, ayuntamiento gobernado por el tripartito de ERC, Junts y la CUP, el coste del recibo del agua desde que estos tres partidos llegaron al gobierno municipal ha aumentado un 18% en los domicilios y un 14% para las actividades económicas, según han denunciado desde el PSC, pero es que hace apenas una semana aprobaron, valiéndose de la mayoría absoluta conformada por el tripartito y pese a la oposición del resto de partidos, una subida de hasta un 10% más para el recibo de 2022

En Reus, utilizando argumentos similares -pero que solo sirve en los municipios “elegidos”-, el tripartito formado por Junts per Reus, ERC y Ara Reus también ha aprobado un incremento del 2% de los impuestos municipales, incluyendo en la subida el recibo del agua (aquí por cierto los ‘cupaires’, quien sabe si por eso de no estar en el gobierno, se mostraron contrarios a la actualización).

En Manresa, ERC y Junts per Manresa, también han acordado una subida del 7% del recibo del agua en los dos próximos años para garantizar, señalan, “el equilibrio financiero del servicio” y poder seguir gestionando las piscinas municipales -sí, han decidido subir el agua para, entre otras, mantener las piscinas-. Y el Consorci d’Aigües de Tarragona ha utilizado el argumento del incremento de los costes energéticos para subir un 2,87% la tarifa del agua.

Pero aún más sangrante es el ejemplo de Barcelona, que ha decidido encarecer el recibo del agua para 2022, que no la tarifa por el agua urbana, con un incremento que puede llegar hasta el 5,1%, a través de la Tasa de Tratamiento de Residuos Municipales (TMTR) (otra de esas partidas que nada tienen que ver con el agua, pero que el Área Metropolitana de Barcelona decidió incluir en la factura del agua, y que hacen que hasta un 78,2% de lo que los ciudadanos pagan por el agua vaya a parar directamente a las administraciones).

Son solo algunos ejemplos de lo que hemos visto estas últimas semanas, en las que los gobiernos locales se afanan en pulir sus presupuestos para 2022 en medio de una ola inflacionista en la que los precios de la energía y otras materias primas han encarecido considerablemente el coste de los servicios que ofrecen.

Con el combustible y la energía por las nubes, a nadie le extraña que se amparen en el contexto inflacionista para subir la gestión de los residuos, la tasa de basuras, o el transporte. Sin embargo, cuesta entender que no quieran oír ni hablar de la subida de otro servicio público como el agua potable, cuyos costes han subido entre un 14% y un 20% en España…

Eso sí, ni oír ni hablar de subidas allí donde ese sobrecoste lo asume otro. Si la gestión del agua es directa, entonces todo está justificado…