A pesar de solo llevar algo más de un semestre en su cargo, el Relator Especial para el Derecho Humano al Agua potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo, parece empeñado en tirar por la borda la credibilidad e independencia de su puesto. Mientras pasa de puntillas por los importantes problemas hídricos que asolan numerosos países en desarrollo, relacionados con la falta de infraestructuras e inversión, este profesor y ex-diputado de Podemos ha estado durante meses volcando casi toda su energía en un tema completamente distinto que se deriva de la que es su obsesión profesional e ideológica: los modelos de gestión del agua y, más concretamente, las supuestas fallas de los operadores privados.

Por mucho que en un primer momento asegurase que quería escuchar a todo el mundo, la agenda de su mandato demuestra contactos casi exclusivos y excluyentes con asociaciones y organizaciones que comparten su visión del mundo anti-empresa. Un sesgo que también se demuestra por el giro que ha dado a su proyecto como Relator, que ha pasado de buscar identificar y solucionar los problemas de agua de colectivos vulnerables como las mujeres o los pueblos indígenas a simplemente agitar el fantasma de una supuesta “mercantilización” del agua.

Arrojo no ha dudado en pasear sus obsesiones ideológicas por foros y eventos de asociaciones municipalistas, donde sin aportar prácticamente datos ni ejemplos concretos, pontifica sobre los supuestos problemas que plantea, según él, la gestión privada o mixta del agua. Por supuesto, rodeado siempre de fieles que le “bailan el agua” y no discuten o relativizan sus propuestas, por mucho que estas se basen mucho más en prejuicios que en realidades tangibles.

Sin embargo, cuando le toca enfrentarse al mundo real, al Relator se le ven las costuras. Hace algo más de una semana, el periódico El Mundo publicaba una entrevista con Arrojo en la que repasaba sus principales críticas al mundo privado, incluyendo por supuesto su intención de realizar el primer informe de su mandato sobre los famosos riesgos de “mercantilización”. Y, desde el primer momento, se pierde en elucubraciones que no justifican que alguien designado por Naciones Unidas centre sus energías en un debate marginal y fuertemente ideologizado.

A Arrojo no le interesa decir que el agua en España es un bien público y que por tanto es directamente imposible que el caso de California se repita aquí

La principal preocupación de Arrojo parece ser que el agua entre a gestionarse “en un mundo que se rige, no ya por la lógica del mercado en sí, sino por la lógica de la especulación”, algo que podría suceder según él si el planeta imita a California y decide que ciertos derechos de uso del agua coticen en los mercados de futuros. Pero en cuanto se le pregunta si esto podría tener alguna consecuencia en España, donde parecen focalizarse los esfuerzos de Arrojo según lo que se desprende de su agenda, el Relator elude la pregunta y habla de “deriva muy peligrosa” y “dinámica mercantilista”.

Porque claro, a Arrojo no le interesa decir que el agua en España es un bien público, cuya titularidad corresponde a los ayuntamientos, y que por tanto es directamente imposible que el caso de California se repita aquí. Quizás, porque asumir públicamente esta realidad equivaldría a reconocer que sus contactos y reuniones de los últimos meses con asociaciones anti-empresa españolas, e incluso toda la agenda de su mandato, no tiene tanto que ver con lo que pide Naciones Unidas, sino con su pasado en Podemos y sus obsesiones personales.

Sin embargo, hay otro punto de la entrevista que resulta especialmente esclarecedor a la hora de despojar a Arrojo de casi cualquier credibilidad a la hora de hablar de la gestión del agua. Tras afirmar sin ambages que en el agua “la lógica de interés general sólo se puede asegurar desde un modelo de gestión pública, pero transparente y participativa”, desliza que “con unas regulaciones muy intensas y exhaustivas se pueda encomendar la gestión de una cosa de interés general a una empresa privada”.

Es más, el Relator cree que “teóricamente”, si hay “una regulación intensa, mucha transparencia y no se perturba lo esencial del control, puede haber una gestión combinada o privada”. Una extraña forma de definir con una construcción teórica lo que es la realidad de la gestión del agua en España, donde la regulación sobre el agua es controlada por las administraciones públicas, que fijan a los operadores, ya sean públicos, privados o mixtos, las tarifas y condiciones de toda la concesión. Designar el modelo actual de gestión mixta de España como “teóricamente” correcto es una manera realmente peculiar de reconocer que aquí tenemos un modelo de gestión que no solo se ha mostrado exitoso, sino que se ha exportado a otros muchos países por su evidente prestigio a nivel internacional.

¿Por qué acusa el Relator a los operadores de querer hacer “un negocio boyante con unas tarifas que llegan a ser problemáticas” si esas mismas tarifas se fijan desde la administración? ¿Por qué insiste en una “tarificación diferenciada” de los servicios de agua como si no fuera algo que ya se aplica en todo el país, ya que no se paga lo mismo por abrir el grifo que por regar un campo?

Descartada como motivo la ignorancia, algo de lo que no se puede acusar a todo un profesor emérito de Análisis Económico con una larga trayectoria en el mundo del agua, solo quedan como opciones la mala fe o una profunda ceguera ideológica. Porque Arrojo es sin duda consciente, como ha dicho en varias ocasiones y reiteraba en la entrevista, que el futuro del agua pasa por retos globales como “conseguir recuperar la salud de los ecosistemas acuáticos” o acabar con la desigualdad mundial de acceso al agua.

Es absolutamente necesario salir de las trincheras ideológicas y asumir que los operadores de agua no son un enemigo a batir sino un aliado imprescindible

Por desgracia, estos problemas reales y acuciantes parecen no importarle tanto como su cruzada contra todo lo que tenga algo que ver con la gestión privada. Es igual que en España la prestación del servicio del ciclo de agua esté garantizada en términos de calidad, seguridad y continuidad, o que se preste especial atención a los colectivos más vulnerables, que están protegidos contra cortes desde mucho antes de que la crisis de la COVID-19 estallase gracias a la iniciativa de los operadores. Arrojo insiste e insiste en ignorar la realidad, como cuando pide hacer “las reformas legales correspondientes para que quede prohibido cortarle el agua a una familia vulnerable”.

En cualquier caso, con su obsesión anti-empresa, Arrojo no sólo ignora el compromiso social del sector del agua y confunde, no sabemos si adrede, modelos antagónicos como la cotización del agua en mercados de futuro de Estados Unidos y la titularidad pública con gestión mixta que ha situado a España a la vanguardia hídrica. También contradice directamente el mandato de su propia organización, Naciones Unidas, para quién la colaboración y las alianzas entre actores son sin duda el motor principal de las relaciones internacionales, además de condición indispensable para cumplir la Agenda 2030.

Resultan especialmente esclarecedoras entrevistas como la de El Mundo en las que, fuera de su cámara de eco, Arrojo descubre que no basta con difusas quimeras populistas para convencernos de la imparcialidad y credibilidad de su mandato, que debería centrarse en los más de 2.000 millones de personas que en la actualidad no tienen acceso seguro a agua potable. Pero, para ello, es absolutamente necesario salir de las trincheras ideológicas y asumir que los operadores de agua no son un enemigo a batir sino un aliado imprescindible en la consecución efectiva del derecho humano al agua.