Bruselas ya conoce el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia para sacar al país de la peor crisis económica de su historia moderna. Un plan que contará con 140.000 millones de euros, 70.000 en ayudas directas y otro tanto en préstamos, que servirán para financiar la transformación del modelo productivo nacional en línea con los planes de descarbonización, la sostenibilidad, la circularidad y la adaptación al cambio climático.

Uno de los planes más verdes de los que se han presentado ya ante la Comisión Europea, y que destinará a transición ecológica un 37% de los fondos previstos.

Eso sí, muy poco azul este Plan de Reconstrucción, que siquiera destinará un 3% de los 70.000 millones de euros inicialmente previstos para los próximos 3 años, con una inversión prevista para políticas relacionadas con los recursos hídricos de 2.091 millones de euros. Un porcentaje aún más irrisorio si tenemos en cuenta que a esos 70.000 millones hay que sumar los Fondos FEDER habilitados para estas políticas hidráulicas.

Y esto a pesar de que en el mes de octubre el Ejecutivo comunitario instó al Gobierno a priorizar acciones relacionadas con la mejora de la gestión del agua, la prevención de potenciales inundaciones y el tratamiento de aguas residuales, así como la reutilización y la economía circular.

El déficit en inversión en infraestructuras de agua hasta 2021 se cuantifica en más de 12.000 millones de euros

En la definición del plan, el Gobierno afirma que pretende abordar el “déficit de inversión” en la planificación, control y gestión del dominio público hidráulico que se ha acumulado “en la última década”, y que las inversiones realizadas por la Administración General del Estado (AGE) no han permitido materializar en relación a las medidas programadas con la planificación hidrológica.

Un déficit de inversión que se cuantifica en 12.010 millones en infraestructuras de agua hasta 2021, según un análisis sobre la necesidad de inversiones estratégicas presentado por SEOPAN y muy lejos de los apenas 2.000 millones contemplados para la reconstrucción.

De esos 12.010 millones, 3.500 millones corresponden a actuaciones de depuración y saneamiento, 2.900 millones a infraestructuras de regadío, 2.000 millones a conducciones, 925 millones a presas y 905 millones a ingeniería fluvial.

Sin embargo, para los tres primeros años de reconstrucción (2021-2023), el agua solo va a contar con esos 2.091 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; una cantidad que podría incrementarse hasta los 7.000 millones con la vista puesta en 2027, según ha destacado en distintos foros la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pero que, de momento, no hemos encontrado en el Plan llevado a la Comisión Europea.

El Plan propone acometer hasta doce reformas legales que confía en que puedan estar implantadas en el cuarto trimestre de 2022

Aún así, escasos de inversión, pero confiemos en que al menos con ganas, el Gobierno afirma que su objetivo es potenciar la política del agua en tres líneas estratégicas: la planificación hidrológica para organizar todas las actividades; las reformas necesarias para una nueva política del agua; y las inversiones para desplegar estas políticas con las que alcanzar los objetivos de la Directiva Marco al final de 2027.

Así, el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación propone acometer hasta doce reformas legales que confía en que puedan estar implantadas en el cuarto trimestre de 2022.

Una de las que más han llamado la atención es el lanzamiento de “una nueva Ley de Aguas”, en palabras del propio presidente Sánchez, aunque quizá sea más la publicación, este mismo año, de la modificación del Texto refundido de la Ley de Aguas, que según ha señalado la vicepresidenta Ribera, abordará también la gobernanza de los recursos hídricos.

Otras reformas que prevé el Plan para los recursos hídricos se refieren a asuntos pendientes de aprobar, ya en fase de elaboración o lanzamiento, como los nuevos Planes de Cuenca de tercer ciclo, esenciales para la planificación hidrológica; la modificación del Reglamento del dominio público hidráulico, y otras normas derivadas durante el segundo semestre de 2021.

Y todo ello también pendientes de la transposición a la legislación nacional de las recientes directivas de calidad de las aguas para consumo humano, que exige reformar también el Real Decreto de Evaluación del Estado de las Aguas. O la Directiva de reutilización, que se plasmará en un nuevo Real Decreto de Reutilización de las aguas residuales que mejore el marco normativo y financiero en esta materia. Así como un nuevo Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Es posible que el expertise y la vocación innovadora de los operadores del agua urbana abran una oportunidad al sector para contribuir en la reconstrucción nacional

Otras reformas que incorpora el Plan han salido del cajón con un nuevo impulso, como la reciente aprobación de las nuevas normas técnicas de seguridad de presas y embalses y el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) aprobado en el primer trimestre de 2021.

Como ven, mucha reforma y poco fondo, fondo presupuestario queremos decir, para la nueva política del agua que esgrime el Gobierno, en la que el agua urbana no va más allá del cumplimiento de las normas de saneamiento y depuración en pequeños municipios, y quizá algo de digitalización.

Es posible que el expertise y la vocación innovadora de los operadores del agua urbana al servicio de las poblaciones que abastecen, a los que proporcionan resiliencia y alerta temprana en la prevención de catástrofes naturales, como las recientes y cada vez más frecuentes DANAS, abran una oportunidad al sector para contribuir en la reconstrucción nacional.

Pero pocos PERTES, “apenas 5 ó 6 como mucho para todo el Plan” afirmaba Ribera en el desglose, y desde luego, «no es un fondo para grandes empresas», aunque las empresas energéticas más grandes hayan presentado en las manifestaciones de interés proyectos muy numerosos y por un importe muy elevado. Se olvida de que el agua urbana elevó más de 500 proyectos para lo suyo.

Según Ribera, a lo que aspira el Gobierno es a que todos estos fondos, no olvidemos que tenemos 140.000 millones a disposición del país, “permitan beneficiarse a todos en su vida cotidiana, en cuestiones como la movilidad, la vivienda, las comunidades energéticas locales o el saneamiento de aguas”. Otra vez solo saneamiento.

Lo cierto es que la reconstrucción tiene mucha energía, pero en lo que al agua se refiere, poca intención, poco fondo y mucha reforma, de la que tampoco fluye además mucha información.